En 2017 y 2021, empresas mineras chinas intentaron instalarse en la región amazónica. La resistencia social y la presión de las comunidades logró expulsarlas y, en respuesta, se promovieron leyes municipales que prohíben expresamente la actividad minera.
Fuente: ANF / La Paz
En medio del avance implacable de la minería aurífera hacia la Amazonía boliviana, municipios como Palos Blancos y Alto Beni han decidido resistir. Lejos de la lógica extractivista que domina la región, estas comunidades han apostado por la agroecología y el ecoturismo como modelos sostenibles de desarrollo.
Así lo ratificaron en la “Primera Reunión de Municipios y Territorios Indígenas Libres de Actividad Minera”, celebrada el 11 de febrero de 2025 en Rurrenabaque, con la participación de más de 80 representantes de gobiernos municipales, territorios indígenas, organizaciones sociales e instituciones ambientales.
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La memoria del encuentro —publicada bajo el título Primera reunión de municipios y territorios indígenas libres de actividad minera y dada a conocer este lunes— detalla los testimonios, estrategias y propuestas surgidas en esta jornada histórica que busca frenar el “cáncer de la minería”, como lo calificó una dirigente indígena.
Los municipios de Palos Blancos y Alto Beni llevan cerca de 50 años desarrollando sistemas agroecológicos que hoy abastecen de alimentos a las ciudades de La Paz y El Alto. Su producción de cacao, frutas y hortalizas ha sido reconocida internacionalmente por su calidad orgánica.
La Central de Cooperativas El Ceibo, conformada por 48 cooperativas de pequeños productores, lidera la cadena productiva del cacao ecológico que ya se exporta a nivel mundial. Su presidente, Herminio Mamani, advirtió que la minería amenaza directamente esa economía.
“Si la minería se activa, la producción orgánica se va al tacho”, dijo Mamani, resaltando que solo en 2024 ingresaron más de 40 millones de dólares a través del comercio del cacao, dinero distribuido entre las familias productoras.
La amenaza no es hipotética. En 2017 y 2021, empresas mineras chinas intentaron instalarse en la región. La resistencia social y la presión de las comunidades logró expulsarlas y, en respuesta, se promovieron leyes municipales que prohíben expresamente la actividad minera.
Palos Blancos promulgó la Ley Municipal 233 y Alto Beni la Ley 097, luego complementada con la 200. Ambas fueron respaldadas por la Ley Departamental 239, aprobada en 2024, que reconoce a estos municipios como agroecológicos y productivos, libres de minería.
No obstante, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) continuó recibiendo solicitudes para explotar oro en la zona. Fue entonces que la Defensoría del Pueblo presentó una acción popular que logró frenar temporalmente los trámites y exigió restricciones definitivas.
En agosto de 2024, la AJAM suspendió 60 trámites mineros en ambos municipios, aunque aún de manera provisional. La demanda ahora es que esa restricción se vuelva permanente, a través de una Ley nacional que blinde legalmente los territorios.
“Queremos un instrumento jurídico que tenga el mismo rango que la Ley de Minería”, expresó Beltrán Márquez, alcalde de Alto Beni, durante su intervención. A su vez, el alcalde de Palos Blancos, Berman Arancibia, llamó a unir fuerzas con otros municipios amenazados.
La Fundación Solón, que acompaña el proceso, explicó que una de las claves fue incorporar en la acción popular la existencia de leyes municipales. “Eso permitió que el juez ordene a los municipios presentar sus mapas para delimitar zonas sin minería”, explicó la abogada Fátima Monasterio.
Mientras tanto, en Rurrenabaque y San Buenaventura, el ecoturismo se consolida como una alternativa real. La zona es parte del Destino Turístico Rurrenabaque Madidi – Pampas, el tercero más visitado del país, con certificaciones internacionales de sostenibilidad.
Sin embargo, las aguas del río Beni, que bañan ambos municipios, ya muestran signos de contaminación por mercurio, proveniente de la minería aguas arriba. Estudios indican niveles alarmantes de este metal en comunidades indígenas locales.
“Por no tener minería no significa que no estamos afectados. Somos víctimas por lo que llega por el río”, afirmó Zulma Tamo, directora de Turismo de Rurrenabaque, en alusión a los impactos indirectos de la minería ilegal.
Carlos Vidal, responsable de turismo en San Buenaventura, fue enfático: “Estamos a tiempo de combatir esta epidemia. Hay que declararnos también libres de actividad minera”.
En la misma línea, Álvaro Segovia, director de la Reserva de la Biósfera y TCO Pilón Lajas, recordó que el Decreto Supremo de creación de esta área prohíbe expresamente actividades mineras. Aun así, la AJAM sigue recibiendo solicitudes.
Magalí Tipuni, presidenta del Consejo Regional T´simane Mosetene del Pilón Lajas, relató cómo resistieron el ingreso de mineros con pronunciamientos orgánicos y acciones de control territorial conjuntas con guardaparques.
“No queremos minería, ni siquiera queremos que entren a hacer consulta”, afirmó Tipuni, resaltando la unidad de las 23 comunidades que integran el CRTM-PL.
La memoria del encuentro recoge que los paneles de trabajo coincidieron en la urgencia de reformar la Ley 535 de Minería para incluir la figura de municipios y territorios incompatibles con esta actividad.
También se propuso elevar a rango de Ley el Decreto Supremo que creó el Pilón Lajas, a fin de proteger legalmente todo su territorio del avance minero, incluyendo el lecho del río Beni.
Los acuerdos zonales apuntan a que Rurrenabaque y San Buenaventura elaboren sus propias leyes municipales contra la minería, siguiendo el modelo de Palos Blancos y Alto Beni.
“La minería perjudica al turismo, a la salud y a nuestras culturas. Necesitamos declarar corredores libres de minería”, concluyó uno de los participantes.
La reunión fue respaldada por la iniciativa “Reducción del impacto de la minería de oro en la biodiversidad y las comunidades de Bolivia”, impulsada por la Fundación Solón, FUNDECO, Cumbre del Sajama y WCS.
Más allá de la retórica ambiental, la experiencia de estos municipios marca una hoja de ruta concreta para un modelo de desarrollo que privilegia la vida, el agua y la tierra frente a los espejismos del oro. Un modelo que ya echó raíces en el corazón verde de Bolivia.