El Ejecutivo vincula la aprobación del financiamiento con la posibilidad de acceder a más de $us 5.000 millones de organismos externos. Legisladores reclaman mayor transparencia sobre el destino de los recursos y cuestionan la falta de información.
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“El tema de la aprobación de la norma del Fondo Monetario es muy importante, porque es la apertura a recursos externos que están variando entre $us 5.000 y $us 7.000 millones para inversión en Bolivia”, manifestó ayer el presidente Rodrigo Paz, durante la sesión de honor por los 216 años de la gesta libertaria de Cochabamba.
El pedido presidencial ocurre mientras el proyecto todavía se encuentra en la etapa de análisis en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas. El presidente de esa instancia, Raúl Párraga, confirmó que el crédito será debatido este miércoles a las 10:00, con la presencia del ministro de Economía, Christian Morales.
Bolivia y el FMI oficializaron el acuerdo el 29 de julio. A fines de agosto, el Ejecutivo remitió a la Asamblea el proyecto de ley que sustenta el financiamiento; sin embargo, los parlamentarios cuestionaron que los anexos no hubieran llegado inicialmente a la Comisión de Planificación
El diputado de la alianza Libre José Luis Porcel señaló que el proyecto recibido inicialmente tenía siete páginas. “Solamente tenía siete hojitas, y hablaba de un anexo, y nos hicieron llegar algunos anexos, pero queda la duda. Que posiblemente falte un anexo más, porque no conocemos el detalle en qué se van a utilizar los recursos”, afirmó.
Tras los reclamos, el 10 de septiembre el Ministerio de Economía hizo públicos los principales contenidos del acuerdo y difundió el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras. Ese mismo día, el ministro Morales participó en una mesa técnica de la Comisión de Planificación para explicar los alcances del convenio.
Para la diputada Sandra Rivero, del PDC, la presencia del ministro no despejó las dudas de los legisladores sobre el crédito y observó que los anexos fueran remitidos posteriormente.
La diputada identificó tres aspectos que considera particularmente relevantes sobre el préstamo con la instancia estatal. El primero está relacionado con la eliminación de las subvenciones y con la capacidad del Estado para aplicar posteriormente medidas de protección a las familias, ante un eventual incremento de precios.
El segundo punto que cuestionó Rivero está relacionado con la política salarial para 2027, mientras que el tercero se refiere a las condiciones para las tasas de interés de la banca privada.
“Se niega la posibilidad que el 2027 se pueda generar algún tipo de alza de sueldos y eso es preocupante, porque por un lado habrá alza en todos los precios, pero los sueldos no van a subir”, cuestionó.
Entre las preocupaciones de ambos legisladores está la falta de un plan de contención que el Gobierno aún no ha explicado ante la Asamblea, para mitigar el impacto de la eliminación de la subvención a los hidrocarburos, prevista en el acuerdo con el FMI.
Las observaciones de los legisladores coinciden, en parte, con las críticas del exministro de Economía Ramiro Cavero, quien cuestionó la cantidad y el alcance de la información que el Gobierno entregó a la Asamblea.
El experto explicó que este tipo de créditos con el FMI normalmente están acompañados por una carta de intenciones, anexos técnicos, documentos de política económica y proyecciones
“Este no es un préstamo personal ni es del gobierno, es de todo el país. Y si tú quieres que el Congreso lo apruebe, debería ser absolutamente transparente y dar toda la información y no solo un pedacito”, sostuvo.
