Fuente: Infobae
El abogado y ex ministro de Defensa Nacional, de Gobierno y de la Presidencia de la República, Carlos Sánchez Berzain, ha solicitado hoy al Fiscal General del Estado de Bolivia en Sucre, “investigación integral de los hechos de septiembre-octubre del año 2003”, luego de que la Justicia Constitucional anulara el proceso calificado de persecución judicializada, reconociendo violaciones al debido proceso, la igualdad ante la ley, la verdad material e investigación integral al haberse perseguido solo a las ex autoridades sin investigar a todos los actores beneficiados por la amnistía dictada por Carlos Mesa.
En memorial presentado a las 9:15 de esta mañana por su abogada Goldy Vargas S., Sánchez Berzain sostiene como “antecedentes relevantes” que “Bolivia vive una crisis económica, social y política y social con más de 62 % de pobreza, sin gasolina, sin diesel, sin solares, sin reservas de oro en el Banco Central, ha perdido su condición de primera potencia gasífera de la región, la inseguridad ciudadana se hace presente con el sicariato y los crímenes propios de un narcoestado, la confrontación social que ha buscado destrozar la Nación Boliviana y nada de esto sucedía antes del 17 de octubre de 2003 cuando derrocaron al gobierno constitucional con hechos delictivos y la narrativa de la guerra del gas, que produjeron la renuncia forzada del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acordaron la Agenda de octubre, terminaron la democracia y comenzaron la destrucción de la República de Bolivia”.
Expone la “necesidad de investigar el hecho histórico en su integridad” señalando que fueron quitados ilegalmente de la proposición acusatoria original “entre otros Felipe Quispe (+), Evo Morales Ayma, Alejo Veliz, Jaime Solares, Roberto de la Cruz, Oscar Olivera, David Vargas y Faustino Ugarte a los que se señalaba por “su participación en hechos vinculados con alzamiento armado, incendios, daños, atentados contra servicios públicos, coacción, asesinato y otros relacionados además con los denominados planes PULGA, TARAJCHI, SIQUITITI y QUISKA”.
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El ex ministro argumenta jurídicamente que la “afectación a la igualdad ante la ley, defensa y verdad material”, explica el “defecto estructural y la nulidad absoluta” del requerimiento acusatorio solo contra las ex autoridades y miembros del Alto Mando Militar de 2003, así como de la imputación formal y de la acusación formal, reclamando la aplicación de la “legalidad penal y deber de valorar el contexto completo”.
Hace especial incidencia en la “amnistía selectiva y sus efectos sobre la investigación” reclamando por la “indivisibilidad del hecho y la obligación del Ministerio Público, señalando que “es evidente y públicamente notorio que la amnistía produjo impunidad, respondió a la denominada agenda de octubre y que fue una manipulación, una desviación respecto a la finalidad presentada como legítima de pacificación y reconciliación, pues generó encubrimiento y receptación para los agresores de la paz social y persecución política judicializada con violación de derechos humanos para los integrantes del gobierno derrocado”.
Legalmente funda el pedido al Fiscal General del Estado en “el debido proceso, la igualdad ante la ley, el derecho a la defensa, la verdad material, el respeto a los derechos humanos consagrados por los artículos 3, 5, 7, 8, 9, 11, 23, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José”.
Solicita concretamente la “revisión integral de los antecedentes, que deje sin efecto los actos acusatorios de la investigación fragmentada, que se disponga el cumplimiento efectivo de la investigación relativa a Evo Morales Ayma, Felipe Quispe Huanca, Alejo Veliz, Jaime Solares, Roberto de la Cruz, Oscar olivera, David Vargas, Faustino Ugarte y otros”, agregando que se “amplíe la investigación de los hechos respecto a Carlos Mesa Gisbert, Abel Mamani, Sacha Llorenti, Alvaro García Linera, David Choquehuanca, Diego Pary, Juan Ramon Quitana, Carlos Alarcón, Hugo Moldiz, Luis Arce Catacora, Rogelio Maita, Milton Mendoza, Pedro Gareca, Mario Uribe”, pidiendo que el Fiscal adopte las medidas necesarias para que la investigación reconstruya de manera íntegra el contexto fáctico, establezca la conducta individual de todos los intervinientes y permita valorar objetivamente las circunstancias.
Sánchez Berzain sostiene que de esta manera se abre en Bolivia la oportunidad de terminar con la impunidad de quienes causaron la crisis que hoy sufren los bolivianos destrozando el estado de derecho, suplantando la República, construyendo el narcoestado y cometiendo delitos que incluyen la “alta traición a la Patria”.
