Aunque el Gobierno defiende sus políticas como inclusivas, estudios revelan que la mayoría de los trabajadores carece de beneficios sociales. Empresarios afirman que la normativa vigente fomenta el subempleo y ahuyenta la inversión privada en el país
Fuente: eldeber.com.bo
Tras casi dos décadas de aplicación del modelo económico del MAS, las cifras revelan una realidad que contradice el discurso oficial: el 74% de los asalariados en las principales ciudades del país se encuentra en la informalidad, sin acceso a seguridad social ni beneficios laborales.
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Según el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), la legislación vigente, lejos de generar empleo digno, ha contribuido a precarizar el trabajo, estancar los ingresos reales y consolidar un sistema donde la ganancia empresarial crece, pero los derechos laborales se diluyen. Empresarios e industriales y coinciden en que el actual marco normativo encarece la formalidad, desalienta la inversión y alimenta un mercado laboral frágil, en el que millones de bolivianos sobreviven sin estabilidad ni protección social.
El boletín Alerta Laboral Nº 93, publicado por el Cedla, expone una verdad incómoda: el 74,4% de los asalariados en las principales ciudades del país tienen empleos inestables, sin beneficios laborales ni seguridad social. Una precariedad que, lejos de ser nueva, es herencia de décadas de políticas que priorizan la ganancia sobre el trabajo, sostiene el estudio.
El análisis del Cedla sostiene que el modelo del MAS —pese a su retórica antineoliberal— reproduce los vicios del pasado: concentración del excedente en manos de pocos, expansión de la informalidad y un sistema productivo débilmente transformado. Lejos de consolidar un “socialismo comunitario”, se forjó una nueva élite económica —una “burguesía popular”—aliada con sectores transnacionales en rubros clave como la minería, el oro y los hidrocarburos.
¿El resultado? Crecimiento de las utilidades empresariales, pero estancamiento de los ingresos reales de los trabajadores. Ganancias al alza, salarios en pausa Según este estudio, entre 2006 y 2022, las utilidades de las empresas privadas superan consistentemente los $us 3.000 millones anuales, alcanzando un récord de $us 5.605 millones en 2015.
En contraste, el ingreso real promedio de los trabajadores apenas creció un 0,98% anual. Según el Cedla, casi la mitad de los ocupados gana hasta un salario mínimo nacional (Bs 2.362), lo que evidencia un estancamiento que erosiona la calidad de vida de la clase trabajadora.
El 2024 cerró con una inflación de casi el 10%, y los alimentos —que representan más del 50% del gasto en los hogares pobres—subieron un 15,4%. Esta escalada de precios golpea con mayor fuerza a quienes menos tienen: clase media asalariada, obreros e independientes.
A esto se suma que la pobreza multidimensional afecta a más del 61% de la población urbana. Esto significa que estas personas tienen acceso limitado a educación, salud, servicios básicos, empleo digno y vivienda adecuada.
El reporte reflexiona que desde las filas oficialistas y opositoras se apunta a reducir el gasto público, liberalizar el mercado y “flexibilizar” aún más las relaciones laborales. No obstante, el informe recuerda que “este camino ya fue recorrido tras el ajuste de 1985, cuyas consecuencias aún pesan: desindustrialización, desempleo masivo y debilitamiento sindical. Hoy, en pleno2025, el riesgo de repetir esa historia —bajo nuevas etiquetas— es inminente.
No mejoró la calidad
La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc) cuestionó las políticas laborales vigentes desde 2006, al considerar que han deteriorado el empleo, aumentado la informalidad y provocado el cierre de micro y pequeñas empresas. Denuncian que los aumentos salariales unilaterales han generado incertidumbre y rigidez en el aparato productivo formal.
“Han generado un entorno de incertidumbre que afecta a las empresas, sobre todo a las micro, pequeñas y medianas, que representan el 80 % del tejido empresarial”, advirtió la Fepsc.
Según los empresarios, las políticas orientadas a “proteger al trabajador” han tenido el efecto contrario: aumentar la informalidad laboral. “En los hechos, se ha profundizado el trabajo informal. El INE muestra que más del 75 % de los trabajadores en Bolivia están en la informalidad, y eso se debe a una carga económica y legal excesiva para el empleador formal”, explicó la entidad.
La institución advirtió que operar en la formalidad es cada vez más costoso y burocrático, y pidió un nuevo marco regulatorio que facilite el cumplimiento laboral y tributario. También cuestionó la exclusión del sector empresarial en las decisiones sobre política laboral, señalando que el Gobierno prioriza el diálogo con la COB, ignorando el mandato de concertación tripartita de la OIT.
“El aumento del salario mínimo en un 10 % este 2025 ha sido la medida más agresiva en una década. Esto está provocando despidos, paralización de contrataciones y cierres de empresas que no pueden asumir ese sobre costo”, alertaron.
Sector industrial
El presidente de la CNI, Gonzalo Morales, cuestionó las políticas laborales del MAS desde 2006, afirmando que han favorecido la informalidad y debilitado la productividad. Señaló que más del 85% del mercado laboral es informal y que el actual marco normativo encarece la formalización y el empleo de calidad.
La CNI plantea una reforma profunda al sistema laboral que contemple las nuevas dinámicas del empleo: modalidades por producto, estacionales, virtuales y con enfoque de género y generacional. “Necesitamos flexibilizar el mercado laboral si queremos aumentar la productividad y competir frente a las importaciones, además de integrarnos a cadenas globales de valor”, sostuvo.
Morales cuestionó la falta de coordinación con el sector privado.
“Las decisiones han sido tomadas en alianza con la COB y otros movimientos sociales, sin escuchar al empresariado”, denunció.
Respecto al aumento del salario mínimo de Bs 440 en 2005 a Bs 2.750 en 2025, Morales reconoció que esa medida ha mejorado el ingreso nominal, pero alertó sobre su impacto negativo en la competitividad. “Ha encarecido la producción con sello ‘Hecho en Bolivia’ y generado distorsiones en el mercado laboral”, afirmó.
El presidente de la CNI también alertó sobre el entorno adverso para el desarrollo empresarial en el país. “Además de las políticas laborales, las empresas enfrentan inseguridad jurídica, presión tributaria, escasez de energía y contrabando. Todo esto precariza el empleo y desincentiva la inversión privada”, indicó.
Respuesta estatal.
En respuesta a las críticas, el viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Gonzalo Zambrana, defendió las políticas laborales impulsadas por el Gobierno y descalificó estudios de organizaciones como el Cedla, a los que acusó de tener una “acción político-partidaria” y de “generar desinformación”.
“Gracias al Modelo Económico Social Comunitario Productivo y a políticas de inclusión social, los trabajadores han tenido una protección histórica en sus derechos. Tenemos la tasa de desocupación más baja de la historia, de apenas 3,3% en 2024”, aseguró Zambrana.
Sobre la cifra de que más del 74% de los asalariados en las principales ciudades tienen empleos inestables y sin beneficios sociales, el viceministro aclaró que esos datos, de ser ciertos, deben provenir de fuentes como la OIT, y no de ONGs “que generan información para desinformar”, como Jubileo, Cedla Pasos Kanki.
Frente al estancamiento del poder adquisitivo de los trabajadores, Zambrana destacó que el salario mínimo nacional subió de Bs 440 en 2005 a Bs 2.750 en 2025. “Los incrementos son una política de expansión económica. Nunca antes los empresarios han ganado tanto como desde 2006, especialmente en sectores como la minería, agroindustria y banca comercial”, dijo.
Además, defendió el impacto redistributivo de esas políticas implementadas por el MAS desde que llegó al poder: “La pobreza moderada bajó del 60,6% en 2005 al 36,5% en 2023, y el índice de Gini cayó de 0,60 a 0,43, lo que demuestra una reducción importante de la desigualdad”.
Consultado sobre si la legislación laboral es adecuada a la realidad productiva, el viceministro rechazó el enfoque de “flexibilidad” promovido por sectores empresariales.
“Es un mito neoliberal que la rigidez laboral impide la competitividad. El crecimiento de empresas y sus utilidades desde 2006 bajo este marco legal ha sido el más alto de nuestra historia”, señaló la autoridad.