Se ha conocido que la Fiscalía Departamental de La Paz por denuncia presentada por Ludwing Sánchez exfuncionario de YPFB, ha iniciado la investigación preliminar contra el presidente de la estatal petrolera, Armin Dorgathen y otros ejecutivos de YPFB que incluye a Sandra Otazu presidenta de la Botrading con domicilio legal en Paraguay, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes y falsedad material.
Dada la importancia del caso y la complejidad, el fiscal Omar Yujra afirmó que lo que se investiga es al presidente de YPFB y a ocho autoridades de la estatal petrolera. Y que se ha pedido la cooperación internacional con Paraguay porque en ese país se encuentra Sandra Otazu representante legal de Botrading.
Se han advertido contradicciones a lo largo de 2023, 2024 y 2025 de parte del presidente de YPFB, si la Botrading comenzó como Empresa S.A. y luego reconocida subsidiaria de YPFB. En esa confusión de naturaleza y finalidad de Botrading no se conoció el directorio y los protocolos específicos de control sobre las operaciones comerciales de importación de combustibles, volúmenes y cotizaciones internacionales, pero se conoce que Omar Alarcón Saigua desempeñaba desde 2024 doble función ejecutiva en YPFB: como presidente de YPFB Logística y presidente de la subsidiaria Botrading, renunció a este cargo el 30 de agosto de 2024 y el 2 de septiembre del mismo año fue posesionado como presidente, de la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio, cargo al que renuncio el 15 de agosto al estar investigado por la fiscalia por operaciones irregulares en la empresa Botrading.
El informe realizado por el SENAD y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamerica (Gafilat) de 13 y 14 de marzo de 2025, se establece desde Paraguay y Argentina que Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, registra en documentos corporativos financieros investigados, realizó cinco viajes de Bolivia a Asunción Paraguay entre 2023 y 2024, lapso dentro del cual comenzaron y se desarrollaron las operaciones de importación de gasolina, diésel y petróleo por la subsidiaria Botrading con sobreprecio. Y se halló en la investigación la compra de inmuebles con testaferros en barrios residenciales en Asunción.
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Siguiendo el objeto de estudio, Gafilat de Paraguay refiere que hay alertas de operaciones de YPFB, y que los pagos efectuados a la subsidiaria Botrading no coinciden con los precios internacionales de los proveedores asiáticos y europeos. Descubren que el desempeño de bancos paraguayos omite reportar transacciones sospechosas, de lavado de dinero procedentes del narcotráfico. Estos elementos deben ser investigados por la fiscalía. Y además, solicitar la alarma migratoria para evitar que esta no sea tardía, y se pretenda cerrar la tranca cuando el burro ha escapado.
La Comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó a YPFB y la subsidiaria Botrading, concluyó la investigación el 26 de mayo, remitió los antecedentes a la Contraloría General del Estado para que, con base en las irregularidades encontradas por compra con sobreprecios de combustibles, proceda a las auditorias de los contratos.
El diputado Carlos Alarcón afirmó hace pocos días que la Comisión especial del caso de la subsidiaria Botrading, identificó en su investigación un daño económico al país por el orden de 355 millones de dólares. En su hallazgo considera que YPFB utiliza a la subsidiaria Botrading, para una reventa ficticia de combustibles, ocultando sobreprecios y hasta un posible lavado de dinero. Acotó que YPFB constituyó la firma Botrading en Paraguay de manera subrepticia, para revenderse a sí misma combustible, evitando la fiscalización de las autoridades bolivianas.
El informe referido debía ser agendado por la directiva de la Cámara de Diputados, pero al ritmo que se observa en la Cámara y los intereses que importa considerar primero lo ideológico, más probable es que se demore por tiempo indefinido o, bien se resuelva aplicando la mayoría masista aún irreconciliada. Sin perjuicio de este requisito parlamentario, los miembros de la Comisión debían presentarse a la fiscalía como coadyuvantes en la investigación, remitiendo los antecedentes de Botrading.
Lo que para algunos pudiera ser innecesario, el fiscal debía solicitar la alerta migratoria para los que están siendo investigados, incluidos los hijos del presidente Luis Arce Catacora (caso Botrading y propiedad Adán y Eva»), autoridades del nivel central que aparecen como propietarios de «San Marcos» en el Municipio de Cabeza y los testaferros favorecidos en dotaciones de tierras por la ABT y el INRA.
Sin privarse de una competencia legal no menor al tema central de YPFB y ejecutivos, el fiscal Omar Yujra en la investigación debía abarcar la revisión exhaustiva a los protocolos que debían cumplir los laboratorios de control de calidad de los combustibles comprados por la Botrading; esto es, desde el tanque de recepción del producto adquirido, luego en boca de carguio a los cisternas y volver a verificarse en tanque de destino de recepción de los productos en Bolivia. Esos laboratorios están instalados en las Refinerías de Santa Cruz y Cochabamba.
Asimismo, la investigación debe comprender la revisión de contratos con los propietarios de las empresas de tanques de transporte, para determinar los posibles vínculos y elementos de tráfico de influencias de autoridades no sólo de YPFB sino de ejecutivos del nivel central y exministra(o) o dirigentes sindicales afines al sistema de gobierno.
El exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Gabriel Moreno Ocampo dice:» Tu protección es que sabes que eres independiente (…) Así que todos son responsables de lo que deciden».