A una semana del evento histórico, democrático y cívico de la realización de las elecciones generales de 17 de agosto, Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre), Samuel Doria Medina (Alianza Unidad), Rodrigo Paz (Alianza PDC) y Manfred Reyes Villa (Alianza Súmate), apuestan por la -reforma parcial de la Constitución- después de dieciséis años de vigencia y colapso político brutal de la justicia, aunque nunca se han sentado a abordar el procedimiento y su alcance, en común tienen que comparten los valores democráticos, y su filosofía es recuperar la institucionalidad, la economía, seguridad alimentaria, garantizar la propiedad privada, la independencia de los órganos del Estado y liberar a Bolivia del narcotráfico.
Reforma sí, pero ¿qué reforma? Los presidenciales si logran en primera vuelta tener en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) una representación de 2/3 de senadores y diputados, la labor de abrir el texto de la Constitución y abordar cambios nucleares será elevar la democracia a un nivel trascendente y más significativo, como bien apunta el profesor Luigi Ferrajoli. Pero, después de la voluntad de cambios, los partidos políticos y alianzas, deberán tratar de llegar a un acuerdo sobre qué es lo que cada organización quiere reformar y lo que los ciudadanos demandan, en cuya tarea importante las minorías de los otros sectores políticos deben ser escuchados en los debates.
Una reforma para incluir nuevos derechos y para avanzar en un Estado autonómico con mayor descentralización, en que se tenga mejor capacidad de autogobierno, es algo que esperan las regiones, como Santa Cruz entre otras.
Los cambios de mayor calado los proponen los líderes presidenciales de Alianza Libre, Alianza Unidad, Súmate y PDC, al cuestionar que el periodo de reelección presidencial por un mandato ha sido el imán para perpetuarse en el poder como gobernante proscribiendo toda posibilidad de alternancia, por un modelo que prevea solo un mandato presidencial de cinco años improrrogables con alcance a senadores, diputados, gobernadores, alcaldes, Concejeros, Concejales y Magistrados de los órganos judiciales. Esto implica reformar el artículo 168 de la Constitución y los regulatorios de las entidades pertinentes.
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Cómo la democracia no se reduce solo a una jornada electoral, sino que comprende otros factores que interrelacionan los derechos fundamentales con los derechos humanos, con esta visión los presidenciales abogan por la -abolición- del sistema democrático de elección de magistrados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Agroambiental (TA) Y Consejo de la Magistratura (CM), proponiendo la conformación de una Comisión Nacional de Juristas de reconocida idoneidad, experiencia y competencia profesional. Para este propósito se exige 2/3 de votos de los miembros presentes de la ALP y se aplica el referendo, a efecto de que los ciudadanos se pronuncien sobre la conformación de la Comisión Nacional,
sus competencias y el carácter vinculante de sus decisiones (Artículo 411 parágrafo II de la CPE).
Los cambios se vertebrarían sobre otros ejes: la igualdad entre bolivianos que se está desdibujando en el sistema electoral (como la subvaloración del voto ciudad-rural), en lo social, económico y en tema de las garantías efectivas de los derechos humanos.
La reforma debe afrontar el desafío del Sistema del Fondo de Pensiones qué desde la Ley de Pensiones de 2010 administra un patrimonio de 190 millones. Se justifica la propuesta porque Jorge Tuto Quiroga durante la campaña electoral plantea dar una renta vitalicia, y Samuel Doria Medina plantea una reforma estructural completa mediante comisión nacional de alto nivel; es decir, que ambos proponen ampliar las operaciones de inversión de los fondos para mejorar la renta de los jubilados y los aportantes por jubilarse. Para este cometido dirigido a asegurar una renta digna a la población dorada y prodigiosa que brindó al país un servicio público integral, es importante considerar que la Constitución consagra que la seguridad social y su administración es una función pública del Estado (Art. 45 parágrafo IV y VI CPE) que no podrán ser privatizados ni concesionados, y menos convertirse en una caja chica del gobierno.
Las decisiones de los gerentes de la Gestora Pública han ocasionado en el proceso de traspaso de la AFP previsión al Estado la obligación de pagar 100 millones de dólares resuelto en un fallo arbitral y al presente están en riesgo aproximadamente 70 millones de dólares por concepto de inversiones en deudas de instituciones Estatales. Si corre la reforma en relación a la Seguridad Social deberá comenzar con la selección pública por la Asamblea Legislativa Plurinacional de los cuatro gerentes de la Gestora Pública y consiguiente aprobación por 2/3 de votos, de esta forma se podría superar la improvisación, negligencia, irresponsabilidad y el peligro de incertidumbre de la jubilación y seguridad social en su conjunto.
Por último, los candidatos presidenciales deben hacer conciencia que para alcanzar estas reformas, además de prestar el oído a los más de 7, 6 millones de votantes, deben unirse para sumar 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que es posible solo en primera vuelta, y a su vez asumir con convicción y amor a Bolivia la construcción de una sociedad mejor y más equitativa, que requiere en situación de crisis no sólo de ideas y proyectos audaces, sino también de pactos determinantes de impacto socio-económicos en el conjunto de los ciudadanos.
El profesor Luigi Ferrajoli dice: “La creación de instituciones con la autoridad y capacidad para hacer cumplir de manera imperativa y vinculante el conjunto de la Constitución es esencial».
Gutiérrez, agosto 11 de 2025
Pedro Gareca Perales