Los candidatos presidenciales están atentos a la coyuntura y ponen sobre la mesa sus propuestas judiciales. La mayoría coincide en la transformación estructural de la Justicia boliviana
De izquierda a derecha, Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, Eduardo del Castillo y Andrónico Rodríguez./ APGSiguen de cerca lo que sucede por estos días con el caso “Consorcio”, el escándalo que ha salpicado a la Justicia boliviana y ha puesto en figurillas al Ejecutivo. Saben que el descontento de la población no puede alcanzar niveles más altos. Es por ello que los aspirantes a ocupar la silla de Luis Arce tras la finalización del mandato presidencial se han dado a la tarea de lanzar promesas orientadas a transformar de lleno al sistema judicial.
Mientras que los candidatos presidenciales de izquierda, como lo son Andrónico Rodríguez (Alianza Popular) y Eduardo del Castillo (Movimiento Al Socialismo), coinciden en ser los promotores de una “revolución judicial”, otros, como Samuel Doria Medina (Alianza Unidad), se encargan de alentar una reforma constitucional profunda y la supresión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)
Las ofertas son muy variadas y los postulantes entienden que este es el momento de sacarlas a flote. Vale la pena recapitular algunas, a modo de síntesis.
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Rodríguez, que encara la recta final de sus labores al frente de la Cámara de Senadores, propone garantizar la independencia e imparcialidad del Órgano Judicial, para lo cual cree necesaria una reforma en el proceso de selección de las altas autoridades que sería efectuada mediante cambios en la Constitución.
Así, plantea la supresión de la elección por voto popular de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional y relieva la posibilidad de que se instale un sistema mixto de selección meritocrática, con control ciudadano y participación de universidades, colegios de abogados y organismos internacionales.
También promueve la regulación de los alcances de las decisiones del TCP e impulsa un blindaje institucional capaz de combatir la interferencia política, además de proponer que se cree la Defensoría Judicial Ciudadana, entre otras cosas.
Del Castillo, por su lado, también alienta la “revolución judicial”, misma que implicará un cambio de autoridades y leyes. Su plan de gobierno contempla una transformación estructural de la Justicia que apunte a lo siguiente: actualizaciones y/o modificaciones a la actual normativa en el marco de la priorización de ejes de la reforma judicial, adecuación de la normativa secundaria a la Constitución Política del Estado; implementar sistemas de evaluación y control interno que garanticen la imparcialidad y eficiencia de los operadores de Justicia; fortalecer los mecanismos de fiscalización para prevenir la corrupción y asegurar el cumplimiento de plazos procesales, asignación del presupuesto de 3% del Tesoro General de la Nación a la Justicia, digitalizar los expedientes y usar la inteligencia artificial para la gestión de casos.
Doria Medina también plantea una reforma constitucional que mejore la Justicia y garantice su independencia, transparencia y eficiencia.
Sus pilares contemplan la “despolitización de los procesos de designación de magistrados, jueces y fiscales a través de concursos públicos de méritos con criterios académicos, profesionales y éticos rigurosos, supervisados por órganos independientes y con veeduría ciudadana”.
Samuel prevé eliminar el TCP vía referendo, considerando que, según él, este ente contribuyó a la distorsión de la Justicia. Impulsa que sus funciones pasen a manos del Tribunal Supremo de Justicia a través de una Sala Constitucional especializada.
En cuanto a la carrera judicial, esta debe ser “ética y meritocrática”, mientras que el candidato de Unidad tiene en mente la unificación del sistema judicial y la conformación de juzgados mixtos en áreas rurales y urbanas, además de darle prioridad a los casos de persecución política. “Destinaremos el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) al sistema judicial, asegurando recursos adecuados para su modernización tecnológica, formación continua del personal, mejora de infraestructura, acceso a la justicia para poblaciones vulnerables y fortalecimiento de los mecanismos de control interno y rendición de cuentas”, se lee en su plan.
Manfred Reyes Villa (APB-Súmate) apunta a la transformación jurídica, con la recuperación del Estado de Derecho, la seguridad jurídica y la reforma legislativa. Su plan contempla una nueva carrera judicial basada en mérito, ética profesional y evaluación continua. También prevé reformar la ley 387 del ejercicio de la abogacía para digitalizar el registro público de la abogacía, crear un expediente profesional digital, institucionalizar la escuela nacional de servidores judiciales, incentivar el ejercicio pleno de la autonomía funcional, y fortalecer el Órgano Judicial y el TCP.
Tuto Quiroga (Alianza Libre), por su lado, promete “reformar de raíz el sistema de Justicia”.
Su plan incluye “implementar un sistema de selección y elección basado en la meritocracia para magistrados del TCP, el TSJ, la Procuraduría General del Estado, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General del Estado”.
También prevé sumar “auditorías técnicas y jurídicas a los procesos de selección y elección de servidores públicos que aseguren la transparencia y favorecimiento a la meritocracia”, además de “desarrollar la carrera judicial y fiscal que garantice al buen servidor público permanecer en sus funciones e identificar al que debe ser reemplazado”.
La capacitación permanente de los servidores públicos y evaluaciones, y establecer procedimientos ágiles y efectivos para imponer sanciones a los servidores corruptos, además de transparentar los niveles de coordinación y cooperación entre los órganos de poder público, entre otros puntos, son parte del plan de Tuto.