El uso de tecnología aparece como uno de los ejes transversales más recurrentes: escáneres, drones, inteligencia articial e interoperabilidad de datos son propuestas compartidas por casi todos los partidos.
Fuente: ANF
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A medida que se acercan las elecciones generales del 17 de agosto, los partidos políticos han incluido en sus programas de gobierno distintas estrategias para combatir el contrabando, un flagelo que afecta a la economía nacional, a la seguridad fronteriza y al aparato productivo formal. Desde propuestas tecnológicas como drones y escáneres no intrusivos, hasta reformas legales para endurecer penas, los enfoques son diversos, pero coinciden en la necesidad urgente de enfrentar esta problemática estructural.
El Partido Demócrata Cristiano (PDC), cuyo candidato es Rodrigo Paz Pereira, considera que la lucha contra el contrabando debe ir de la mano con el fortalecimiento de los sectores productivos nacionales. Para ello, su propuesta incluye una modernización institucional con énfasis en la implementación de tecnologías digitales avanzadas. El plan destaca que en 2023 el contrabando movió alrededor de $us 3.464 millones, cerca del 8% del PIB, mientras que los decomisos solo representaron el 2,6% de ese monto, reflejando la limitada capacidad estatal de control.
Morena, liderado por Eva Copa, plantea una estrategia específica para combatir el contrabando de oro mediante la creación de una empresa pública estratégica que regule, comercialice e industrialice este mineral. Esta iniciativa tiene un doble objetivo: frenar el contrabando y fortalecer las reservas del Banco Central. Además, su propuesta de reforma policial busca una institucionalidad moderna y ética para combatir delitos como el contrabando y el narcotráfico.
La Alianza Popular (AP), que postula a Andrónico Rodríguez, aborda la lucha desde una perspectiva integral. Propone una reforma aduanera con una plataforma digital única interoperable con Impuestos, Migración y la UIF. A nivel legal, plantea una reforma del Código Penal que incorpore el delito de “contrabando agravado y organizado” con penas más severas, así como la extinción de dominio de bienes sin condena previa.
AP también pone énfasis en el uso de inteligencia artificial para detectar operaciones sospechosas y en la implementación de escáneres no intrusivos en fronteras. Destaca la necesidad de coordinar acciones con entidades como la FELCN y el Ministerio Público, así como la firma de acuerdos binacionales con países vecinos para operativos conjuntos y el intercambio de información aduanera.
La Alianza Libertad y Democracia (Alianza LIBRE), con Jorge Tuto Quiroga como candidato, coincide en varios puntos con la Alianza Popular. Propone una reforma estructural de la Aduana y la creación de una plataforma digital interoperable. También impulsa la extinción de dominio y la inclusión del delito de contrabando agravado en el Código Penal, con un enfoque fuerte en la tecnificación del control fronterizo mediante drones, escáneres y radares.
Alianza LIBRE además subraya la importancia de acuerdos binacionales para el control aduanero y de políticas específicas para evitar el contrabando de productos energéticos como el GLP. Un punto adicional en su propuesta es el fortalecimiento de la justicia en zonas fronterizas, para garantizar una respuesta legal oportuna ante los delitos transnacionales.
Por su parte, la Alianza Unidad, liderada por Samuel Doria Medina, opta por una estrategia de militarización de las fronteras y patrullaje permanente con tecnología avanzada. Plantea unidades especializadas en inteligencia geoespacial y vigilancia remota, además de acciones concretas para formalizar el comercio en zonas altamente informales mediante unidades municipales de formalización.
Esta alianza también propone un seguimiento estricto del comercio ilegal de oro y coca, sugiriendo una mayor participación estatal en su compra y regulación. Otro eje central es el control bancario de operaciones sospechosas, junto con la promoción de marcos de cooperación regional para enfrentar delitos transnacionales.
Finalmente, la Alianza APB-SUMATE, con Manfred Reyes Villa como candidato, plantea una combinación de medidas de seguridad, desarrollo económico y endurecimiento de penas. Su programa contempla Bases Integrales de Seguridad Fronteriza con tecnología de punta como drones y sensores inteligentes, además de la creación de Zonas Económicas Estratégicas con incentivos fiscales para atraer inversión y generar empleo legal.
APB-SUMATE también impulsa la liberalización comercial mediante la reducción de aranceles a bienes de capital e insumos estratégicos. En este marco, se apuesta por optimizar la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE 2.0) para digitalizar y agilizar los trámites, lo que ayudaría a reducir el contrabando incentivando el comercio formal.
Una medida distintiva del programa de Reyes Villa es el Plan de Repoblamiento Estratégico Fronterizo, que busca consolidar la presencia estatal en las regiones más vulnerables al contrabando y al crimen transnacional. Esta iniciativa plantea un enfoque de desarrollo territorial que complementa las estrategias de seguridad.
En conjunto, los seis programas analizados coinciden en que el contrabando no solo constituye una pérdida fiscal, sino también una amenaza estructural al desarrollo productivo nacional y a la seguridad estatal. Las propuestas varían desde la institucionalización y tecnificación del control, hasta el rediseño de políticas comerciales y penales.
El uso de tecnología aparece como uno de los ejes transversales más recurrentes: escáneres, drones, inteligencia artificial e interoperabilidad de datos son propuestas compartidas por casi todos los partidos. Del mismo modo, hay un consenso creciente en torno a la necesidad de reformas legales para tipificar nuevas formas de contrabando y aplicar sanciones más efectivas.
Sin embargo, las diferencias aparecen en el enfoque: mientras algunas propuestas privilegian el desarrollo productivo y la formalización, otras se inclinan más por el control militarizado y la penalización dura. Esta diversidad refleja las distintas visiones sobre cómo articular seguridad, economía y justicia en la lucha contra el contrabando.
