Advierten que las cooperativas mineras de Bolivia aprovechan el poder que les otorgó el Estado (Gobierno) para invadir las propiedades de las firmas legalmente constituidas en el país.
Fuente: ANF / La Paz
Ante los constantes avasallamientos que sufren las empresas mineras, el experto en minería e investigador de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova, afirmó que las cooperativas mineras aprovechan el poder que les otorgó el Estado para invadir las propiedades de las firmas legalmente constituidas en el país.
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El especialista, en declaraciones a la ANF, consideró que los cooperativistas obtuvieron varios beneficios del Estado e incluso les permitió presionar para que les entreguen concesiones mineras preparadas o minas abandonadas, pero sin hacer ningún tipo de inversión.
“Estas organizaciones que siguen creciendo tienen muchísimos beneficios del Estado, lo que hacen es avasallar a las empresas legalmente constituidas para aprovechar todo lo que han preparado para su explotación, pero no ponen ninguna inversión. Ese es un problema que se ha ido dando desde hace varios años”, aseguró.
El jueves, la Minera Sinchi Wayra denunció que un grupo de más de 800 cooperativistas, con dinamitas y con actitud violenta, avasalló la Operación Minera Reserva – Tres Amigos. Pidieron a las autoridades competentes asumir acciones ante un posible enfrentamiento con los trabajadores de la firma.
Asimismo, observó que no sólo las cooperativas incurren en esas acciones violentas, sino también lo hacen las comunidades campesinas o indígenas cercanas al sector de explotación, ya que buscan formas de obtener recursos ante la falta de atención por parte de los tres niveles de gobierno.
“Por otra parte, a veces la misma gente de las comunidades realizan ese tipo de acciones violentas que después acaban organizándose como cooperativas. Ahí la cosa es un poco más delicada porque se asienta la operación minera en un lugar donde el nivel de desarrollo humano es bajo, hay una falta de servicios, el Estado tiene que asumir su papel de hacer que esa comunidad pueda desarrollarse sin necesidad de estar acudiendo a estos aspectos ilegales”, argumentó.
A la vez, recordó que no es la primera vez que Sinchi Wayra es víctima de avasallamientos, dijo que en noviembre de 2010 se produjo una intervención violenta a ese mismo predio donde se usó explosivos y agredieron a los obreros.
Los casos
La semana pasada, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) denunció que la mina Andacaba en Potosí, operada por una empresa privada, fue intervenida de forma violenta por los trabajadores de la Cooperativa San Andrés. Los cooperativistas dinamitaron la maquinaria, compresoras de aire, destruyeron cámaras de seguridad y robaron mineral.
En marzo, la empresa canadiense New Pacific Metals denunció avasallamiento a su área de trabajo Silver Sand en Tacobamba, Potosí. En esa oportunidad, los accionistas advirtieron que se pone en riesgo una inversión de $us 358 millones. Pidieron la intervención de las autoridades, pero no tuvieron respuesta alguna.
Ahuyentan la inversión
En ese contexto, Córdova advirtió que esos delitos continuarán si el Gobierno no asume acciones preventivas y otorga seguridad jurídica a las empresas. Una de las consecuencias podría ser que los inversionistas del exterior se vayan y dejen de invertir capital en el sector minero.
A su criterio, el Gobierno debe adoptar acciones para que las empresas mineras no se vayan del país, ya que ese sector puede ser uno de los puntales para salir de la crisis económica; sugirió garantizar la propiedad privada, la seguridad jurídica, incentivar a los inversionistas con reducción de impuestos u otros mecanismos a cambio de la generación de fuentes de empleo.
“Hay que promover la formación de empresas, necesitamos la llegada de capital privado porque el Estado no puede invertir en exploración, las cooperativas no tienen los recursos, sólo el sector privado puede invertir en exploración para hacer sostenible la minería. El Estado tiene que proteger a estas instituciones, porque están arriesgando su capital y no puede ser que otros los avasallen”, precisó.
Asimismo, dijo que es necesario regular al sector cooperativista y dejar de entregar tantos beneficios, desde la entrega de cuadrículas mineras hasta el cumplimiento del procedimiento para el trámite de licencias ambientales.
“Es necesario trabajar en el sector cooperativo porque ahora están cometiéndose varias irregularidades, como contratar obreros, no tener licencia ambiental y el Estado debe retomar el control de este sector. Pueden establecer cooperativas pequeñas, pero cuando empiezan a ganar mucho dinero, eso tiene que compartirlo con el resto del país”, indicó.