“Es una burla, es una afrenta no solo a la memoria de Marco Aramayo, sino de la población. Yo creo que como abogado y más como boliviano, deberíamos sentirnos con cierto hastío de ver cómo se maneja estos preceptos. La verdad es lamentable una investigación de 10 años, en este tiempo no se investigó nada, son 200 millones de dólares que han quedado en la nebulosa y sin que se haya resuelto nada”, manifestó.
Fuente: ANF
A una década de estallar el caso por el desfalco al Fondo Indígena, los abogados de las partes cuestionaron la retardación judicial que se registró en la investigación y emisión de la acusación por parte del Ministerio Público, además que hasta el momento no exista fecha y hora para el inicio de juicio oral.
Héctor Castellón, abogado del fallecido Marco Aramayo, en declaraciones a la ANF, afirmó que ese caso muestra la decadencia de la justicia porque se vio una clara injerencia por parte del gobierno de Evo Morales, con el fin de no investigar a los dirigentes que se beneficiaron con los proyectos, además de cercanos al exmandatario.
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“Es una burla, es una afrenta no solo a la memoria de Marco Aramayo, sino de la población. Yo creo que como abogado y más como boliviano, deberíamos sentirnos con cierto hastío de ver cómo se maneja estos preceptos. La verdad es lamentable una investigación de 10 años, en este tiempo no se investigó nada, son 200 millones de dólares que han quedado en la nebulosa y sin que se haya resuelto nada”, manifestó.
El miércoles recién se conoció que, en mayo de 2024, el Ministerio Público emitió una acusación formal contra 14 implicados, entre ellos la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo y otras 13 personas, por el desfalco y la no ejecución de 153 proyectos del exFondo Indígena. Sin embargo, no se inició el juicio oral hasta el momento porque el Juzgado Anticorrupción 12, de La Paz no remitió los antecedentes al tribunal de sentencia.
Al respecto, Eduardo León, abogado del exdirigente Rafael Quispe quien interpuso la demanda, también observó el actuar de la fiscalía ya que hasta el momento no se conoce si se recuperaron bienes inmuebles o recursos y a cuánto asciende el daño económico. A su criterio, el caso se reactivó ante la proximidad de las elecciones y el cambio de gobierno.
“El fiscal departamental de La Paz debe tener la capacidad de señalar cuanto han recuperado del fondo indígena, cuantos bienes han logrado retener para poder recuperar el desfalco. Además, debe explicar cuántas personas han sido liberadas de las investigaciones. Quieren evadir su responsabilidad y recién se intenta agilizar el caso”, afirmó.
Al respecto, el fiscal del caso Daniel Portales señaló que el caso es bastante complejo debido a la multiplicidad de implicados y una basta cantidad de elementos que se han obtenido en la etapa de investigación. Además, indicó que la pandemia también afectó al avance de ese proceso.
El daño económico
Por otra parte, León señaló que el daño económico no solo es de Bs 102,2 millones como lo estableció el informe final de la intervención al exFondo Indígena, sino que asciende a más de $us 700 millones. En su criterio, la fiscalía debió establecer el monto exacto de ese aspecto.
“Solamente se han quedado con el informe de la intervención que daba como resultado de 100 millones de dólares de daño económico al Estado, cuando en realidad y de acuerdo a la prueba que nosotros hemos aportado, este daño económico es de 700 millones de dólares”, resalto.
Sobre ese tema, Portales indicó que el daño económico que se identificó “es alrededor de cinco a 10 millones de bolivianos, aproximadamente”.
Sin embargo, la intervención al Fondo Indígena concluyó que el daño económico ascendía a Bs 102,2 millones; mientras que una investigación de la Contraloría General del Estado identificó Bs 71 millones en 153 proyectos.
Al respecto, Castellón consideró que el daño no solo están en los proyectos que no se ejecutaron, sino en los recursos que el Estado destinó para la intervención y liquidación del exFondo.
Asimismo, precisó que el caso pasó por tres gobiernos donde no se hizo ninguna acción contra os implicados, se refirió a los mandatos de evo morales, el gobierno de transición de Jeanine Añez y de Luis Arce.
“Lo que más extraña es que hayan pasado tres gobiernos y en los tres se hayan mantenido la misma línea de encubrimiento. Hemos visto un gobierno de Evo Morales, de transición donde se ha permitido y se ha apañado esto y ahora hemos visto un gobierno que, supuestamente, está en contra de todos los actos de corrupción”, añadió.
El caso data de 2015 a denuncia del exdirector Marco Aramayo ya que identificó varias irregularidades en el proceso; sin embargo, fue encarcelado y procesado por el gobierno de Evo Morales en más de una centena de casos. Aramayo falleció en abril de 2022, luego de siete años de encarcelamiento en los que sufrió actos de tortura.