Tras la muerte de su padre, una joven de 17 años se fue por tierra hasta Santiago para ayudar a sobrevivir a su mamá y su hermanito. Autoridades de la nación vecina la hallaron en un trabajo temporal, le dieron protección especial y la trasladaron al país
Fuente: eldeber.com.bo
La escena fue tan breve como conmovedora. En la terminal internacional del aeropuerto Viru Viru, bajo las luces de la madrugada, una adolescente boliviana de 17 años se reencontró con su madre tras varios meses de separación. Se abrazaron como si quisieran recuperar el tiempo perdido. Ambas lloraron. La madre, conmovida, no soltaba la mano
de su hija; la joven apenas podía hablar del alivio que sentía. “Estoy viva, mami”.
La adolescente había partido de Montero, en Santa Cruz, movida por la desesperación. Su padre falleció a comienzos de este año, y con él se fue la principal fuente de sustento del hogar. Con apenas 17 años, la joven asumió un rol adulto. Quería trabajar para ayudar a su madre y a su hermanito menor. No había oportunidades laborales en su entorno, pero sí rumores y promesas —muchas veces peligrosas— que llegaban de conocidos que hablaban de Chile como un país donde siempre hay trabajo para quienes no le temen al esfuerzo.
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Así fue como emprendió el viaje sola, por tierra, sin papeles en regla y sin mayor protección. Cruzó la frontera sin imaginar que su historia terminaría convertida en un caso judicial de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.
Su presencia fue detectada por las autoridades chilenas en marzo, durante una inspección laboral realizada en un fundo agrícola cercano al pueblo de Colina, en las afueras de Santiago. En ese operativo conjunto entre funcionarios del Ministerio del Trabajo y la Policía, los inspectores encontraron a varios trabajadores en situación irregular. Entre ellos, estaba la adolescente boliviana, cumpliendo labores de temporera, es decir, empleada por temporadas cortas en labores agrícolas.
El hallazgo encendió las alertas. Una menor de edad, sin la compañía de ningún familiar, trabajando en condiciones precarias. Inmediatamente, se activaron los protocolos de protección. La joven fue trasladada a una residencia del gobierno chileno y el caso pasó a manos de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.
Desde ese momento, la fiscal Escarlet Bravo Riquelme, junto a un equipo interdisciplinario de asistentes sociales y policías de ese país, asumió la tarea de resguardar a la adolescente y gestionar su retorno seguro a Bolivia. “Estaba completamente sola”, recordó la fiscal en contacto con EL DEBER. “Y su único deseo era volver a su país, estar con su madre, con su hermano. Nunca dejó de pensar en ellos”, puntualizó la autoridad.
El testimonio de la niña fue recogido bajo estricta reserva, en instalaciones adecuadas con cámaras Gesell, destinadas a proteger la integridad de menores víctimas. Allí, la joven contó con detalle las razones de su partida. Dijo que la situación económica en su hogar era insostenible, que su madre no podía trabajar y que ella sentía la obligación de aportar, aunque eso implicara lanzarse al vacío. No tenía contactos reales en Chile, solo una idea vaga de “encontrar algo”.
Fue ese testimonio el que permitió a la Fiscalía chilena solicitar la autorización al Tribunal de Familia para realizar el retorno asistido. Una vez que se comprobó su buen estado de salud, se organizó el viaje: un vuelo directo desde Santiago a Santa Cruz, escoltada por la propia fiscal Bravo Riquelme y agentes policiales. En Viru Viru, la esperaban autoridades de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, encabezadas por la fiscal Jéssica Echeverría, especializada en delitos por razón de género, además de representantes de la Defensoría de la Niñez y la Policía boliviana.
El reencuentro familiar fue emotivo. “Yo siempre mantuve contacto con la mamá para explicarle que la joven estaba bien y que no se preocupara”, explicó Bravo Riquelme. “Entendíamos la angustia. Desde el primer momento, la prioridad fue asegurarle que su hija estaba protegida. Cuando se abrazaron, fue una escena de profunda felicidad. Es por esto que vale la pena el esfuerzo”, apuntó.
Después de la bienvenida oficial y algunas entrevistas necesarias, la joven partió rumbo a Montero junto a su madre y sus parientes. Agradecieron públicamente la labor de las autoridades chilenas, quienes no solo resguardaron la integridad de la menor, sino que también abrieron camino para futuros traslados protegidos de adolescentes en situación vulnerable.
La fiscal chilena reconoció que este es apenas uno de muchos casos similares. “En Chile, cada vez más adolescentes llegan desde países como Bolivia, Ecuador, República Dominicana o Venezuela, buscando una mejor vida. Muchas veces lo hacen sin compañía, sin recursos y sin saber en qué condiciones van a trabajar. Detrás de esos viajes hay redes del crimen organizado que se aprovechan de la necesidad de estas personas”.
“No se puede arriesgar tanto por dinero”, reflexionó la fiscal. “Entendemos que hay necesidad, que las familias atraviesan momentos muy duros, pero las jóvenes deben tener edad suficiente, apoyo real de sus familias y las garantías necesarias para migrar. Irse solas las expone a peligros inimaginables: explotación sexual, violencia, abuso, incluso la muerte. Y muchas veces no logran volver”.
A diferencia de otros casos, este fue el primero que se logró resolver con un traslado protegido, gracias a la coordinación de ambos países. Pero el riesgo sigue vigente.