La Defensoría del Pueblo exhortó al Estado boliviano a realizar una evaluación rigurosa del Plan Multisectorial de Desarrollo para el Vivir Bien de la Niña, Niño y Adolescente (2021-2025), a fin de identificar avances concretos, vacíos estructurales y necesidades de ajuste.
Fuente: ANF
El llamado forma parte del Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos 2024, que advierte sobre desafíos persistentes en materia de protección y garantías integrales para esta población.
El informe destaca la aprobación, en septiembre de 2024, de una política pública integral para prevenir el abandono infantil y fortalecer la reunificación familiar. Esta política contempla mecanismos para mejorar la protección estatal, fortalecer sistemas de acogimiento familiar y promover alternativas a la institucionalización prolongada, tal como había recomendado la Defensoría del Pueblo y el Comité de los Derechos del Niño.
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Pese a estos avances normativos, la Defensoría observa retrasos significativos en la implementación del Sistema Plurinacional de Protección Integral. Si bien el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional puso en marcha el Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes (SINNA), solo tres de sus módulos se encuentran en funcionamiento. La institución defensora pidió acelerar la implementación total de esta herramienta que permite monitorear la situación de la niñez y adolescencia en Bolivia.
Otro de los puntos críticos identificados es la situación en los centros de acogida. En 2024, el Ministerio de Justicia inspeccionó 121 centros en siete departamentos, donde se detectaron obstáculos legales que impiden agilizar procesos de adopción. La Defensoría pide superar las falencias estructurales de estos centros, implementar protocolos de visitas y establecer procedimientos sumarios que garanticen la restitución del derecho a vivir en familia.
En el ámbito penal, las cifras de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes continúan alarmando. En 2024 se registraron 38 casos de infanticidio —un aumento del 52% respecto a 2023— y 2.696 denuncias por violación a menores. Si bien hubo una leve disminución en las denuncias respecto al año anterior, se incrementaron los casos de estupro. La Defensoría recuerda que el Tribunal Constitucional aún debe pronunciarse sobre la acción de inconstitucionalidad al tipo penal de estupro, cuya existencia permite que agresores sexuales eludan la justicia.
El trabajo infantil continúa siendo otra preocupación. Aunque los datos oficiales muestran una reducción del 81% en el número de estudiantes trabajadores entre 2019 y 2023, el Ministerio de Trabajo todavía no concluye una política integral sobre trabajo forzoso, peligroso y explotación infantil. La Defensoría insiste en que el Estado debe actuar con urgencia para erradicar las peores formas de trabajo infantil, en especial en zonas mineras y turísticas.
Sobre el sistema de justicia penal juvenil, el informe revela que en 2024 hubo 1.400 denuncias contra adolescentes, casi la mitad vinculadas a violencia de género. Un informe del Observatorio de Derechos de la Juventud y la Familia (ODJF) identificó fallas graves en la defensa legal, el incumplimiento de plazos procesales y la falta de notificación de sentencias, lo que impide una correcta ejecución de medidas socioeducativas.
El documento exhorta al Estado a implementar una base de datos nacional sobre adolescentes con responsabilidad penal y fortalecer las capacidades de jueces, fiscales y defensores públicos en estándares internacionales sobre justicia penal juvenil. También recomienda inspecciones periódicas a los Centros de Reintegración Social y revisiones semestrales de las medidas impuestas.
La Defensoría advierte que la articulación entre Estado y sociedad civil es todavía insuficiente para prevenir la violencia estructural que afecta a esta población. En ese marco, demanda una política pública integral que incluya prevención del embarazo forzado en adolescentes, combate al abuso sexual y programas de reparación para víctimas.
Asimismo, reitera el cumplimiento de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente en lo referido a la derogación del tipo penal de estupro, que según la Defensoría perpetúa la impunidad en casos de violencia sexual contra niñas.
Finalmente, la institución insta al Gobierno a reactivar el comité interministerial para la erradicación del trabajo infantil y ampliar el alcance de las inspecciones laborales a zonas rurales y alejadas.
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