Filipe Barbieri, propietario de Santa Rita, denunció que se encuentra retenido junto con sus trabajadores por un grupo armado de avasalladores, por ello pidió ayuda a la Policía.
El Ministerio de Gobierno informó en un comunicado publicado cerca de la medianoche de este jueves que «ordenó» un operativo policial para levantar el avasallamiento del predio Santa Rita, en la provincia Guarayos de Santa Cruz.
En un contacto telefónico, Filipe Barbieri, propietario de Santa Rita, denunció que se encuentra retenido junto con sus trabajadores por un grupo armado de avasalladores, por ello pidió ayuda a la Policía.
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El grupo irregular atacó su camioneta y la de su encargado, dejando herido a uno de sus trabajadores, denunció la víctima.
«Ellos probablemente están ahí en la puerta principal de la propiedad controlando la salida. Entonces, estamos retenidos aquí dentro del campamento, y probablemente va a haber un conflicto ahí al llegar el contingente policial que ya está en camino», dijo Barbieri a la red Unitel.
Operativo
El Ministerio de Gobierno, «en el marco de sus atribuciones constitucionales y su firme compromiso con la defensa del Estado de derecho», expresó su «rechazo categórico a los avasallamientos de tierras».
«Condenamos de manera enérgica cualquier toma ilegal de tierras en el departamento de Santa Cruz o en cualquier otra región del país. Estas acciones constituyen un atentado contra la propiedad agraria y la seguridad jurídica, pilares esenciales para la convivencia pacífica y el desarrollo productivo nacional», reseña el comunicado.
En ese contexto, la cartera del Estado indicó que «se ha instruido al Comando Departamental de la Policía Santa Cruz, el despliegue de unidades especializadas a la comunidad Santa Rita» para «restablecer el orden y la tranquilidad de los pobladores» y «resguardar la integridad física de todas las personas en la zona».
Pero además instruyó la «realización de las investigaciones correspondientes en coordinación con las instancias respectivas».
«Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la propiedad privada y defensa del estado de derecho», reseña el pronunciamiento.