Las esposas para Murillo, el exministro que amenazaba con cárcel a sus rivales


El hotelero convertido en hombre fuerte del Gobierno de Jeanine Áñez tuvo un rol clave en la persecución a opositores y la represión de protestas sociales. Hoy está en Bolivia, condenado y con juicios pendientes.

El exministro Arturo Murillo (i) cuando amenazaba a sus adversarios con la cárcel y al ser aprehendido (d) tras su llegada a Bolivia. / APG
El exministro Arturo Murillo (i) cuando amenazaba a sus adversarios con la cárcel y al ser aprehendido (d) tras su llegada a Bolivia. / APG

 

Fuente: Opinión



Al hombre que amenazaba a sus adversarios políticos luciendo esposas en conferencias de prensa en Bolivia, le espera una larga estadía en la cárcel y el cumplimiento de dos sentencias condenatorias. Arturo Murillo, el que fuera ministro de Gobierno en el interinato de Jeanine Áñez (2019-2020), llegó al aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, la madrugada del jueves pasado, tras ser deportado de Estados Unidos, reportó la agencia de noticias Infobae.

Tras su arribo al aeropuerto internacional de Viru Viru, a las 4:30 de la madrugada del 4 de septiembre, Murillo fue escoltado por agentes policiales, esposado y notificado con una orden de aprehensión, para después ser trasladado a una celda en el aeropuerto. Según fuentes oficiales, sufrió un episodio de hipertensión arterial que requirió asistencia médica. Ese mismo día, el exministro fue trasladado a la ciudad de La Paz.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Murillo obtuvo una sentencia de seis años en Estados Unidos tras declararse culpable del delito de lavado de activos, pero fue liberado por buena conducta antes de tiempo y deportado a su país de origen (Bolivia), donde deberá cumplir dos condenas y enfrentar, en primera instancia, al menos seis juicios activos.

El exministro ya no tiene micrófonos, guardaespaldas ni el poder de decidir a quién perseguir. Ahora es él quien enfrentará a la justicia en Bolivia.

CONDENAS En octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia Anticorrupción (en Bolivia) dictó ocho años de prisión contra Murillo por la compra de gases lacrimógenos con un sobreprecio de 2.3 millones de dólares. Meses después, en enero de 2025, se sumó otra condena de cinco años y cuatro meses de cárcel por la importación irregular de gases y material antidisturbios en 2019.

En las últimas horas, el Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de La Paz determinó la detención preventiva por seis meses del exministro de Gobierno en el penal de San Pedro, en el marco del proceso penal por el caso denominado “Gases Brasil”.

El procurador general del Estado, Ricardo Condori, informó que la Procuraduría presentó una apelación contra la resolución judicial, solicitando que Murillo sea recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en atención a los riesgos procesales que representa.

Otros seis procesos en contra del exministro tienen que ver con acusaciones por legitimación de ganancias ilícitas, incumplimiento de deberes, robo agravado y uso indebido de influencias en contrataciones estatales.

El empresario hotelero ingresó a la política a mediados de la década del 2000, fue electo diputado y senador en dos periodos no consecutivos, entre 2006 y 2019, por el partido de Samuel Doria Medina, de quien se distanció en los últimos años.

En el Senado fue de las figuras más visibles de la oposición por sus críticas al Gobierno de Evo Morales y labró amistad con la senadora Jeanine Áñez, quien lo nombró ministro tras asumir la Presidencia el 12 de noviembre de 2019. Desde esa posición institucional y como “hombre de confianza” de la presidenta, tuvo un rol clave en el Gobierno y lideró la persecución a miembros del gobierno de Evo Morales.

Murillo también respaldó las actuaciones militares en protestas sociales en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), donde 30 civiles murieron por heridas de bala y que fueron categorizadas como “masacres” por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tras los asesinatos, Murillo negó la responsabilidad del Gobierno en los asesinatos y dijo que los manifestantes se mataron entre ellos.

Su paso por el Ejecutivo estuvo lleno de polémica. Durante la pandemia de Covid-19 difundió, supuestamente, información falsa sobre el número de muertos para responsabilizar de los contagios a los militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) que realizaban protestas sociales, también difundió la imagen de una mujer a la que acusó falsamente de haber secuestrado a un bebé y fue criticado por exponer públicamente a detenidos preventivos, pasando por alto la presunción de inocencia y consideraciones sobre su privacidad.

Una de sus imágenes icónicas lo muestra sosteniendo un par de esposas en una conferencia de prensa en la que amenazó públicamente a Evo Morales: “Que venga a Bolivia; acá están las esposas para llevarlo a Chonchocoro (cárcel de máxima seguridad) y no por política ni por persecución, por terrorista».

PROCESOS El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó, según la Agencia Boliviana de Información, que el exministro de Gobierno tiene en su contra 15 procesos penales abiertos en Bolivia. De estos, 10 están en juicio oral con acusación formal, dos en etapa preparatoria y tres en etapa preliminar.

Entre estos procesos, el exministro ya fue condenado en dos casos clave vinculados a la compra irregular de material antidisturbios. Se trata del caso «Gases lacrimógenos» cuya condena es de 8 años de prisión y del caso denominado «Gases Ecuador» que tiene una condena de 5 años y 4 meses.

Además de las sentencias, sobre Murillo pesan mandamientos de aprehensión y de rebeldía emitidos por autoridades jurisdiccionales y fiscales. Uno de ellos fue ejecutado durante la madrugada del pasado jueves 4 de septiembre, apenas pisó suelo boliviano.

El Ministerio Público adelantó que desplazó a fiscales para coordinar con jueces y tribunales las audiencias correspondientes, en función del avance procesal de cada causa.

Otro caso se refiere, según El Deber, a la legitimación de ganancias ilícitas que se encuentra en la fase previa a juicio oral. En este caso, la Fiscalía solicitó 10 años de presidio; la acusación formal se hizo en enero 2024.

Otro proceso en curso es el caso “Catering”, que se refiere a la contratación irregular de alimentación para. Se encuentra en la etapa preparatoria.

También están los casos Senkata y Sacaba, que son los procesos por las denominadas masacres de noviembre de 2019.

Fuente: Opinión