La Defensoría del Pueblo afirma que hasta junio de este año el 58 % de 33.275 presos son detenidos preventivos.
Fuente: El Deber
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de instruir la revisión de los casos de Luis Fernando Camacho, Jeanine Áñez y Marco Puamari llevó a este último a poner en el tapete de discusión la situación de los detenidos preventivos en Bolivia y denunció que los fiscales, jueces y abogados lucran con esos detenidos en las cárceles.
“En carne propia vivimos la justicia corrupta, donde grupos corporativos de algunos jueces, fiscales y abogados se articulan para lucrar con el dolor de las familias de los privados de libertad. Detenciones preventivas que se monetizan más allá de las leyes y la propia CPE», escribió esta tarde el ex cívico potosino en su cuenta X.
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La situación de la expresidenta, Jeanine Áñez, la del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho y del ex cívico potosino, Marco Pumari puede cambiar radicalmente la siguiente semana cuando se ventilen audiencias de cesación a la detención preventiva que ya solicitaron los abogados defensores.
El 9 de diciembre de 2021 la Policía capturó a Marco Pumari en Potosí por haber incendiado, supuestamente, el tribunal electoral departamental de Potosí. Un año después se conoció que fue aprehendido sin una orden, irregularidad que fue justificada por la fiscal departamental de entonces.
Pumari luego sería acusado dentro del caso ‘golpe de Estado I’ que intenta condenar a la expresidenta y al gobernador de Santa Cruz. Los acusados celebraron la decisión de la justicia de permitirles objetar la retardación de justicia para dejar las cárceles.
De acuerdo con el Código de Procedimiento Penal (CPP) la detención preventiva no puede exceder más de 18 meses cuando no se presenta la acusación y más de 36 meses sin que haya acabado el juicio. En el caso de Pumari, ya está como detenido preventivo 44 meses sin que se haya dictado ningún tipo de medida.
La Defensoría del Pueblo publicó este viernes los datos de detenidos preventivos en Bolivia y aseguró que hasta junio de este año “el 58.2% de 33.275 privados de libertad en las cárceles de Bolivia son detenidos preventivos, quienes también están a la espera de que sus procesos sean revisados en los plazos legales de tramitación”.