Las versiones de los internos revelan un entramado de corrupción y violencia en el penal de San Pedro, en La Paz, con denuncias que describen un sistema que, lejos de ser desmantelado, parece haberse institucionalizado con cuotas, sobornos y complicidades.
Fuente: ANF / La Paz
Internos y exreclusos del penal de San Pedro, relataron cómo uniformados habrían facilitado el ingreso de estupefacientes, cobrando sobornos y protegiendo a vendedores, mientras las autoridades penitenciarias defienden las medidas de control implementadas en los últimos años.
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Jonás (nombre cambiado), interno que cumplió condena por narcotráfico, hoy libre, contó que desde 2018 comenzó a vender droga en la sección Guanay. “Vendía de todo: perico, marihuana, papa, hasta alcohol. Eso generó la envidia de otros internos y también persecución. Muchas veces me denunciaron, hasta que un teniente y dos sargentos me intervinieron en mi celda y encontraron droga, celulares y hasta una libreta de cuentas. Yo pensé que iban a hacerme un informe, pero en realidad buscaban plata”, relató a ANF.
Según Jonás, tras ser encontrado con sustancias controladas y objetos prohibidos, fue llevado a un cuarto donde el teniente soltó la palabra clave: “Y ahora cómo arreglamos esto”. Según cuenta, le dijo al oficial que tenía 5.000 bolivianos escondidos en su celda. “Cuando le dije eso, al teniente se le agrandaron los ojos, e inmediatamente me dijo: ve a tu celda y regresas rápido; les dijo a los sargentos: déjenlo ir”.
Jonás señaló que hizo el pago al oficial, pero le impuso condiciones, y este accedió. “Me devolvió todo: droga, celulares, gramera. Desde entonces tuve que pagar cuotas fijas a los policías para que no me molestaran. Ese oficial era un corrupto de corruptos”, aseguró.
El exinterno indicó que por dos años trabajó bajo ese sistema. “Pagaba 500 bolivianos mensuales al teniente L. y 200 o 300 al sargento V. A cambio, no hacían requisas y hasta se ofrecían como intermediarios para ingresar droga y celulares. Me cobraban 100 dólares de comisión por kilo de droga que pasaba al penal”, agregó.
El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, señaló el 28 de julio, en un acto público en el recinto carcelario de San Pedro, que se hicieron muchos esfuerzos para desbaratar a las redes delictivas en esa cárcel.
“A través de la Dirección del Centro Penitenciario se ha logrado mejoras en seguridad. San Pedro es el penal que más golpes ha dado en el último tiempo, desarticulando bandas criminales y sacando droga y alcohol del recinto”, afirmó.
ANF pidió a la Unidad de Comunicación de Régimen Penitenciario la versión del director sobre la implicación de policías en el tráfico de drogas. Hasta la publicación de esta nota no recibió respuesta.
Otros internos coincidieron en que los uniformados son parte activa de la red. Pablo (nombre cambiado), recordó que un sargento operaba con dos cabos y hasta un policía mayor que lo ayudaba a pasar teléfonos y otros objetos. “Una vez a ese policía mayor lo pilló un teniente que era muy correcto, de los pocos que había. El teniente me quiso hacer hablar, pero no dije nada. Al final me castigó con 20 días en (la sección) Muralla, pagué a otro policía para no ir”, explicó a este medio.
Marcio (nombre cambiado) narró que incluso delegados de sección participaron en el negocio. “El delegado ‘kiwi’ (anterior delegado general de San Pedro) me ofreció un terreno para sembrar marihuana. Plantamos casi una tonelada, pero uno de los socios nos traicionó y se robó la cosecha. Era un negocio que se hacía con la complicidad de internos con poder”, recordó.
José (nombre cambiado) complementó ese episodio, relatando la violencia que generó el robo de droga. “Un grupo de cuatro internos entró armado con cuchillos a la sección San Martín para vengarse del que les había robado. Hubo correteos, enfrentamientos, y al final uno de los responsables terminó en Muralla por casi un año. La policía sabía de todo, pero no hizo nada para evitar una posible tragedia”, denunció.
Las redes de distribución también eran cuidadas con cautela. Franco (nombre cambiado), vendedor de droga en San Pedro, explicó que utilizaban intermediarios para evitar ser identificados. “El de afuera paga al policía, que mete la droga al penal. Luego, el policía la entrega a un ‘taxi’ de confianza. Ese es el sistema ahora. El contacto directo casi no existe, todo se hace a través de terceros”, detalló.
La estructura de corrupción no se limitaba a los policías, según los internos. Ramiro (nombre cambiado), también vendedor, aseguró que desde 2021 se pagaba al Consejo de Delegados para obtener puestos de venta. “Un lugar en el Callejón costaba 600 bolivianos. Había rivalidad fuerte porque eran demasiados vendedores”, afirmó a ANF.
Ramiro describió prácticas violentas para la cobranza de deudas. “Declaramos los lunes como los ‘Lunes de sangre’. Éramos cinco o seis que íbamos a cobrar, y al que debía le dábamos una paliza. Así manteníamos el control del negocio”, dijo.
Este medio pudo constatar las palizas, incluso en días de visita, a los deudores. Los golpes son contundentes, en la cara, a veces con palos. Los deudores, generalmente son internos en la indigencia, consumidores de droga abandonados por sus familias, que por lo general roban o venden las donaciones que se les entrega, sobre todo de las congregaciones, para seguir consumiendo.
Los aportes a delegados, según el interno, también eran obligatorios. “En cada festividad había que dar plata o alcohol. Todos los vendedores sabían que tenían que poner su cuota. Muchas veces los mismos delegados organizaban colectas para pagar al policía y meter todo lo que se necesitaba al penal”, añadió.
La corrupción alcanzaba incluso a mandos superiores. “El teniente recibía su parte, pero los delegados también tenían que presentar comisión a la dirección del penal. Los que estaban en la puerta siempre cobraban”, subrayó Ramiro.
Los testimonios de los internos coinciden en describir un sistema en el que policías y delegados compartían beneficios de la venta de drogas, mientras los vendedores mantenían su negocio a cambio de sobornos. La connivencia habría permitido que el mercado ilícito operara con normalidad dentro del recinto.
Para Jonás, la clave estaba en el dinero. “Mientras pagues, no te hacen nada. Incluso te ayudan. Ese era el pacto no escrito: el que paga, vende tranquilo”, sostuvo.
Pablo recordó que los pocos policías que intentaban aplicar la norma terminaban aislados o relevados. “El teniente correcto que pilló al sargento ya no duró mucho. Al final, los corruptos eran mayoría”, comentó.
Marcio consideró que el problema trasciende a los internos, debido a que la droga dentro del penal “no podría entrar sin complicidad policial”. “Ellos son el filtro, pero también el negocio. Esa es la realidad”, sentenció.
José lamentó que los episodios violentos se repitan sin medidas preventivas. “Las peleas por droga podrían terminar en muertes, pero la policía nunca interviene de fondo”, cuestionó.
Franco, en tanto, admitió que la modalidad cambió con el tiempo, pero no la práctica. “Ahora se paga afuera y el policía se encarga de meter todo. El sistema se volvió más sofisticado, pero sigue siendo lo mismo: corrupción”, dijo.
Si bien hay decomisos de droga y alcohol dentro del penal, los internos dijeron que eso es parte de todo el sistema para dar una imagen de control, pero en realidad la droga y el alcohol fluyen.
Las versiones de los internos revelan un entramado de corrupción y violencia en el penal de San Pedro. Mientras las autoridades destacan avances en seguridad, las voces desde dentro describen un sistema que, lejos de ser desmantelado, parece haberse institucionalizado con cuotas, sobornos y complicidades.