La Casa Blanca alega que la justicia brasileña está realizando una caza de brujas contra Bolsonaro, quien cumple desde este fin de semana las medidas cautelares dictadas por el tribunal.
Fuente: Pagina 12
El conflicto entre Brasil y Estados Unidos se agravó este sábado tras las sanciones del Gobierno de Donald Trump a magistrados del Supremo brasileño, mientras que el expresidente Jair Bolsonaro pasa el fin de semana recluido en su domicilio por orden judicial.
El líder de la ultraderecha, procesado por golpismo por la Corte Suprema y eje de la discordia, cumple desde este sábado las medidas cautelares dictadas por el tribunal este viernes por instigar y auxiliar al Gobierno de Trump en la práctica de actos hostiles contra Brasil. Ello implica el uso de una tobillera electrónica, permanecer en casa durante la noche y fines de semana y no usar redes sociales, entre otras respuestas judiciales a las gestiones que, con su hijo y diputado Eduardo Bolsonaro, ha hecho ante Washington para presionar a los magistrados que lo juzgan y al propio Brasil.
En el caso de los jueces, la sanción llegó la noche del viernes, cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la revocación de los visados del juez Alexandre de Moraes, relator del proceso por golpismo. «La caza de brujas política del juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, contra Jair Bolsonaro creó un complejo de persecución y censura tan arrollador que no solo viola los derechos básicos de los brasileños, sino que también (…) apunta a los estadounidenses», señaló Rubio en un comunicado. «Ordenamos la revocación de visados para Moraes y sus aliados en el tribunal, así como para sus familiares más cercanos con efecto inmediato», remarcó.
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La decisión anunciada por el secretario de estado se sumó a la amenaza del mandatario republicano, quien dice estar dispuesto a aplicar aranceles del 50 por ciento a Brasil a partir del 1 de agosto, si no se pone fin al proceso penal contra el líder de la extrema derecha del país.
«Medida arbitraria e inaceptable»
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió a las sanciones a los miembros del Supremo en una dura nota oficial, en la que la definió como una medida arbitraria de la Casa Blanca. «Ningún tipo de intimidación o amenaza, de quien quiera que sea, comprometerá la más importante misión de los poderes e instituciones nacionales, que es actuar permanentemente en la defensa y la preservación del Estado Democrático de Derecho», afirmó el líder progresista.
«La interferencia de un país en el sistema de Justicia de otro es inaceptable y hiere los principios básicos del respeto y la soberanía entre las naciones», agregó Lula, quien desde la semana pasada, cuando Trump amenazó con los aranceles, mantiene un firme pulso con el líder republicano.
La ministra de Relaciones Institucionales de Brasil, Gleisi Hoffmann, afirmó que la decisión del Gobierno de Estados Unidos es una ofensa a la Justicia brasileña. «La revocación del visado de entrada en Estados Unidos a los magistrados del STF (Supremo Tribunal Federal) es una ofensa al Poder Judicial brasileño y a la soberanía nacional», afirmó Hoffmann en un mensaje publicado en sus redes sociales.
La ministra precisó que, además de Alexandre de Moraes, la sanción estadounidense fue extendida a otros siete magistrados de la Corte Suprema: Luís Roberto Barroso (presidente de tribunal), Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flavio Dino, Cármen Lúcia, Edson Fachin y Gilmar Mendes. «Esa represalia agresiva y mezquina a una decisión del tribunal expone el nivel degradante de la conspiración de Jair Bolsonaro contra nuestro país», aseguró.
El bolsonarismo busca apoyo internacional
Bolsonaro y siete de sus antiguos colaboradores responden ante el Supremo a acusaciones de «golpe de Estado», «organización criminal armada», «tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho», «daño cualificado por violencia grave o amenaza» y «deterioro de patrimonio protegido». Según la Fiscalía General, que actúa como parte acusadora, el complot contra la democracia habría comenzado tras la derrota de Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022 frente a Lula, cuya investidura se intentaba impedir.
La acusación dice que, tras fracasar los planes iniciales, se llegó al asalto a los tres poderes del Estado del 8 de enero de 2023, una semana después de la toma de posesión de Lula, cuando miles de ultras intentaron alentar a los militares a derrocar al nuevo Gobierno. El tribunal ya ha recibido los alegatos finales de la Fiscalía y dado plazo para que los acusados presenten sus últimos argumentos, tras lo cual el proceso se iniciará el juicio oral, con sentencias previstas para ser dictadas entre septiembre y octubre próximos.
Con Bolsonaro ausente en las redes sociales, su hijo Eduardo mantiene su febril actividad en las plataformas, que define como una «batalla por la libertad y la democracia». Lo hace desde EE.UU., donde desde marzo pasado dice luchar por justicia para su padre. Este sábado subrayó el carácter político de la amenaza arancelaria y aseguró: «Trump ha percibido que existe una élite financiera que da soporte al régimen brasileño y que de ahí vino el arancel del 50 por ciento».
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Filipe Barros, anunció que ha denunciado la persecución contra Bolsonaro ante organismos internacionales y ha pedido la solidaridad de la derecha mundial. El diputado bolsonarista aseguró que ha accionado a la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y a diversos partidos, entre los que citó al español Vox y al portugués Chega, que ya se han solidarizado con el líder de la ultraderecha brasileña.
Fuente: Pagina 12