La persecución política y judicial de la que hasta ahora es víctima la exmandataria, es el precio que debió pagar por cumplir una misión encomendada por el pueblo boliviano. Añez señala que todos sus procesos tienen vicios de nulidad por mandato expreso de la Constitución y la confesión de Evo Morales.
Fuente: El Diario
Reiterando que en el país nunca hubo un intento de golpe de Estado, sino una movilización de la población boliviana en contra del fraude electoral, la expresidenta Jeanine Añez aseguró que la confesión de Evo Morales y otras exautoridades sobre el carácter político de los procesos en su contra, hacen que todos sus juicios tengan vicios de nulidad ante la Constitución Política del Estado (CPE).
“En Bolivia, no hubo ni intento ni golpe de Estado. Luego del fraude electoral y la movilización pacífica del pueblo boliviano en defensa del voto que Evo Morales intentó robar para perpetuarse en el poder, este envió a sus representantes a la reunión de alto nivel con expresidentes en la Universidad Católica a negociar una salida del país porque temía por su vida. Yo no estuve en esa reunión”, expresó Añez a través de sus redes sociales.
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Asimismo, reiteró que jamás sostuvo reuniones con el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, como se asevera maliciosamente desde el “masismo”.
“A las pruebas me remito: él nunca pisó territorio boliviano y yo nunca salí del país desde que asumí la presidencia de Bolivia, de la que Evo Morales huyó para escapar del fraude electoral que cometió en 2019. No salí del país ni siendo presidente ni después”, sostuvo Añez, resaltando que su llegada a Palacio de Gobierno se produjo después de una llamada para que, en su calidad de segunda vicepresidenta del Senado, asuma la sucesión constitucional tras la renuncia de Morales.
Dicha situación no habría tenido lugar de no haberse oficializado la renuncia del vicepresidente García Linera, la presidente del Senado, Adriana Salvatierra, y el primer vicepresidente del Senado, Rubén Medinaceli, todos del MAS.
En ese sentido, Añez reprochó la cobardía demostrada por el líder cocalero y su entorno, quienes desde el exterior del país continuaron maniobrando y conspirando para retomar el poder, pese al elevado costo social que ello significaba.
“Cobarde incapaz de responder ante la Justicia por sus delitos, como lo sigue haciendo hasta ahora desde su trinchera en el Chapare, usó el asilo internacional para instruir más violencia y la interrupción de la democracia, fraguando un autogolpe para volver a la Presidencia”, añadió.
Asimismo, cuestionó que, tras el retorno de Morales al país, durante el gobierno de Arce Catacora, se haya asumido la decisión política de iniciarle distintos procesos por la vía ordinaria y no mediante un juicio de responsabilidades como corresponde en el caso de una exmandataria.
Uno de los procesos abiertos contra Añez fue el caso denominado “Senkata”, cuyo origen es la muerte de una decena de personas, en noviembre de 2019, durante una intervención militar y policial a una manifestación de sectores sociales en la ciudad de El Alto.
En septiembre de 2024, el entonces ministro de Justicia, Iván Lima Magne, reveló que dicho caso fue llevado a juicio penal por un “capricho” de Evo Morales, lo que derivó en un conflicto judicial que duró años, hasta que un tribunal de La Paz dispuso que este se resuelva mediante un juicio de responsabilidades.
Posteriormente, el propio Morales admitió haber planteado acudir a la vía ordinaria para impulsar dicho proceso, esto durante una reunión entre el denominado Pacto de Unidad, el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, la ministra de la Presidencia María Nela Prada y el ahora exministro Lima.
“Tocamos este tema, dijimos todos ‘es proceso ordinario’, David suspendió la reunión porque no tenía ningún argumento para defender el juicio de responsabilidades. Después de poco tiempo hubo otra reunión y estaban convencidos, el presidente y vicepresidente, sólo Iván se quedó con juicio de responsabilidades”, indicó Morales en su programa radial emitido desde la región del Trópico.
Según Añez, la persecución política y judicial de la que hasta ahora es víctima, es el precio que debió pagar por cumplir una misión encomendada por el pueblo boliviano, llamar a elecciones mediante una ley de anulación de resultados fraudulentos, normativa aprobada por el pleno de la Asamblea Legislativa y promulgada por su presidencia.
“Todo lo que fraguaron en mi contra, tiene vicios de nulidad por mandato expreso de la Constitución y la expresa confesión de Evo Morales, instruyendo mi condena”, finalizó.
Fuente: El Diario