Carlos Alarcón presentó el primer proyecto de reforma parcial y Tuto Quiroga anuncia otro. Ambas iniciativas buscan abrir la economía a inversiones y modificar el sistema judicial. El Gobierno apuesta, por ahora, por una Ley de Inversiones sin tocar la Constitución.
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El diputado Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, presentó un primer proyecto que plantea “desconstitucionalizar” 30 artículos, prohibir las nacionalizaciones y restablecer el arbitraje internacional en controversias entre el Estado y los inversionistas.
A esta iniciativa se suma la anunciada por el líder de Libre, Jorge Tuto Quiroga, quien anticipó otro proyecto orientado a generar seguridad jurídica, atraer capital extranjero y modificar disposiciones que, a su juicio, frenan las inversiones.
Las propuestas abren una discusión sobre si Bolivia puede modificar el modelo económico construido durante los gobiernos del MAS mediante nuevas leyes o si antes necesita cambiar la Constitución de 2009. Paz optó hasta ahora por la primera ruta y remitió una Ley de Inversiones que no plantea ajustes a la CPE.
La propuesta de Alarcón
El proyecto fue presentado el 13 de agosto ante la Vicepresidencia y se ampara en el artículo 411, que regula la reforma parcial de la Constitución.
“He tomado la posta que ha pasado el Presidente. Hay que generar un liderazgo en la Asamblea Legislativa político e histórico”, dijo Alarcón a EL DEBER. Según el diputado, su “ley corta” permitiría “remediar el desastre económico, energético y judicial que nos ha dejado el MAS”.
El camino exige, sin embargo, un amplio acuerdo político porque esa reforma necesita dos tercios de los legisladores presentes y posteriormente debe ser sometida a referéndum.
El núcleo de la propuesta consiste en incorporar un artículo 412 que permita “desconstitucionalizar” 30 artículos. Estos no desaparecerían, pero sus materias pasarían a regularse mediante leyes especiales aprobadas por dos tercios, sin necesidad de nuevos referendos.
Trece de esos artículos corresponden al Órgano Judicial, Tribunal Constitucional y Ministerio Público; otros 17 están relacionados con el modelo económico y sectores estratégicos.
En materia judicial, la reforma abriría la posibilidad de eliminar la elección popular de magistrados y sustituirla por un mecanismo de “designación meritocrática”.
Nacionalizaciones y arbitraje
El segundo eje incorpora un artículo 413 que prohibiría constitucionalmente “todo tipo de expropiación, nacionalización, estatización y/o reversión” de inversiones nacionales y extranjeras.
También permitiría resolver controversias mediante la justicia boliviana o arbitraje nacional o internacional, cuando exista acuerdo entre las partes.
“Esta es la verdadera garantía de fondo. Prohíbes las estatizaciones, nacionalizaciones y habilitas plenamente el arbitraje nacional e internacional”, sostuvo Alarcón.
El proyecto también plantea derogar la causal de “traición a la patria” vinculada al régimen de recursos naturales, el artículo 320.II sobre inversiones extranjeras y el artículo 366, que impide el arbitraje internacional en hidrocarburos.
Tuto se suma
Quiroga anunció que Libre presentará su propia reforma. El expresidente ya había planteado este camino durante la campaña de 2025.
Ahora vincula el cambio constitucional con la crisis energética y advierte que, sin nuevas inversiones, Bolivia podría enfrentar mayores problemas de abastecimiento de GLP, gas y electricidad.
Su planteamiento coincide con el de Alarcón en la seguridad jurídica y arbitraje internacional.
Paz impulsa una Ley de Inversiones y prepara otras normas para hidrocarburos, minería, electricidad y economía verde, sin modificar por ahora la Constitución.
Alarcón considera insuficiente esa vía y recuerda que Bolivia ya cuenta desde 2014 con una Ley de Inversiones aprobada durante el Gobierno de Evo Morales.
