San José de Chiquitos: concejales logran fallo histórico que obliga al alcalde cumplir censura municipal


Santa Cruz. En cuatro ocasiones, el Concejo Municipal censuró al secretario municipal de Desarrollo Humano. Una acción de cumplimiento interpuesta por los concejales de SOL dispuso que se proceda con la destitución del funcionario

Limber Cambará


Fuente: eldeber.com.bo



La Sala Constitucional Cuarta ordenó al alcalde de San José de Chiquitos, Marbin Barberi Céspedes, acatar la censura aprobada por el Concejo Municipal contra el secretario de Desarrollo Humano y Coordinación, Wilson Justiniano Heredia, tras una acción de cumplimiento interpuesta por los concejales de la bancada SOL, Jonatan Peña y Vilma López.

El conflicto se originó por la reiterada negativa del alcalde a ejecutar la censura aprobada en cuatro ocasiones por el Concejo Municipal, debido al incumplimiento de Justiniano Heredia en rendir cuentas. El funcionario no respondió a peticiones de informe escrito ni oral, y no asistió a una interpelación convocada por el pleno, lo que derivó en la aplicación de la censura conforme al artículo 21 de la Ley de Fiscalización, que obliga a su remoción.

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La acción de cumplimiento, amparada en el artículo 134 de la Constitución Política del Estado, busca garantizar que las autoridades cumplan con normas legales y actos administrativos obligatorios. En este caso, la censura es una atribución constitucional de los concejos municipales, respaldada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. Los concejales también destacaron que este mecanismo de control político es común en países como España, Alemania, Perú y Argentina, donde parlamentos y congresos aplican censuras para asegurar la responsabilidad de los funcionarios públicos.

La Sala Constitucional Cuarta otorgó la tutela y ordenó al alcalde remover de inmediato al secretario censurado, reafirmando la autoridad del Concejo Municipal como órgano de control político. Este fallo marca un precedente en la defensa de las atribuciones legislativas frente al Ejecutivo municipal.

Este hito jurídico no solo garantiza el cumplimiento de la ley, sino que refuerza el rol del Concejo como pilar de equilibrio en la gestión pública.