Lavive Guardia Yáñez
Ing. Zootecnia-Agronegocios
El debate sobre la Ley 1720 y el Decreto Supremo 5613 está siendo reducido a una pelea entre “productores” e “indígenas”, cuando en realidad el problema es mucho más profundo: Bolivia nunca resolvió seriamente el ordenamiento territorial ni la seguridad jurídica de la tierra.
Y mientras eso no se resuelva, cualquier expansión seguirá generando conflictos.
La Ley 1720 nace con un argumento válido: permitir que pequeños productores puedan crecer, acceder a crédito, invertir y producir más. Técnicamente, eso tiene sentido. Un país sin producción no genera empleo, no exporta y no se sostiene económicamente.
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Pero también es verdad que muchos sectores indígenas y campesinos tienen razones legítimas para desconfiar. Porque en Bolivia la historia demuestra que cuando no existen controles claros, el más fuerte termina absorbiendo al más débil.
Y ahí está la verdadera discusión.
En Santa Cruz existe un aparato agroindustrial fuerte, moderno y exportador. Pero también es cierto que gran parte de la tierra productiva termina concentrada en pocos grupos económicos. En el Beni, mientras tanto, tenemos enormes extensiones de tierra donde muchos propietarios —bolivianos y extranjeros— invierten más en Santa Cruz que en desarrollar realmente el departamento. El Beni sigue teniendo enormes potenciales ganaderos, turísticos y productivos, pero continúa olvidado en infraestructura, industrialización y planificación.
Pando, por otro lado, tiene una lógica distinta. Tiene una producción importante ligada a la castaña, al bosque y a una ganadería que ha mejorado muchísimo en calidad genética. Pero también mantiene territorios ambientalmente más sensibles, donde el temor a una expansión desordenada no es un invento ideológico, sino una preocupación real.
Porque expandir sin orden sí trae consecuencias.
Brasil es el mejor ejemplo: crecimiento agropecuario enorme, pero también concentración de tierras, desplazamiento de pequeños productores, presión ambiental y conflictos sociales permanentes. Bolivia no debería copiar únicamente el modelo de expansión; debería aprender también de sus errores.
El problema es que aquí seguimos queriendo crecer sin haber resuelto lo básico:
Saneamiento completo, seguridad jurídica real, límites claros de expansión, uso de suelo serio, protección ambiental coherente, acceso equilibrado al crédito, y una política territorial transparente.
Entonces aparece una contradicción peligrosa: se impulsa el crecimiento productivo en un país que todavía no sabe exactamente dónde puede expandirse, cuánto puede expandirse y bajo qué reglas.
Y cuando el Estado no ordena, el conflicto lo termina resolviendo el poder económico o la presión social.
La Ley 1720 tiene beneficios reales. Permite convertir una pequeña propiedad en mediana propiedad y abrir acceso al sistema financiero formal. Pero también tiene una letra chica que muchos prefieren no discutir: la pequeña propiedad deja de tener ciertas protecciones históricas y entra a una lógica de mercado donde puede hipotecarse, endeudarse y eventualmente perderse.
Por eso tanta gente del área rural desconfía.
No porque estén “en contra de producir”, sino porque saben que sin regulación el pequeño productor puede terminar convertido en el eslabón más débil del sistema.
Y tampoco se puede negar que Bolivia necesita producir más alimentos, exportar más y generar más movimiento económico. Negar eso sería irresponsable.
El verdadero error ha sido convertir esta discusión en una guerra política entre bandos, cuando ambos lados tienen parte de razón.
Unos defienden producción.
Otros defienden territorio.
Y el Estado, en lugar de equilibrar ambas cosas, llega tarde como siempre.
Porque el problema de fondo no es solamente producir más o proteger más. El problema es que Bolivia todavía no definió un modelo de desarrollo territorial serio y sostenible.
No se puede hablar de expansión agrícola mientras continúen existiendo regiones abandonadas por el propio Estado. No se puede exigir productividad sin caminos, sin industrialización, sin planificación hídrica y sin reglas claras. Y tampoco se puede hablar de defensa territorial mientras miles de pequeños productores siguen atrapados en economías de subsistencia sin acceso a financiamiento ni tecnología.
Bolivia no necesita frenar el desarrollo. Necesita ordenar el desarrollo.
Porque producir sin control destruye.
Pero bloquear toda expansión también condena al estancamiento.
Y mientras sigamos discutiendo quién tiene la culpa, sin exigir un verdadero ordenamiento territorial nacional, seguiremos atrapados en el mismo conflicto: crecer desordenadamente y luego intentar apagar incendios sociales, ambientales y económicos que pudieron evitarse desde el principio.