La democracia boliviana ha entrado en una fase decisiva. El pasado domingo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó la nueva cartografía de las 63 circunscripciones uninominales, el mapa que definirá la elección de igual número de diputadas y diputados en los comicios generales del próximo 17 de agosto. Esta actualización, según explicó el TSE, se fundamenta en los datos del Censo de Población y Vivienda 2024 y la Ley 1614 de Distribución de Escaños, buscando que «todas las circunscripciones cuenten con la misma proporción de habitantes» en cumplimiento del mandato constitucional.
Esta decisión del TSE, basada en cifras frescas de población, busca subsanar potenciales desequilibrios acumulados por la obsolescencia de datos censales anteriores. En teoría, una redistribución equitativa es fundamental para la vitalidad democrática, asegurando que el voto de cada ciudadano tenga un peso similar, sin importar dónde resida.
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Las líneas en el mapa: Más allá de los números
Sin embargo, en un país tan diverso como Bolivia, la tarea de trazar estas líneas dista de ser una operación puramente matemática. La geografía escarpada, la dispersión poblacional en zonas rurales, la concentración en grandes ciudades y la rica plurinacionalidad con pueblos indígenas originarios campesinos imponen desafíos cartográficos que trascienden la simple proporcionalidad numérica.
Aquí surge la pregunta clave: ¿logra este «reordenamiento territorial» capturar verdaderamente la compleja realidad boliviana y traducir la voluntad ciudadana en una representación justa? Aunque el TSE insiste en la misma proporción de habitantes, la forma en que se dibujan los límites entre circunscripciones puede tener efectos profundos. ¿Se agrupan poblaciones con intereses y características similares o se las fragmenta? ¿Podrían ciertos diseños concentrar o diluir el voto de determinadas minorías o sectores específicos? La experiencia internacional muestra que incluso con datos actualizados y una intención de igualdad poblacional, la manipulación de los límites electorales (conocida como gerrymandering) puede ser una tentación política, aunque el TSE boliviano se rija por principios técnicos.
Transparencia y la confianza ciudadana
La publicación de esta nueva cartografía abre un periodo crucial para el análisis y el escrutinio público. Más allá de la declaración oficial, la ciudadanía, los partidos políticos y los analistas demandarán máxima transparencia sobre los criterios específicos y los datos desagregados utilizados para cada delimitación. El uso de herramientas avanzadas como los Sistemas de Información Geográfica (SIG) es un paso adelante, pero la clave radica en la accesibilidad de la información y la posibilidad de verificar la imparcialidad del proceso.
La credibilidad del mapa electoral es tan importante como la contabilidad de los votos. Si la percepción pública es que las nuevas circunscripciones favorecen injustamente a ciertos partidos o regiones, se corre el riesgo de minar la confianza en las próximas elecciones y en la propia legitimidad del sistema democrático.
En los meses previos al 17 de agosto, el debate sobre este nuevo mapa electoral será intenso. No es solo una discusión técnica, sino una conversación fundamental sobre el poder y la equidad en la representación política de Bolivia. De la aceptación y la legitimidad de estas nuevas líneas dependerá, en gran medida, la estabilidad y la justeza de la democracia boliviana en el futuro inmediato.
PhD. Danny Rodney Reynoso Siles
Ingeniero Geógrafo