Según dispuso Preska en el fallo de 33 páginas dado a conocer este lunes, Argentina deberá transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York en el plazo de 14 días desde la fecha, e instruir a BNYM para que inicie una transferencia de los intereses de propiedad de la República en sus acciones Clase D de YPF a los demandantes o sus designados en el plazo de un día hábil desde la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta.

Claudio Maulhardt, analista de Galileo FCI, dijo a Bloomberg Línea que la decisión parece “impracticable y de improbable aplicación”. Sin embargo, consideró que a su vez “es una forma de demostrar que hacerse los sotas con las sentencias no funciona”.

“Las deudas no son de las administraciones, son de la República. También estas cosas tienen que ver con que los bonos rindan 11%”, apuntó.

Para el analista, la decisión no debería afectar a la acción de YPF más allá del castigo que está sufriendo este lunes. “Por lo pronto, ratifica la sentencia contra la República, no dicta sentencia alguna contra la empresa. Con una mirada más amplia, nos preguntamos si sacarle al Estado de encima no sería una buena noticia para el papel”, añadió.

Tras la oficialización de la decisión de la jueza Preska, la acción de Burford subía 20%. Burford Capital, cabe recordar, compró los derechos de la demanda en 2015 por US$16,6 millones por parte de los ex accionistas de YPF y se espera que gane al menos US$6.200 millones si se paga la sentencia completa.