El arresto del cineasta y abogado británico Paul Laverty (Calcuta, 1957) no es un mero incidente policial. Su delito consistió en portar una camiseta con la frase: “Genocidio en Palestina. Es hora de pasar a la acción”. Ese gesto le valió ser detenido bajo la legislación antiterrorista británica, acusado de respaldar a Palestine Action, un grupo activista recientemente catalogado como terrorista por el gobierno laborista de Keir Starmer.
Lo que parece un choque puntual entre un artista y el Estado es, en realidad, el reflejo de un problema mucho más profundo: la transformación del disenso en amenaza. Laverty no atentó contra nadie, ni promovió la violencia. Expresó una opinión política que incomoda, y ese acto bastó para ser tildado de cómplice del terrorismo.
La categoría de “terrorismo” se ha convertido en una herramienta plástica, capaz de abarcar desde atentados indiscriminados hasta rayados en espacios públicos. Lo que no es casual, pues el poder necesita ampliar las fronteras del miedo para legitimar sus decisiones. El totalitarismo no surge únicamente de la violencia abierta, sino de volver cotidianos y rutinarios procedimientos que despojan a los ciudadanos de la capacidad de juzgar. Cuando más de quinientas personas son arrestadas en Londres por mostrar carteles que dicen “Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action”, no asistimos a una guerra civil ni a una conspiración, sino a un ritual burocrático que convierte a la policía en autómata de una ley desvirtuada.
El lenguaje es aquí decisivo. La palabra terrorista ya no describe solo a quienes asesinan inocentes, sino a quienes incomodan al poder. Y en ese desplazamiento semántico se juega el corazón mismo de la esfera pública. Si toda protesta radical puede ser interpretada como violencia, entonces la pluralidad, condición indispensable de la política, se desvanece.
La historia reciente ofrece precedentes claros. La “guerra contra el terrorismo” tras el 11 de septiembre sirvió de pretexto para instaurar regímenes de vigilancia permanentes. Hoy, democracias como la británica reproducen esa lógica. En nombre de la seguridad, se instala un clima donde la autocensura es el mecanismo más eficaz de control. El mensaje es meridianamente claro: si un ciudadano célebre puede ser arrestado por una camiseta, ¿qué queda para el ciudadano anónimo que se atreva a protestar?
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Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, calificó la decisión de prohibir a Palestine Action de “restricción intolerable” y contraria a la legislación internacional. Pero más allá del marco jurídico, el asunto es político: ¿qué clase de democracia queda en pie cuando disentir se convierte en delito?
Lo inquietante es la naturalidad con que la sociedad asume este estado de cosas. No se necesita un golpe de Estado para erosionar la libertad. Basta con que la mayoría tolere, por indiferencia o miedo, la represión de una minoría. La detención de Laverty puede parecer un episodio anecdótico, pero funciona como advertencia ejemplarizante. La consecuencia es previsible: menos voces críticas, más silencio.
La política democrática debería ser el espacio donde la pluralidad se expresa, incluso cuando incomoda. Pero cuando el poder decide que una camiseta es un acto de terrorismo, se produce una gran paradoja. Resulta que no se castiga la violencia, sino la denuncia de la violencia. Allí donde el lenguaje del poder sustituye a la deliberación ciudadana, la democracia se desliza, casi sin ruido, hacia su propia negación.
Por Mauricio Jaime Goio.