El juez de instrucción del municipio de Morochata determinó la detención preventiva del sujeto en la cárcel de San Pablo del municipio de Quillacollo.
Milen Saavedra
Fuente: Red Uno
Un escalofriante caso de violencia intrafamiliar conmociona al municipio de Morochata, en el departamento de Cochabamba. Un hombre, identificado como el padre de la víctima, ha sido detenido y enviado a la cárcel de Quillacollo por violar a su hija de 14 años y, posteriormente, asesinar al bebé que nació producto de la agresión. El horrendo crimen salió a la luz el pasado 17 de agosto, cuando la adolescente se armó de valor para confesar a los líderes de su comunidad lo que había sufrido a manos de su progenitor.
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Según el director de la Defensoría de la Niñez de Morochata, Carlos Herrera, la denuncia llegó a su despacho a través de los dirigentes de la comunidad de Vizcachas, ubicada a unos 50 kilómetros del centro poblado. De inmediato, se coordinó un operativo con la policía para intervenir en el caso.
El juez de instrucción del municipio de Morochata determinó su detención preventiva en la cárcel de San Pablo del municipio de Quillacollo.
Las investigaciones preliminares revelaron que el agresor, cuya esposa falleció hace varios años, quedó a cargo de sus cuatro hijos, dos varones y dos mujeres, de 8, 10, 12 y 14 años, siendo esta última la víctima del abuso.
La adolescente confesó que su padre le quitó la vida al recién nacido, presuntamente para eliminar cualquier evidencia que pudiera incriminarlo. El bebé, que habría tenido más de un mes de nacido, fue enterrado por el agresor. La defensa del acusado ha reconocido el hecho y podría acogerse a un procedimiento abreviado.
Rescate y protección de los menores
Tras conocerse la denuncia, la Defensoría de la Niñez de Morochata activó un equipo multidisciplinario para rescatar a los hermanos de la víctima. Por un tiempo estuvieron bajo el cuidado de la Defensoría mientras se buscaba a la familia ampliada. Actualmente, se encuentran bajo la tutela de sus familiares, quienes se hicieron cargo de ellos.
El caso ha generado indignación en la población y pone de manifiesto la urgente necesidad de reforzar la protección a los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. La Defensoría ha anunciado que continuará vigilando el bienestar de los menores.