Marcelo Arce Mosqueira formó parte de la creación de la empresa subsidiaria que se adjudicó 12 contratos con la estatal petrolera de Bolivia para la venta de diésel, gasolina y petróleo crudo, apuntó el dirigente petrolero Ludwig Sánchez
Fuente: ANF / La Paz
Conforme avance el proceso, el denunciante anunció que solicitará que el Ministerio Público amplíe las investigaciones contra Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, por las irregularidades en el suministro de combustible por parte de Botrading a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
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El dirigente de la Confederación Nacional de Petroleros y demandante del caso, Ludwig Sánchez, en declaraciones a la ANF, aseguró que Arce Mosqueira formó parte de la creación de la empresa subsidiaria que se adjudicó 12 contratos con la estatal petrolera para la venta de diésel, gasolina y petróleo crudo.
“Seguramente nuestros abogados van a presentar un requerimiento para ampliar la investigación hacia el autor intelectual de este terrorismo criminal, que ha sido orquestado por los funcionarios de Luis Arce, de YPFB Corporación y con la complicidad de intelectual del hijo del presidente Luis Arce, estamos hablando de Marcelo Arce Mosqueira”, afirmó Sánchez.
El miércoles se conoció que la Fiscalía admitió la denuncia del dirigente petrolero por las presuntas irregularidades en el suministro de carburante por parte de Botrading, entre los investigados se encuentra el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, y otros funcionarios de la estatal petrolera.
Anteriormente, Sánchez y otro dirigente de ese sector denunciaron que el hijo del mandatario estaba detrás de todo el negociado, aunque en los registros de constitución de la empresa no se menciona el nombre del aludido. Al respecto, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro gallardo, afirmó que Arce Mosqueira no tiene ninguna vinculación.
Investigados
La denuncia fue presentada el 3 de junio y, de acuerdo a los documentos al que accedió este medio, tres días después la fiscal de la Unidad de Análisis de la Fiscalía Departamental de La Paz, Nilda calle, remitió un memorial a la autoridad jurisdiccional en el que informó el inicio de las investigaciones y los actos procesales.
Los investigados son Sandra Otazú Vera, representante legal de Botrading S. A.; Cinthia P. R., gerente de Contrataciones de YPFB; Gabriela D. S., gerente de Producción e Industrialización de YPFB; Julio C., gerente de YPFB Refinación; Omar A. S., exrepresentante legal de la subsidiaria; Félix C., exgerente de YPFB Logística; Rolando A., exgerente de Botrading; Joel C., gerente de YPFB Logística y Miguel C., exvicepresidente Nacional de Operaciones de YPFB.
El proceso cursa por los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones, incumplimiento de deberes, falsedad material, falsedad ideológica, contratos lesivos al estado, conducta antieconómica y sociedades o asociaciones ficticias.
El dirigente aseguró que, junto a la denuncia, se adjuntó documentación de respaldo y el informe de la comisión especial de la Cámara de Diputados, que investigó los 12 contratos que se adjudicó la firma para el suministro de combustible, desde 2021 hasta 2024.
El fiscal del caso Omar Yujra señaló que se analizó el informe final de la comisión del Legislativo, donde se identificó que existen indicios de daño económico con la creación de la subsidiaria.
“Es documentación pertinente respecto a una investigación paralela que se ha elaborado en otra instancia (Cámara de Diputados), ha sido analizada y verificada por la Unidad de Análisis de la Fiscalía de La Paz y ha establecido que existe presuntamente alguna responsabilidad”, precisó.
En mayo, la comisión especial Diputados concluyó que se encontraron irregularidades en la suscripción de los contratos y recomendó remitir los antecedentes del caso a la Contraloría General del Estado para que investigue a la empresa subsidiaria Botrading S. A.
Según el informe de la comisión, se identificó diferencias de los precios entre la compra de combustible de los proveedores y lo que vendió a la estatal petrolera, por al menos $us 18,7 millones, en 2023; y $us 37,4 millones, en 2024.
Encubrimiento
Por otra parte, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Enrique Urquidi cuestionó que, a más de dos meses de presentar el informe final, la presidencia de la Cámara Baja no haya agendado el tratamiento del caso y se remitan los antecedentes a la Contraloría General del Estado.
“En la Cámara de Diputados se está tratando de encubrir a quienes están implicados en la serie de irregularidades en el caso Botrading – YPFB. Hemos solicitado al presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, que el informe sea considerado en la sesión plenaria, pero no hemos encontrado ninguna respuesta favorable, por eso hay un claro encubrimiento por parte del MAS para que no se trate el informe”, indicó el legislador.