También recibió una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por parte de la Corte Nacional de Justicia que llevaba un caso por el uso indebido de fondos públicos destinados a la reconstrucción de dos provincias afectadas en 2016 por un potente terremoto.
Fuente: Infobae
El ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas fue sentenciado de nuevo por un caso de corrupción y recibió el lunes una condena de 13 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por parte de la Corte Nacional de Justicia que llevaba un caso por el uso indebido de fondos públicos destinados a la reconstrucción de dos provincias afectadas en 2016 por un potente terremoto.
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La jueza Mercedes Caicedo, que leyó la sentencia, indicó que los recursos recaudados de los ecuatorianos —a través de impuestos y contribuciones— para la reconstrucción se destinaron a “construcciones inservibles, inutilizadas e innecesarias bajo el nulo respeto a la ley de Solidaridad, pero sobre todo bajo el nulo respeto a las víctimas del terremoto”.
Glas se encuentra en una prisión de máxima seguridad, cumpliendo sentencias previas de seis y ocho años de cárcel en otros dos casos de corrupción, en uno de los cuales también fue condenado el ex presidente Rafael Correa (2007-2017), quien se encuentra prófugo, en Bélgica.
Según el fallo del alto tribunal, el ex vicepresidente que ejerció en el gobierno de Correa y, después, brevemente, en el de Lenín Moreno, quedará inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos. Además, perdió sus derechos de participación política por 25 años y debe pagar una multa equivalente a 28.800 dólares.
El fallo del tribunal incluyó una orden de pago por 250 millones de dólares en concepto de daños materiales e inmateriales, cantidad que Glas deberá abonar junto a otro ex ministro sentenciado, como consecuencia de irregularidades en la gestión de fondos destinados a áreas afectadas por el terremoto de 2016.
El dinero involucrado provenía de impuestos y contribuciones recaudadas para la reconstrucción de las provincias golpeadas por el sismo, principalmente Manabí. De acuerdo con la sentencia, el uso de estos recursos resultó en edificaciones inservibles y en la falta de respeto tanto a la ley como a las víctimas.
La sentencia, dictada el lunes, se produce después de un proceso judicial en el que la Fiscalía solicitó la pena máxima por el denominado caso “Reconstrucción”, relacionado con la apropiación indebida de más de 225 millones de dólares recaudados tras el terremoto de 7,8 grados que ocasionó cerca de 700 fallecidos. El fiscal general subrogante Wilson Toainga argumentó que Glas y el ex secretario del comité, Carlos Bernal, dieron preferencia a obras cuya financiación no correspondía al marco legal establecido, además de carecer de la aprobación íntegra del comité encargado de la reconstrucción.
Glas ya cumple penas de prisión previas: seis y ocho años por otros casos de corrupción.
La investigación judicial abarcó la gestión del comité presidido por Glas, órgano encargado de supervisar la reconstrucción tras el desastre natural. La Ley de Solidaridad, aprobada para recaudar fondos mediante tributos extras, pretendía atender las urgencias tras el sismo, pero la Fiscalía sostuvo que los proyectos seleccionados se diseñaron antes del terremoto y no estaban contemplados como prioritarios bajo la legislación aprobada.
Durante el juicio, tanto Glas como otros procesados negaron las acusaciones. El ex vicepresidente afirmó ante el tribunal no haber manejado fondos ni haberse beneficiado personalmente, sosteniendo que las decisiones adoptadas por el comité contaron con la aprobación de sus integrantes. En consonancia, la defensa legal solicitó la ratificación de la inocencia del acusado y consideró insuficiente la evidencia presentada por la Fiscalía.
El abogado Andrés Villegas, representante legal de Glas, argumentó ante los jueces que la ausencia de lucro propio o para terceros impedía configurar el delito de peculado, postura respaldada por la defensa de Carlos Bernal. No obstante, las autoridades judiciales desestimaron estos alegatos y ratificaron la responsabilidad penal de ambos exfuncionarios.
(Con información de AP)