La Oficina de la Presidencia anunció acciones para proteger a periodistas y procesar a los responsables de las agresiones, mientras ocho organizaciones de prensa emitieron una declaración conjunta en la que denunciaron intentos de censura de facto y llamaron a la pacificación.
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“Las agresiones, amenazas y actos de violencia contra la prensa afectan el derecho de la población a estar informada y dañan la convivencia democrática”, señala el pronunciamiento oficial.
El Ejecutivo informó además que coordina acciones con el Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana para fortalecer mecanismos de protección a periodistas en coberturas de alta conflictividad.
Pero la condena no quedó solo en el ámbito gubernamental. Ocho organizaciones periodísticas del país emitieron una declaración conjunta de llamado a la pacificación, en la que denunciaron una escalada injustificable de violencia y alertaron sobre el impacto directo de estos hechos en la libertad de prensa.
“¡Basta de violencia contra la ciudadanía y la prensa!”, señala el documento firmado por la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional, la Asociación de Medios de Comunicación Digitales de La Paz, la Asociación de Periodistas de La Paz, la Asociación de Periodistas de Pando, el Círculo de Mujeres Periodistas, la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de El Alto y la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz.
El pronunciamiento presentado en La Paz por sus principales dirigentes sostiene que los ataques contra ciudadanos, periodistas, camarógrafos, guardias de seguridad, vehículos e infraestructura pública y privada “desbordan los propósitos de una protesta social” y ponen en riesgo vidas humanas y la institucionalidad democrática.
Las organizaciones también denunciaron que periodistas y camarógrafos fueron objeto de agresiones que representan “acciones que buscan implantar una censura de facto sobre la información noticiosa”.
“Ninguna causa que mueva una protesta social puede servir de argumento para arremeter contra la seguridad de la población civil y contra el ejercicio profesional del periodismo”, remarca el documento.
El lunes, reporteros y camarógrafos quedaron expuestos en medio de los disturbios que dejaron daños a bienes públicos, saqueos, ataques a civiles y al menos 11 policías heridos, dos de ellos de gravedad. La Policía reportó más de un centenar de arrestados y anunció el despliegue de más de 2.500 efectivos en La Paz y El Alto ante reportes de nuevas movilizaciones.
Desde el Gobierno, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anticipó acciones judiciales no solo contra quienes participaron en los disturbios, sino también contra dirigentes a quienes atribuye responsabilidad política en la escalada del conflicto.
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