Un informe refleja que Bolivia es el tercer país con más integrantes del PCC, que salieron de Brasil, el analista advirtió que esta es una realidad que ha pretendido ser ocultada por la clase política
“Bolivia no tiene un sistema de justicia-criminal sólido, establecido, que neutralice efectivamente a los grandes capos de narcotráfico”, señaló el analista Cristian Sánchez, ante un informe que refleja que el país es el tercero con mayor presencia del Primer Comando Capital (PCC) fuera de Brasil, según un informe de la Fiscalía de Sao Paulo.
Para el analista, quien también es exinvestigador de la Policía, esta es una realidad que ha pretendido ser ocultada por la clase política.
El informe señala que hay 146 integrantes del PCC en Bolivia, superado solo por Paraguay (699) y Venezuela (656). La organización criminal, con más de 2.000 miembros fuera de Brasil, busca establecer bases permanentes, y no solo usar el país como paso temporal, de acuerdo con el informe.
Además, sostuvo que la presencia de otras organizaciones como el Comando Vermelho y el Tren de Aragua confirma que en Bolivia operan activamente carteles de narcotráfico internacional desde hace 10 años.
“Estamos muy ocupados en encarcelar al burrero (traficante menor), al que lleva 2 o 3 kilos, al pequeño financiador y no se ataca a las cabezas de las grandes corporaciones criminales que operan en el país”, señaló en entrevista con UNITEL.
Sánchez también explicó por qué Bolivia es atractiva para estos grupos, ya que el país está en vinculación directa con el gran comercio internacional de droga a través de Chile, Brasil y Paraguay. Añadió que la corrupción facilita la expansión del crimen.
“Se compra voluntades, se compra actuaciones y se neutraliza la posibilidad de que los funcionarios actúen con probidad”, advirtió el especialista y pidió medidas estructurales como proyectos y planes activos para neutralizar la actividad criminal transnacional en Bolivia.”
El informe brasileño también alertó sobre la infiltración del PCC en cárceles bolivianas y la intención de sus miembros de establecer residencia permanente en el país, lo que representa un desafío regional de seguridad.