Aunque las tendencias electorales son claras, y si bien es cierto que nada está dicho entretanto no se conozca el resultado de la votación ciudadana del próximo 6 de diciembre, no es menos cierto que el poder total suele ser origen de toda clase de excesos y tentaciones autoritarias.
Editorial Los Tiempos
En el marco de una concentración electoral, el aspirante a la reelección y actual presidente de Bolivia reveló ante sus simpatizantes que la intención del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones generales del 6 de diciembre próximo no es ganar ni reeditar su actual mayoría legislativa; lo que el oficialismo busca es mucho más que eso: el control de los dos tercios del Congreso.
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Con dos tercios del Congreso a su favor, el partido gobernante no sólo podrá aprobar, modificar, abrogar o derogar cualquier Ley sin necesidad de acudir a acuerdos políticos previos, sino que tendrá la posibilidad de modificar parcialmente la Constitución Política del Estado según su propio interés.
Tal y como están las encuestas de intención de voto que se han hecho públicas hasta el día de hoy, y de no mediar sorpresas que puedan cambiar radicalmente la actual configuración del tablero político, el MAS tiene el camino allanado para lograr una cómoda victoria y asegurar nuevamente su mayoría en la futura Asamblea Legislativa Plurinacional.
Vistas así las cosas, y tomando en cuenta la desorientación política y la fragmentación de las fuerzas políticas opositoras, no es descabellada la intención del Primer Mandatario, y por consiguiente del oficialismo, de acariciar y controlar los dos tercios del Congreso.
Si el MAS lograra su propósito, habrá conseguido dar un tercer y definitivo paso hacia la consolidación de su proyecto político. El primer paso lo dio al triunfar en las elecciones generales de diciembre de 2005, después de una prolongada lucha por el poder librada en Bolivia en el último quinquenio; el segundo paso, y quizás el más trascendental para el oficialismo, se produjo cuando el partido gobernante consiguió finalmente aprobar y refrendar, en un accidentado proceso constituyente, su proyecto de nueva Carta Magna.
La siguiente fase será, como también lo han señalado los propios dirigentes del Gobierno, la de aplicar y poner en vigencia plena dicho texto constitucional, lo cual requiere la construcción de un vasto andamiaje jurídico que dé rostro legal e institucional al nuevo modelo de organización política y administrativa contemplado en la Constitución vigente.
Tamaña tarea requerirá, pues, de una intensa labor legislativa que, desde la óptica del MAS, se verá entorpecida si para ese cometido existe la necesidad de negociar y alcanzar acuerdos políticos con partidos de la oposición; máxime si, como hemos visto hasta hoy, la visión del oficialismo suele, por lo general, ser antagónica e innegociable frente a la visión de las minorías.
Aunque las tendencias electorales son claras, y si bien es cierto que nada está dicho entretanto no se conozca el resultado de la votación ciudadana del próximo 6 de diciembre, no es menos cierto que el poder total suele ser origen de toda clase de excesos y tentaciones autoritarias.
No hay que perder de vista que, después de los comicios generales, el MAS procurará ganar el control de los distintos órganos del Poder Judicial, cuyos miembros —en el nuevo régimen constitucional— serán seleccionados mediante sufragio universal, así como de la mayor cantidad de prefecturas y alcaldías del país.
Y es probable que eso vaya a suceder mientras en el país no exista una oposición capaz de generar los necesarios contrapesos y equilibrios que toda democracia moderna necesita para poder considerarse como tal.