El penal Morros Blancos de Tarija es el reflejo de lo que pasa a nivel nacional. Un recinto que es habitado por cerca de 1.400 personas privadas de libertad y solamente cuenta con 40 funcionarios de la Policía a cargo de mantener el orden. Es decir, un guardia por cada 35 internos
Interior de Morros Blancos
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La problemática de las cárceles en Bolivia reaparece cada cierto tiempo sin que haya una solución definitiva al hacinamiento, violencia e inseguridad de los recintos. Particularmente la cárcel tarijeña de Morros Blancos en las últimas semanas ha mostrado señales de alerta con fugas y ajustes de cuentas con torturas de un interno a otro.
Todo ocurre en un recinto que ocupa un manzano, que es habitado por cerca de 1.400 personas privadas de libertad y que solamente cuenta con 40 funcionarios de la Policía a cargo de mantener el orden. Es decir, un policía por cada 35 internos y muchos de ellos de alta peligrosidad.
Aunque desde distintas instituciones apuntan a la necesidad de una nueva infraestructura, por el tiempo que conlleva urgen a aplicar medidas como la aprobación de la ley de tobilleras electrónicas.
Hacinamiento
En el departamento hay distintos recintos carcelarios, en Tarija, Bermejo, Yacuiba, Entre Ríos y Villa Montes. De acuerdo al último informe de la Defensoría del Pueblo, en todos hay un problema de hacinamiento. Sin embargo, los más saturados son el de la capital y la carceleta bermejeña.
Morros Blancos es una infraestructura que tiene una capacidad para unas 600 a 650 personas. Sin embargo, Régimen Penitenciario reportó a inicios de agosto que el número está cerca de las 1.400 personas. Casi un centenar son mujeres, el resto varones.
Custodios En el penal de Morros Blancos 40 policías custodian a 1.400 privados de libertad
El párroco de esta y todas las cárceles del departamento, Miguel Sotelo, informó con indignación que las celdas no dan abasto, que hay internos durmiendo en los pasillos y que a veces no alcanzan ni las frazadas para que puedan echarse. La situación es similar con los baños.
Alertó que el hacinamiento de por sí genera un clima de violencia y tensión entre los presos. Agregó que la cárcel es el reflejo de “una sociedad enferma” y que allí se replican problemas como la violencia, la adicción a las drogas y extorsión.
Inseguridad
El 6 de agosto durante el control matutino de cambio de turno los policías se percataron de la ausencia de Lidio Rolando Condori Sánchez, alias “El Cuervo”. Había escapado en la mañana. Aunque lo atraparon en menos de 24 horas, reavivó los cuestionamientos a la seguridad en el penal.
No pasaron ni dos semanas hasta que el 18 un interno fue encerrado en una celda y allí fue atacado con una amoladora del taller de artesanías, recibió dos cortes en el abdomen y la entrepierna. El agredido hace poco fue sentenciado por asesinato y su atacante era familiar de la persona a la que había matado.
La Policía ya identificó al implicado y el herido se encuentra fuera de peligro, pero deberá ser trasladado a otro recinto por su propia seguridad.
Resguardo
La directora de Régimen Penitenciario, Gabriela Tintaya, reportó que por turno hay unos 40 efectivos policiales para las tareas de control. Apuntó que el número es insuficiente y el padre Sotelo coincidió con su criterio, pero agregó que el personal también carece de formación para atender a esta población.
Tintaya, al igual que en el pasado lo hizo la Policía y hasta la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), llamó a “que los parlamentarios, por lo menos, hagan algo” y aprueben el proyecto de ley para el uso de manillas electrónicas a fin de liberar a policías que custodian a sujetos con detención domiciliaria, así podrían ser asignados a las cárceles de capital y provincia.
Hacinamiento, un problema a nivel nacional
La Dirección General de Régimen Penitenciario contabiliza más de 32 mil privados de libertad hasta diciembre de 2024. Aunque la cifra varía constantemente por salidas y nuevos ingresos, la tendencia es ascendente. En 2019 el número era de 18.208 y por entonces ya había un conflicto con el hacinamiento.
Una de las causas está en el sistema judicial, la falta de personal y la retardación de causas hace que más del 50% de los privados de libertad estén con detención preventiva, una minoría con sentencia.