Las medidas derivadas de esta determinación comenzarán a ser aplicadas el 5 de junio. Desde noviembre cinco capos de estas organizaciones criminales fueron expulsadas de Bolivia, mientras que se reportó la existencia de más de 100 emisarios.
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La medida anunciada por el Departamento de Estado norteamericano, que entrará en vigor el 5 de junio, marca un cambio cualitativo en la forma en que Washington enfrentará a las dos mayores organizaciones criminales de América del Sur. Ya no serán tratadas únicamente como grupos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado, sino como organizaciones terroristas sujetas a un régimen más severo de sanciones financieras, restricciones internacionales y persecución de sus redes de apoyo.
Para Bolivia, la decisión llegó después de una secuencia de hechos que evidenciaron que miembros de ambas facciones encontraron en el país un espacio para ocultarse, reorganizarse o establecer conexiones con redes criminales locales.
Entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, las autoridades bolivianas detuvieron o expulsaron a cinco capos vinculados al PCC y al Comando Vermelho. El primer caso ocurrió en diciembre, cuando Clever Suárez Aulis y Luis Gustavo Sippes de Oliveira fueron capturados en Santa Cruz con armas de guerra y posteriormente expulsados a Brasil. En febrero cayó en Sucre Vinicius Galbanti Castro, identificado como integrante del PCC.
La lista continuó en marzo con la captura en Santa Cruz de Matheus Nascimento Santos, alias ‘Tiao do CV’, señalado como integrante del Comando Vermelho y vinculado al círculo de protección del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. En mayo fueron detenidos en Cotoca Kleber Nóbrega Pereira, alias “Kekeu”, considerado uno de los líderes del Comando Vermelho, y Micaely Santos Silva. Ambos fueron entregados a la Policía Federal brasileña. Apenas dos semanas después, las autoridades capturaron en la misma región a Gerson Palermo, miembro del PCC condenado a 126 años de prisión en Brasil.
Estos casos se suman a la detención de Marcos Roberto de Almeida, alias ‘Tuta’, uno de los máximos líderes del PCC, capturado en Santa Cruz mientras intentaba renovar documentación boliviana bajo una identidad falsa. Su caso destapó una investigación sobre presuntos vínculos de funcionarios policiales y operadores civiles que habrían facilitado la obtención de documentos y protección a integrantes de la organización criminal.
Reportes elaborados por organismos de seguridad brasileños y bolivianos señalan que al menos 146 miembros del PCC fueron identificados en Bolivia entre reclusos y personas en libertad. Otros análisis elevan la cifra hasta 150 emisarios y advierten que la organización expandió su presencia al 67% de los municipios amazónicos del país.
Los informes describen la existencia de un corredor criminal transnacional que conecta Bolivia con Brasil y Paraguay mediante redes de narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y sicariato. En ese entramado aparecen nombres conocidos como Marset y el boliviano Yasser Andrés Vásquez Cardona, alias “Coco Vásquez”, cuyas organizaciones son señaladas por las autoridades como aliadas o socias operativas del PCC.
¿Qué cambia con la decisión anunciada por el Departamento de Estado?
La declaración no implica una intervención directa ni modifica la legislación boliviana, pero amplía el alcance de las sanciones internacionales contra el PCC y el Comando Vermelho.
Desde junio, cualquier persona, empresa o entidad financiera que les brinde apoyo material podría enfrentar bloqueos de activos, restricciones bancarias y limitaciones para operar dentro del sistema financiero vinculado a EE.UU.
Especialistas advierten que sectores como banca, logística, transporte, comercio exterior, combustibles y agronegocios estarán sometidos a mayores controles para evitar vínculos con redes utilizadas para el lavado de dinero o el financiamiento.
El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, reconoció que la medida tiene “implicancias” para el país debido a la presencia detectada de ambas facciones. La decisión coincide con advertencias de la Fundación Milenio sobre la creciente penetración del crimen organizadol. Las capturas de emisarios muestran que Bolivia es un punto estratégico.
