Fiscalía abre investigación por enriquecimiento ilícito en torno al doble crimen en Santa Cruz


La investigación también apunta a determinar responsabilidades de posibles autores materiales e intelectuales.

Ariel Melgar Cabrera
Doble crimen en Santa Cruz/Foto: Fuad Landívar

Fuente: eldeber.com.bo



La Fiscalía Departamental de Santa Cruz informó que se activó una nueva investigación por presunto enriquecimiento ilícito con afectación al Estado vinculada al asesinato de Harold Méndez Erlwein (41) y Leonardo Vaca Díez Gentile (47), registrado el pasado 21 de agosto en la zona norte de Santa Cruz.

El fiscal departamental, Alberto Zeballos, explicó que por este doble crimen el notario de fe pública Roberto M. Ch. guarda detención preventiva por 90 días en la cárcel tras ser identificado como propietario de un vehículo de alta gama, marca Lexus con placa 6414-KFD, en el que se transportaban las dos víctimas cuando fueron asesinados.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Zeballos remarcó que la vagoneta lujosa registrado a nombre del notario, fue utilizada tanto en el doble crimen como en el secuestro de Erick Roberto Baeza Achá, ocurrido el 29 de julio en el barrio Las Palmas.

“Se han realizado allanamientos en su notaría, donde se encontró documentación destruida o alterada que podría vincularse tanto al secuestro como al asesinato. Esto derivó en la apertura de una investigación paralela por presunto enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas”, señaló Zeballos.

El fiscal indicó que el caso se encuentra bajo responsabilidad de la unidad especializada en persecución de delitos de corrupción, que investiga el origen de bienes, recursos y acciones posiblemente derivados de actividades ilícitas. “La finalidad es verificar si existió ocultamiento o lavado de activos provenientes de delitos precedentes como secuestro y asesinato”, precisó.

La investigación también apunta a determinar responsabilidades de posibles autores materiales e intelectuales. Entre las diligencias realizadas figuran declaraciones testificales de familiares de las víctimas, allanamientos de domicilios y pericias sobre documentación secuestrada.

“El Ministerio Público busca descubrir la verdad histórica de los hechos. No se descarta ampliar la investigación contra otras personas, sean particulares o servidores públicos, que puedan estar vinculados a este entramado criminal”, subrayó Zeballos.