El Tribunal Agroambiental exhorta a la Fiscalía General del Estado instruir a las fiscalías especializadas el inicio de investigaciones de oficio por los delitos de acción pública vinculados a los incendios forestales, garantizando la celeridad y prioridad en estos procesos
Fuente: eldeber.com.bo
En una audiencia realizada el pasado 29 de agosto, el Tribunal Agroambiental determinó tres medidas cautelares de oficio. Entre las decisiones asumidas, dispone la “atención inmediata de los incendios forestales” en Bolivia. La medida se toma en un momento en el que el país enfrenta una nueva etapa de quemas.
La nueva decisión establece que el nivel central del Estado, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, deberá atender con “carácter de urgencia” la sofocación de los incendios forestales en tierras fiscales no disponibles y en las áreas protegidas administradas por el SERNAP, coordinando las acciones necesarias ante el inminente peligro en diferentes regiones del país.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Jhovi Morales, responsable de los temas jurídicos de la Fundación Tierra, sostuvo que esta medida se debe a que los incendios y la superficie afectada se van incrementando, por lo que se busca poner un freno a los permisos que otorga la ABT.
“Se busca paralizar estas autorizaciones y también se pide una presencia más firme del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Están en riesgo 4,4 millones de hectáreas, por eso se activa esta medida de oficio”, dijo Morales a EL DEBER.
También se determinó la “transparencia en el uso de recursos”, lo que significa que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas deberá informar sobre la asignación de recursos antes de la admisión y en el marco del Decreto Supremo que declaró la emergencia nacional, así como de la cooperación internacional recibida, según una nota de prensa del Tribunal Agroambiental.
“Además, se ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a la ABT, al BIDESI, al SERNAP y a los gobiernos autónomos departamentales y municipales correspondientes, remitir sus Planes Operativos Anuales (POA), presupuestos institucionales aprobados y su ejecución presupuestaria vinculada a la prevención de riesgos por incendios forestales”, señala el reporte oficial.
Como tercera medida cautelar, el Tribunal dispuso la “investigación de delitos ambientales” en aplicación del principio de prevención y en defensa de la Madre Tierra.
Exhortó a la Fiscalía General del Estado instruir a las fiscalías especializadas el inicio de investigaciones de oficio por los delitos de acción pública vinculados a los incendios forestales, garantizando la celeridad y prioridad en estos procesos.
Asimismo, el Ministerio Público deberá remitir a la jurisdicción agroambiental los antecedentes de los casos en trámite, en el marco de la cooperación interinstitucional.
Estas decisiones fueron asumidas en una “audiencia de medidas cautelares preventivas y precautorias sobre incendios forestales”, que se realizó tras una demanda interpuesta por María de Los Ángeles Mamani Rocha y otros activistas con el objetivo de prevenir daños ambientales y proteger los derechos de la Madre Tierra y de la población boliviana.
Antecedentes
Esta demanda de “acción ambiental directa de medidas cautelares” fue admitida por el Tribunal el pasado 5 de junio, cuando se dispuso unas medidas cautelares iniciales, pero que luego, el 30 de julio, fueron dejadas sin efecto por falta de informes que hasta entonces no habían presentado distintos niveles gubernamentales.
Pero ese obstáculo procesal fue superado y la audiencia de medidas cautelares preventivas finalmente se realizó el 29 de agosto con las tres determinaciones citadas. Luego la audiencia fue declarada en cuatro intermedio y continuará el próximo 8 de septiembre.