El IDIF estableció que la causa de la muerte del extranjero fue compresión torácica, provocada por presión ejercida sobre el tórax que impidió el paso de aire a los pulmones, generando asfixia y posterior anoxemia (deficiencia de oxígeno en la sangre).
Fuente: eldeber.com.bo
La familia del ciudadano brasileño Igor Rafael Oliveira Souza (32), fallecido el pasado 26 de agosto presuntamente tras ser reducido de forma violenta por seis guardias de seguridad privada en la zona de Equipetrol, exigió este lunes justicia y anunció que solicitará una nueva necropsia para esclarecer las circunstancias de su muerte.
La abogada de la familia, Darly Franco, informó que se pedirá formalmente al Ministerio Público la práctica de un nuevo examen forense. “La madre ha llegado al país para exigir justicia. Las personas involucradas están en libertad y este caso no puede quedar en la impunidad. No mataron a un animal, mataron a un ser humano”, declaró la jurista.
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El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) estableció que la causa de la muerte fue compresión torácica, provocada por presión ejercida sobre el tórax que impidió el paso de aire a los pulmones, generando asfixia y posterior anoxemia (deficiencia de oxígeno en la sangre).
La madre de la víctima, Neidimar Oliveira da Silva Souza, desmintió que su hijo estuviera armado, como trascendió en las primeras versiones del hecho, y aseguró que fue reducido de manera “violenta y cruel”. “No descansaremos hasta que los asesinos de mi hijo estén presos”, manifestó con firmeza.
Igor había llegado a Bolivia para estudiar medicina y, según su madre, atravesaba problemas de salud mental agudizados por la soledad. “Mi hijo fue agredido en público y las personas que hicieron esto no enfrentaron consecuencias. Clamo a la comunidad de Bolivia y a los brasileños que viven aquí, porque esto le puede pasar a cualquiera”, señaló.
La familia también pidió ayuda para trasladar el cuerpo a Brasil y reclamó solidaridad de las autoridades y la ciudadanía.
El caso ha generado preocupación en la comunidad brasileña residente en Santa Cruz, donde miles de jóvenes cursan estudios universitarios y superiores. Estudiantes y asociaciones expresaron temor por su seguridad y exigieron garantías.
Mientras tanto, la fiscal Rose María Barrientos continúa la investigación contra seis guardias de seguridad privados identificados como presuntos responsables de la agresión mortal. Los familiares, junto con la comunidad extranjera, anunciaron que acompañarán el proceso judicial para evitar que el crimen quede en la impunidad.