La ONG advirtió que, tres años después del informe de la ONU, persisten las violaciones sistemáticas contra uigures y otras minorías musulmanas en China y reclamó una respuesta firme de la comunidad internacional ante la represión y el trabajo forzado.
Imagen de archivo de unos trabajadores caminando por el perímetro de lo que es conocido oficialmente como un centro de educación vocacional en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, China (REUTERS/Thomas Peter)
(Con información de EP y Reuters)
Fuente: infobae.com
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La organización no gubernamental Amnistía Internacional denunció este jueves la persistente impunidad respecto de los “crímenes de lesa humanidad” atribuidos al régimen de China en la región de Xinjiang, donde se han reportado violaciones sistemáticas a los derechos humanos contra comunidades musulmanas como los uigures y kazajos. Según un comunicado difundido tres años después del informe histórico de Naciones Unidas sobre la situación de estas minorías, la organización alertó sobre la falta de avances significativos y exigió una respuesta firme de la comunidad internacional.
Sarah Brooks, directora de Amnistía Internacional para China, expresó en un comunicado que “es vergonzosa la inacción de la comunidad internacional tres años después de que la ONU concluyera que China es responsable de violaciones graves de Derechos Humanos en Xinjiang”.
Brooks enfatizó que “la continua crueldad de las autoridades chinas sigue arruinando vidas, separando familias y desmantelando comunidades”, aludiendo a la situación de quienes permanecen detenidos y a sus familias que persisten en su búsqueda de justicia. “Ha pasado otro año sin que se haga nada. La comunidad internacional debe honrar los llamamientos de los supervivientes y actuar ahora para poner fin a la represión en la región uigur”, demandó la directiva.
Según datos aportados por Amnistía Internacional, la región de Xinjiang, ubicada en el noroeste del país asiático, permanece bajo “férrea represión” hacia diversas minorías étnicas musulmanas. Actualmente, se estima que alrededor de 10 millones de uigures viven en esta región, principalmente en el sur. El informe emitido en 2022 por Naciones Unidas señaló evidencias “creíbles” de violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y abusos, lo que llevó a diversas organizaciones a reclaman intervención y sanciones internacionales.
Familiares de detenidos en Xinjiang manifestaron que la poca repercusión de sus casos ha impedido que se adopten medidas efectivas. Una de las personas afectadas, identificada como Patime, relató que tras la publicación del informe de la ONU esperaba “medidas concretas y reales, como sanciones”. Según su testimonio, la esperanza depositada en el reconocimiento formal de las atrocidades no se ha traducido en acciones decididas desde los gobiernos. “No dejemos que este informe acabe olvidado en un cajón”, exhortó.
Otro testimonio, el de Mamatjan Juma, cuya familia continúa sufriendo la ausencia de su hermano Ahmetjan encarcelado, expuso las dificultades cotidianas vinculadas a la incertidumbre y el silencio oficial: “Es como vivir con una herida que nunca se cura, porque no sé si está bien, si está sano o incluso si está vivo”. Su familia ha visto pasar celebraciones sin la presencia de Ahmetjan y ha debido afrontar los desafíos de la ausencia paterna en la vida cotidiana de su hijo. “Su hijo ha crecido sin la presencia de su padre, y todos nos hemos visto obligados a vivir con una ausencia constante que nos ha cambiado como personas”, relató.
Esta foto tomada el 15 de julio de 2023 muestra a unos niños pasando por delante de un centro de detención cerca de Kashgar, en la región noroccidental china de Xinjiang (Foto de Pedro PARDO / AFP)
Frente a este escenario, Amnistía Internacional urgió a la comunidad internacional a “actuar conforme a las recomendaciones del informe de la ONU y aumentar la presión sobre China para que libere a todas las personas que siguen detenidas arbitrariamente en la región”. La organización también ha solicitado a Naciones Unidas que actualice de manera pública la información sobre el informe y refuerce sus mecanismos de vigilancia.
En el plano político, AI pidió a los Estados miembro condenar de manera explícita las violaciones persistentes y demandó el establecimiento de un mecanismo internacional de investigación independiente, que permita exigir cuentas a los responsables. Entre los reclamos se incluyen la reparación a las víctimas y supervivientes y la adopción de “medidas adecuadas para prevenir nuevas violaciones”.
De forma paralela, el gobierno de Estados Unidos señaló días atrás nuevas revisiones sobre importaciones chinas que podrían estar vinculadas a la utilización de trabajo forzado, especialmente en sectores como el acero, el cobre, el litio, la soda cáustica y los dátiles rojos. El Departamento de Seguridad Nacional informó en la red social X que busca aplicar las disposiciones de la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur, que restringe la importación de productos vinculados a lo que considera violaciones y genocidio en la región autónoma uigur de Xinjiang.
En ese contexto, la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, declaró: “El uso de mano de obra esclava es repulsivo y haremos que las empresas chinas rindan cuentas por los abusos y eliminaremos las amenazas que sus prácticas de trabajo forzoso suponen para nuestra prosperidad”. Autoridades estadounidenses aseguran que Beijing mantiene establecimientos que funcionan como campos de internamiento para uigures y otros grupos religiosos y étnicos minoritarios en la región occidental. Sin embargo, el régimen chino ha negado reiteradamente las acusaciones y rechaza cualquier señalamiento de abuso.