Una justicia completamente cooptada ha sido incapaz de llegar a la verdad histórica de los hechos tras el fraude electoral de 2019. Solo una reforma judicial dará paso a procesos investigativos transparentes que terminen esclareciendo y estableciendo verdaderos grados de responsabilidad sobre los procesados por estos hechos. Expresan esperanza en que una justicia libre de presiones, dogmas ideológicos y manipulación, establezca la verdad que la población tanto anhela.
Fuente: El Diario
Ante el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas respecto al riesgo de que las muertes de Senkata y Sacaba queden en la impunidad, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes, afirmó que solo después de una reforma judicial e investigaciones alejadas de todo dogma e ideología, se logrará establecer la verdad histórica de lo sucedido tras el fraude electoral de 2019.
“Hoy tenemos una justicia cooptada que ha sido incapaz de llegar a la verdad histórica de los hechos, por eso el tema más importante y de fondo tiene que ser una urgente reforma judicial”, aseveró el parlamentario paceño.
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En criterio de Reyes, solo a través de una reforma total del aparto judicial boliviano se logrará iniciar procesos investigativos transparentes que terminen esclareciendo los hechos posteriores al fraude electoral promovido por Evo Morales en 2019, además de establecer los verdaderos grados de responsabilidad en autoridades, jefes militares, policiales, líderes sociales y activistas que actualmente son procesados por estos hechos.
“Solamente a través de esta reforma judicial vamos a poder nosotros llegar a la verdad histórica, a una investigación imparcial que permita a las familias, a los gobiernos y al mundo conocer lo que ha sucedido realmente en esos fatídicos días”, dijo.
Asimismo, destacando recientes determinaciones judiciales que han devuelto a la población la esperanza de poder contar con autoridades de justicia independientes del poder político, Reyes adelantó que las investigaciones que se lleven adelante tras la tan anhelada reforma judicial, gozarán de credibilidad y por fin se logrará sancionar a los responsables y reparar a las víctimas.
“Ahora más que nunca, sabemos que la justicia está soltando cadenas y que no será el dogma o ideología la que primen, sino después de una reforma judicial se podrá llegar a esa verdad que tanto queremos”, añadió.
El viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en América del Sur, observaron los recientes fallos judiciales que anularon procesos contra policías y militares sindicados por los hechos de 2019, advirtiendo sobre un posible riesgo de impunidad en el caso de las muertes registradas en Senkata y Sacaba.
“La CIDH y ONU Derechos Humanos, consideran que, la anulación de los actuados en los procesos judiciales, pueden representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”, señala un pronunciamiento.
Asimismo, se expresó preocupación por la determinación de los jueces a cargo de los procesos judiciales por los casos de Senkata y Sacaba, esto tras haber ordenado la anulación de los expedientes judiciales por incompetencia en materia, hecho que compromete el cumplimiento de las obligaciones del Estado para investigar, sancionar y reparar a las víctimas.
La expresidenta Jeanine Añez respondió a estos organismos, recordando que el gobierno del Movimiento al Socialismo quebrantó las garantías del debido proceso en el caso de su encarcelamiento, hecho que no debe ser pasado por alto al momento de hacer referencia a los derechos humanos de todos los bolivianos.
“No puede haber justicia sin debido proceso; no puede haber justicia sin una investigación imparcial; no puede haber justicia si no se respeta la jurisdicción y competencia; no puede pedir justicia con jueces y fiscales sometidos a un gobierno que impunemente ha sometido hasta hace poco al Órgano Judicial”, expresó Añez a través de sus redes sociales.
Después de la primera vuelta de las elecciones generales 2025, los tribunales que llevaban adelante procesos contra la exmandataria revisaron su situación y tomaron la decisión de anular los juicios ordinarios para remitir el caso a juicio de responsabilidades.
Fuente: El Diario