En sus programas, los tres candidatos reconocen una crisis marcada por escasez de divisas, déficit fiscal, endeudamiento y pérdida de confianza. Los tres acusan a los gobiernos del MAS de haber agotado un modelo que ahora consideran fracasado.
Fuente: ANF / La Paz
A un mes de las elecciones presidenciales del 17 de agosto, los programas de gobierno de las principales fuerzas opositoras coinciden en el diagnóstico de una crisis económica profunda en Bolivia, pero divergen en sus propuestas clave.
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La Alianza Libertad y Democracia (ALD), que postula a Jorge Tuto Quiroga; APB-SUMATE (APB), liderada por Manfred Reyes Villa; y la Alianza Unidad (AU), de Samuel Doria Medina, comparten una mirada crítica sobre la gestión económica actual, pero presentan matices importantes en cuanto al tipo de cambio, el manejo de las empresas públicas y la política tributaria.
En sus programas, los tres candidatos reconocen una crisis marcada por escasez de divisas, déficit fiscal, endeudamiento y pérdida de confianza. Los tres acusan a los gobiernos del MAS de haber agotado un modelo que ahora consideran fracasado.
En ese marco común, coinciden también en la urgencia de controlar el gasto público, reactivar al sector privado, atraer inversiones y diversificar las exportaciones. El fomento al emprendimiento, la mejora de la infraestructura y el desarrollo del turismo también figuran como ejes compartidos.
Sin embargo, las diferencias emergen con claridad cuando se trata de las herramientas específicas para abordar estos desafíos. Uno de los puntos de mayor contraste es la política cambiaria.
La propuesta de ALD, liderada por Quiroga, apunta a volver a un tipo de cambio flexible y real mediante el sistema de “Bolsín”, condicionado a una inyección de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI). Samuel Doria Medina, por su parte, también plantea un tipo de cambio flexible, pero administrado con transparencia y subastas periódicas, eliminando el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF).
En cambio, Manfred Reyes Villa, a través de APB-SUMATE, defiende la reimplantación de un tipo de cambio fijo respaldado por reservas internacionales en metálico. Apuesta por la estabilidad como antídoto frente a la especulación y la devaluación.
El manejo de las empresas públicas constituye otro punto de disenso clave. ALD propone vender aquellas que son deficitarias e inviables. AU sugiere cerrarlas si no son rentables ni pueden pagar sus préstamos, pero protege las empresas estratégicas bajo control estatal y administración profesional, descartando privatizaciones.
La propuesta de APB va más lejos: habla de privatización selectiva de empresas no estratégicas, el cierre de las inviables y nuevas formas de gestión como alianzas público-privadas, cooperativas o modelos mixtos.
En materia tributaria, los enfoques también se distancian. ALD enfatiza el control del gasto y la mejora de la administración fiscal, sin proponer rebajas impositivas. AU plantea una reforma integral que simplifique el sistema, amplíe la base tributaria y promueva el consumo formal mediante devoluciones parciales.
APB, en cambio, propone una ambiciosa reducción de impuestos una vez equilibradas las cuentas públicas. Entre sus medidas destacan la baja del IVA al 10%, la eliminación del IGF, la reducción del IUE al 20% y la eliminación de la UFV para aliviar deudas.
Otra diferencia clave es la implementación del Pacto Fiscal. Alianza Unidad (AU) sugiere una redistribución concreta: que el 50% de los nuevos ingresos fiscales se transfiera a las gobernaciones, municipios y universidades. Alianza Libertad y Democracia (ALD) y APB-SUMATE (APB) coinciden en la necesidad de un nuevo pacto, pero no detallan porcentajes.
La política sobre el litio, uno de los recursos estratégicos del país, también presenta matices. ALD y AU abogan por atraer inversión extranjera para desarrollar fábricas de baterías en Bolivia. APB, en cambio, apuesta por contratos de “venta anticipada” (offtake agreements) como mecanismo de financiamiento sin generar deuda pública.
Un aspecto sensible es el de los bonos sociales. Tanto ALD como AU expresan con claridad que “los bonos no se tocan”, mientras que el plan de APB menciona medidas de protección social, pero no hace una declaración explícita sobre la continuidad de estos beneficios.
Pese a sus diferencias, los tres planes comparten la premisa de que el sector privado debe ser el motor del desarrollo. Subrayan la necesidad de garantizar seguridad jurídica y un entorno amigable para la inversión.
Asimismo, todos coinciden en la importancia de fortalecer el Banco Central con mayor independencia y profesionalismo, y de promover una política monetaria responsable que contribuya a estabilizar la economía.
También plantean iniciativas comunes en torno a la explotación de recursos naturales bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia y, en algunos casos, mayor participación privada.
El turismo aparece en los tres programas como un sector con alto potencial para generar empleo y divisas, lo que se vincula con sus propuestas para mejorar la conectividad e infraestructura.
Por último, hay coincidencia en el impulso a los emprendimientos juveniles y femeninos como parte de una estrategia más amplia para dinamizar la economía desde abajo.
En conclusión, los tres candidatos ofrecen un diagnóstico compartido, pero caminos distintos. Tuto opta por medidas ortodoxas y apertura externa; Samuel combina gradualismo fiscal con protección estatal estratégica; y Manfred propone una reforma más radical orientada a la liberalización.