Los pueblos indígenas Guaraní, Weenhayek y Tapiete del departamento de Tarija declararon personas no gratas a los 20 asambleístas que aprobaron el proyecto de ley para la reducción de escaños en la ALDT
En la ciudad de Yacuiba, las naciones indígenas Guaraní, Weenhayek y Tapiete del departamento de Tarija, a través de sus organizaciones matrices —la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), la Organización de Capitanías Weenhayek (ORCAWETA) y la Asamblea del Pueblo Indígena Tapiete (APIT)— se reunieron en una asamblea para emitir un pronunciamiento conjunto en defensa de su representación en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT).
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A través de una Resolución, las tres naciones expresan su rechazo a la aprobación de la Ley que plantea la reforma parcial del Estatuto Autonómico de Tarija, que reduce de tres a dos los escaños asignados a los pueblos indígenas en el órgano legislativo departamental. Esta decisión fue calificada como arbitraria, ilegal, inconstitucional y discriminatoria, ya que vulnera derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado.
El pronunciamiento, según el reporte de Radio ACLO Chaco, denuncia la falta de una consulta previa, libre e informada, “lo que constituye una violación al artículo 30, parágrafo II, numeral 15 de la CPE, y al Convenio 169 de la OIT, ratificado por Bolivia mediante la Ley N.º 1257”. Las naciones indígenas destacan que esta reforma no fue consensuada con los pueblos originarios, desconociendo su participación efectiva, derechos colectivos y el principio de representación plural.
Consulta previa Exigen que se convoque a un proceso de reforma amplia, participativa e incluyente, donde los pueblos originarios tengan voz y voto
«La decisión adoptada por la Asamblea Legislativa Departamental representa una regresión en el ejercicio de nuestros derechos políticos, conquistados a lo largo de décadas de lucha y resistencia. La exclusión deliberada de nuestros pueblos en las decisiones que afectan directamente nuestra representación política atenta contra la democracia, la justicia social y la inclusión real en el proceso autonómico departamental», señala la Resolución.
Frente a este escenario, las tres naciones indígenas se declararon en emergencia permanente y se reservan el derecho de iniciar acciones legales y constitucionales ante las instancias correspondientes. Exigen al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que actúe como garante del respeto a los derechos fundamentales y declare inconstitucional la reforma estatutaria, en resguardo del principio de progresividad de los derechos humanos y la intangibilidad de los derechos colectivos indígenas.
Asimismo, demandan a la Asamblea Legislativa Departamental y al gobernador, Oscar Montes, que se abstengan de continuar con acciones que atenten contra la representación indígena y convoquen a un proceso de reforma amplia, participativa e incluyente, donde los pueblos originarios tengan voz y voto como actores históricos y fundamentales en la construcción de la autonomía departamental.
Además, declararon personas no gratas a los 20 asambleístas que aprobaron la cuestionada reforma, acusándolos de haber traicionado el principio constitucional de representación plural, y de actuar sin el consentimiento de las bases indígenas.
“Estos nombres quedarán registrados en la memoria de nuestros pueblos como responsables de un acto de regresión democrática y vulneración de derechos colectivos. Desde hoy, no son bienvenidos en nuestros territorios ni reconocidos como interlocutores legítimos ante nuestras comunidades”, subraya el voto resolutivo.
Finalmente, el pronunciamiento reafirma la vocación de paz, diálogo y construcción colectiva de los pueblos indígenas, pero también su firme decisión de no retroceder en la defensa de sus derechos. “Desde la memoria viva de nuestros pueblos, ratificamos nuestra lucha. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un curul menos! Los pueblos indígenas no se negocian», concluye el documento, firmado de manera conjunta por las autoridades de las tres naciones.