Polémica. Afirman que hay perjuicio por el papel de los representantes de esta institución de la justicia.
Ref. Fotografia: Acciones. La FAM denuncia perjuicio al TCP en aprobar normas regionales.
La Federación de Asociaciones Municipales (FAM-Bolivia) en su petición de juicio de responsabilidades en contra de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes y retardación de justicia, denuncia que esta instancia jurisdiccional, desde el año 2012, apenas admitió dos estatutos autonómicos y una carta orgánica.
Coordinación. En su petición de juicio de responsabilidades ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en contra de los siete magistrados del TCP, Efrén Choque (presidente), Ligia Velásquez (suspendida), Gualberto Cusi, Soraida Chánez (suspendida), Mirtha Camacho, Neldy Andrade y Ruddy Flores, la FAM a través de su presidente, Juan Carlos León y su vicepresidente, Jorge Silva, denuncian una actitud malintencionada, por parte de los magistrados.
El memorial ingresado a la Cámara de Diputados a la que accedió El Día, la FAM señala que partir del año 2012, el TCP recibió los primeros estatutos autonómicos y cartas orgánicas presentadas por las entidades territoriales autónomas, haciendo un total de más de 100 cartas orgánicas. Solo en 2013, la Unidad de Autonomías habría recibido requerimientos de control de constitucionalidad para 22 estatutos autonómicos y 54 cartas orgánicas.
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Avances. Las diferencias de interpretación que surgieron en las diferentes salas del TCP según señala el oficio, hizo que hasta febrero de 2014, solo se emitieran dos declaraciones constitucionales de los estatutos autonómicos de Marka Totora y del departamento autonómico de Pando. En relación a las cartas orgánicas, -motivo del reclamo de la FAM- se señala que solo se resolvió la carta orgánica con resolución constitucional del Gobierno Municipal de Cocapata de la provincia de Ayopaya de Cochabamba. «Hasta la fecha, ingresaron más de cien cartas orgánicas, desde el 13 de noviembre de 2012, y después de un año y ocho meses, no dieron cumplimiento ni siquiera a la admisión que tiene un plazo de diez días», menciona la demanda.
Según los máximos representantes de la FAM, esta actitud mal intencionada de los magistrados, no solo perjudica a los gobiernos municipales con un alto costo social y económico, sino sobre todo, a la población. “Este retraso obedece a un mal intencionado acto de incumplimiento de deberes, así como a una negativa y retardo de justicia de forma ilegal; donde omitieron y rehusaron el ejercicio de sus propias funciones”, sostiene la denuncia.
Fuente: eldia.com.bo