Fuente: La Razón
Ante las críticas que surgieron de varias asociaciones y sectores, el Gobierno defendió el Anteproyecto de Ley 547/2024-2025, que plantea una suspensión temporal de embargos y ejecuciones judiciales para prestatarios de créditos de vivienda de interés social.
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El Ministerio de Economía aseguró que la propuesta no compromete la estabilidad del sistema financiero, ya que no se trata de una condonación, como interpretaron algunos sectores y actores.
“No compromete la estabilidad y solidez del sistema financiero porque no implica una condonación de deudas ni una intervención en los contratos entre prestatarios e instituciones financieras”, explicó esa cartera de Estado a través de un comunicado.
Anteproyecto
La norma, en tratamiento parlamentario, establece un diferimiento de seis meses en el pago de deudas de vivienda social, micro y pequeños prestatarios. El objetivo es que puedan recuperar su actividad económica y restablecer sus flujos de caja, garantizando la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones.
El proyecto aclara que no implica condonación de deudas ni intervención en los contratos entre prestatarios e instituciones financieras, como al parecer se interpretó, sino una medida focalizada y temporal para evitar perjuicios sociales y económicos.
Según los cálculos del Ministerio, el diferimiento potencial no superaría el 3% de la cartera total, mientras que en 2020 alcanzó el 10,4%. Al 31 de julio de 2025, este saldo se sitúa en 1,4%, lo que refleja una sólida cultura de pago.
De acuerdo con esa cartera de Estado, el anteproyecto responde a la demanda de sectores afectados por bloqueos, conflictos sociales y fenómenos climáticos, y busca proteger el derecho a la vivienda, establecido en la Constitución.
Además, resalta que la banca registró en 2024 una utilidad histórica superior a $us 389 millones, por lo que tendría la solvencia suficiente para acompañar medidas de alivio temporal.
Críticas de Asoban y Asofin
No obstante, la propuesta generó rechazo en la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) y la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Micro Finanzas (Asofin) que mostraron su preocupación por la medida.
Según esas entidades, la medida “comprometería la estabilidad del sistema financiero y forzaría una inevitable restricción del crédito, especialmente hacia los sectores más vulnerables”.
Asoban subrayó que la banca cumple la función de canalizar los recursos de millones de ahorristas hacia familias y empresas, y que la norma no resolvería los problemas económicos de la población, sino que podría afectar la sostenibilidad del crédito en un momento en que el país necesita más financiamiento para preservar la producción y el empleo.