El 10 de octubre de 2013, Bolivia suscribió el Convenio de Minamata junto a otros 140 países debido a que se constató que la actividad minera se convirtió en un problema mundial para la salud de los seres vivos. El acuerdo fue ratificado en 2017 y entró en vigor dos años después. A partir de esa fecha, el Estado boliviano tenía un plazo de tres años para entregar el Plan de Acción Nacional para reducir el uso de mercurio en la actividad minera, pero no cumplió con ese tiempo.
Fuente: ANF / La Paz
La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) alertó que Bolivia no podrá acceder a recursos externos o fondos para la implementación de políticas medioambientales, si no entrega el Plan de Acción Nacional para la reducción del mercurio en la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE).
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El representante de ese organismo multilateral, Diego Álvarez, en declaraciones a la ANF, señaló que, de acuerdo al Plan de Acción Nacional (PAN) la entrega de ese programa es una actividad habilitante que el Estado boliviano debe cumplir. Si bien no existen sanciones, pero muestra el compromiso que tiene el país para reducir el uso de mercurio.
“Como en los diferentes convenios existen distintas actividades y pasos, este paso es importante para la obtención de diferentes fondos que se podrían obtener. Entonces, por el momento Bolivia si ha tenido fondos como el del Planet Gold que es para implementar tecnologías limpias, pero en el futuro podría afectar obtener nuevos fondos”, afirmó.
Este jueves y el viernes se lleva a cabo el foro Internacional: Intercambio de Experiencias Regionales en la Implementación del Convenio Minamata y Plan de Acción Nacional para la MAPE donde participaron diferentes instancias del Estado, además de representantes de Colombia, Ecuador, México, Perú y otros países donde compartieron sus experiencias sobre las acciones que asumieron al respecto.
En ese sentido, el viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización, Allen Ballesteros, indicó que ese plan ya se encuentra en la última fase de elaboración, se prevé que sea aprobado la segunda quincena de agosto y hasta fin de año se estaría entregando a la ONUDI.
“Se tiene proyectado que culmine y sea aprobado, a través de un decreto supremo, aproximadamente entre la segunda quincena de agosto para adelante. Tenemos ese compromiso y esta gestión se tiene cumplir con el plan de acción en el marco del Convenio Minamata”, anunció el viceministro.
Demora
El 10 de octubre de 2013, Bolivia suscribió el Convenio de Minamata junto a otros 140 países debido a que se constató que la actividad minera se estableció en un problema mundial para la salud de los seres vivos.
En ese contexto, el acuerdo fue ratificado en 2017 y entró en vigor dos años después. A partir de esa fecha, el Estado boliviano tenía un plazo de tres años para entregar el Plan de Acción Nacional para reducir el uso de mercurio en la actividad minera, pero no cumplió con ese tiempo.
Al respecto, Álvarez dijo que el Gobierno debe cumplir con ese acuerdo y espera que no se demore más tiempo. Recordó que es importante ya que el comité que se conforme debe encargarse de coordinar con todos los actores para aplicar los nuevos planes.
“El plan va establecer que haya un comité y el cual debe tener la apertura para invitar a los diferentes actores ya sean las cooperativas, los sectores que están involucrados para que se pueda tener una minería responsable. Esperamos que ya se presente y se pueda enfrentar de manera coordinada, esperamos que no se dilate más tiempo y que el Gobierno pueda tomar las riendas de todos los compromisos”, manifestó.
Ballesteros admitió que el plazo concluyó, pero responsabilizó a los anteriores gobiernos porque no avanzaron con la elaboración del documento. Sin embargo, señaló que esta gestión se cumplirá el compromiso que se asumió en el marco del convenio.
Desafíos
Por otra parte, el representante de la ONUDI dijo que, tras la aprobación del plan, el Gobierno deberá enfrentar el desafío en la obtención de recursos que le permita aplicar mecanismos amigables con el medio ambiente en la explotación minera.
“Uno de los mayores desafíos es la implementación del plan de acción nacional y será en la parte de la formalización, en la obtención de fondos, implementar tecnologías limpias y sostenibles. Entonces, va a ser un trabajo que, si no se involucran los diferentes actores como se mostraba en Perú y Colombia, será muy difícil aplicarlo en el país”, señaló.
Al respecto, el viceministro indicó que ya se está trabajando con los cooperativistas, las comunidades indígenas afectadas, las instituciones del Estado para aplicar el plan. Consideró que no será un trabajo fácil, sobre todo en la obtención de recursos económicos.