Beijing pasó de la llamada ley antisecesión y la presión militar, a nuevos tipos de agresión híbrida basados en identidad nacional impuesta, control ideológico y silenciamiento de voces en comunidades en el exterior
Fuente: Infobae
El régimen que conduce con mano férrea Xi Jinping continúa expandiéndose fuera de sus fronteras. Los ciudadanos chinos que escapan del régimen para rehacer sus vidas fuera de esas murallas ideológicas y represivas continúan padeciendo sus leyes. Mucho más a partir de la reciente Ley de Reunificación Étnica, un decreto que homogeniza el pensamiento.
Ese decreto genera preocupación sobre todo en los países más cercanos a China, donde más se siente la mano represora del régimen.
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Días atrás fueron el presidente y el canciller de Taiwán, Lai Ching-te y Lin Chia-lung, quienes colocaron a la nueva ley china sobre “unidad étnica” en el centro de la agenda de la isla y la presentaron como algo más que una norma interna de Beijing: se trata de un instrumento con alcance extraterritorial que, según advirtieron, amenaza no sólo la soberanía taiwanesa, sino la libertad de expresión y el orden jurídico de otros países.
En el décimo Ketagalan Forum, el presidente sostuvo que la isla no aceptará “la infiltración del frente unido ni el terror rojo” y que responderá con más cooperación internacional, defensa y resiliencia. Lin, por su parte, afirmó que la ley china para promover la unidad y el progreso étnicos fue promulgada el 1 de julio y que ya ha dado lugar a “casos preocupantes”.
La advertencia no quedó solo en manos del gobierno taiwanés. Gen Nakatani, copresidente de la Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC, por sus siglas en inglés), dijo en Taipéi que esa represión “se ha institucionalizado bajo forma de ley” y sostuvo que uno de los artículos de la norma habilita a China a reclamar jurisdicción penal sobre organizaciones e individuos fuera de sus fronteras, incluso por expresiones realizadas en Tokio, en Taiwán o cualquier nación del globo.
En la apertura del foro, Lai agradeció a IPAC por haber condenado la ley y afirmó que su país “se mantendrá firme” junto a quienes defienden la democracia global y el Estado de derecho. El presidente señaló que la norma “infringe la soberanía de Taiwán” y “persigue religiones y grupos minoritarios”, pero agregó que su alcance va más lejos por el uso de formas de represión transnacional.
En ese punto, el mandatario describió un efecto político concreto. Dijo que la legislación “impone censura política en todas partes del mundo” y genera un “efecto amedrentador” que, a su juicio, toda la comunidad tecnológica debería condenar y rechazar.
Lin retomó esa línea y la amplió con una formulación más jurídica. Según el canciller, la norma ofrece “un pretexto legal” para exportar coerción autoritaria y habilita a los organismos de seguridad chinos a aplicar interpretaciones arbitrarias. Añadió que “cualquier organización o individuo de cualquier país” podría ser objeto de medidas si sus palabras o actos resultan inaceptables para China.
El ministro también vinculó esta ley con un cambio de método por parte de Beijing. Señaló que China pasó de tácticas legales previas, como la llamada ley antisecesión y la presión militar, a “nuevos tipos de agresión híbrida” basados en identidad nacional impuesta, control ideológico y silenciamiento de voces en comunidades en el exterior.
Lai inscribió la discusión en una narrativa política de largo plazo. Recordó que hace 30 años los taiwaneses participaron en su primera elección presidencial directa pese a las amenazas de misiles de China, y dijo que aquel voto comunicó al mundo que el futuro de la isla sería decidido por su propia población.
Durante el Ketagalan Forum, Lin reforzó esa idea con otra secuencia histórica. Señaló que este año coinciden la décima edición del foro y el trigésimo aniversario de aquella elección, además de los 39 años transcurridos desde el fin de la ley marcial en 1987, un período que, remarcó, ya supera la duración de los 38 años de ese régimen instaurado en 1949.
El canciller utilizó esos hitos para sostener que la democracia taiwanesa no es una formulación abstracta, sino la base sobre la que la isla construye confianza, cooperación exterior y estabilidad regional.
La trayectoria del foro también fue presentada como una señal del cambio en el entorno estratégico. Lin dijo que, en nueve años, la plataforma recibió a 188 invitados internacionales de 30 países, y que su foco evolucionó desde la geoestrategia de Asia-Pacífico y la seguridad marítima tradicional hacia la defensa colectiva en el Indo-Pacífico y la respuesta a la guerra híbrida y las incursiones en zona gris.
Represión transfronteriza como un problema de seguridad nacional
Nakatani afirmó que el término “represión transfronteriza” recién comenzó a instalarse en la conversación internacional, aunque quienes fueron expulsados de sus países y siguieron militando por sus causas la padecen “desde hace muchos años”. Recordó que en 2024, durante una cumbre de IPAC en Taipéi, el grupo ya había logrado colocar el asunto como una cuestión central de seguridad nacional y no como un tema limitado a los derechos humanos.
Su argumento principal fue que abordar cada episodio de manera aislada lleva a un “callejón sin salida”. Dijo que la interferencia extranjera, la coerción económica y los ciberataques no deben leerse como fenómenos separados, sino como partes organizadas de una estrategia integral.
Para ilustrarlo, apeló a su experiencia como exministro de Defensa. Explicó que cuando el espacio aéreo de un país es violado, los radares lo detectan y los cazas despegan, pero cuando una persona en territorio nacional es reducida al silencio por miedo a una potencia extranjera “no existe ninguna alarma” que suene de manera visible, aunque la soberanía y los derechos humanos estén siendo vulnerados.
Esa definición llevó a Nakatani a pedir un cambio de enfoque. Sostuvo que la represión encubierta del Partido Comunista Chino no debe verse como un mero exceso policial, sino como una parte del ejercicio de influencia exterior, y reclamó una estrategia integrada con intercambio de información, cooperación diplomática, contramedidas económicas y redes de protección transfronterizas.
Detenciones y presiones sobre diásporas
Nakatani fue más allá y aportó además ejemplos concretos para describir el problema. Dijo que, desde la promulgación de la ley antiespionaje china, al menos 17 personas de conciencia fueron detenidas, y añadió que el año pasado empleados de empresas en sus cincuenta y sesenta años, dedicados durante décadas a los vínculos económicos entre Japón y China, recibieron condenas de tres años y seis meses de prisión.
Según su relato, ni los implicados, ni sus familias, ni el gobierno japonés fueron informados de qué conducta específica se les imputaba. Para el dirigente de IPAC, esa opacidad implica que “cualquiera puede ser arrestado”.
También aseguró haber escuchado como legislador testimonios de personas originarias de Xinjiang, Tíbet o Hong Kong residentes en Japón que fueron fotografiadas al asistir a reuniones y luego presionadas a través de familiares que permanecen en sus lugares de origen. A partir de esos casos, afirmó que Japón debe ser un país donde quienes buscan refugio puedan hablar “sin temor alguno”.
Nakatani mencionó además un episodio reciente en Taiwán. Dijo que hace apenas unas semanas el periodista japonés Jaisuta Akiyuki fue atacado al terminar una conferencia, aunque aclaró que la investigación seguía en curso y que no podía hacer afirmaciones categóricas sobre ese hecho.
Más defensa, cooperación y apuesta tecnológica
Frente a ese escenario, Lai dijo que la posición taiwanesa es clara: no observará pasivamente cómo China intenta extender su alcance sobre la isla “o cualquier otra nación o región libre”. El presidente prometió construir sistemas más sólidos para prevenir, contrarrestar y protegerse de esas amenazas, además de profundizar la cooperación con aliados y socios.
La respuesta oficial incluyó también un plano militar y social. Taiwán seguirá mejorando su defensa nacional y desarrollando una resiliencia de “toda la sociedad”, con apoyo de la cooperación internacional, para preservar la paz y la estabilidad en el estrecho y en el Indo-Pacífico.
En paralelo, presentó la competencia tecnológica como parte de la misma estrategia. Afirmó que Taiwán impulsa aplicaciones de IA en todos los sectores y concentra sus esfuerzos en tres tecnologías: fotónica de silicio, computación cuántica y robótica. Dijo además que la isla busca ser algo más que un centro de infraestructura para inteligencia artificial y que aprovechará su experiencia en semiconductores y tecnologías de la información y la comunicación para fortalecer cadenas de suministro de largo alcance con socios democráticos.
Lin encuadró ese movimiento dentro de la diplomacia taiwanesa de los últimos dos años. Remarcó que Taipéi avanzó en una diplomacia basada en valores y en una política integrada, con cooperación en seguridad, economía, tecnología y principios democráticos junto a Estados Unidos, Japón y miembros de la Unión Europea.
X: @TotiPI
