En Pando y el norte de Beni, invasiones de comunidades “fantasma” interculturales reducen a la mitad la producción de almendra, afectan a más de 5.000 trabajadores y amenazan un negocio de hasta $us 200 millones al año. No hay presencia del Estado
Fuente: El Deber
El silencio de la selva se rompe con machetes y disparos. A esto se suma gritos desesperados y muertos. En las barracas castañeras del norte amazónico, donde cada diciembre miles de familias se adentran en busca de la almendra que sostiene la economía regional, la zafra ya no solo es trabajo: es una lucha por la sobrevivencia. Productores y zafreros denuncian que comunidades “fantasma” invaden tierras tituladas y fiscales, se apropian de la producción y dejan a su paso violencia, animales muertos y familias aterrorizadas.
Lo que antes fue motor de progreso hoy está sitiado por avasallamientos que ponen en jaque un negocio de hasta $us 200 millones al año y la vida de más de 5.000 trabajadores.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
“El problema es que los comunarios tienen tierras tituladas, pero no las trabajan. Entonces, cuando empieza la zafra, dejan sus parcelas y se van a las barracas a meterse donde nosotros vamos a trabajar. Eso genera enfrentamientos con machetes, con balas, y hasta muertes”, denuncia Alfredo Rodríguez Racua, dirigente de la Federación Sindical Única de Gomeros y Castañeros de Bolivia.
El dirigente recuerda que fue en 2021 cuando los avasallamientos comenzaron a escalar con violencia extrema. “Ese año mataron a un compañero. El asesino está preso, pero desde entonces no se ha frenado nada. Cada temporada hay macheteados, baleados, heridos. El Gobierno no ha hecho nada en tres o cuatro años”, afirma.
Rodríguez señala que más de 5.000 zafreros resultan directamente afectados, aunque cada temporada entran alrededor de 15.000 trabajadores a recolectar castaña en las barracas. La superficie en disputa, según estima, supera un millón de hectáreas.
Modus operandi
Las comunidades permanecen en sus tierras hasta octubre, pero al iniciarse la zafra abandonan sus parcelas y se instalan en las barracas privadas o fiscales destinadas a la recolección de castaña. “No castañean en sus comunidades. Se quedan ahí hasta que se acaba la almendra y luego recién retornan a sus tierras”, explica Rodríguez.
La situación se agrava porque, mientras permanecen en las áreas de aprovechamiento, se dedican también a la caza indiscriminada y a tumbar monte, actividades que afectan al medioambiente.
La castaña mueve entre 100 y 200 millones de dólares al año, según datos del sector, constituyéndose en el motor económico de la Amazonía boliviana.
Pando concentra la mayor parte de la producción de castaña en Bolivia, aunque también se recolecta en el norte de Beni y La Paz. La cadena productiva sostiene a miles de familias, desde los zafreros que entran al monte hasta los exportadores que colocan el producto en mercados como Estados Unidos y Europa.
El senador por Beni, Fernando Vaca, alertó que el problema se ha convertido en una práctica recurrente y no en hechos aislados. Según explicó, estas ocupaciones se intensifican en época de zafra —de diciembre a marzo—, cuando miles de familias ingresan al monte para recolectar la almendra.
El legislador recordó que en 2022 se registraron hechos violentos en la comunidad San Miguel. En su criterio, la raíz del problema es la inseguridad jurídica, pese a que en Pando el proceso de saneamiento de tierras concluyó en 2008.
“Ya no hay más tierra que repartir en Pando, todo está saneado. Sin embargo, alguien azuza para que se creen nuevas comunidades”, cuestiona el legislador.
Perjuicio
El presidente de la Cámara de Exportadores del Norte (Cadexnor), José Edgar Blacutt Mérida, expresó su preocupación por los avasallamientos que se han registrado en algunas áreas de producción de castaña en la Amazonía boliviana. Según indicó, si bien se trata de hechos aislados —dos o tres unidades productivas afectadas—, la repercusión negativa que generan a nivel internacional puede afectar la demanda del producto, que tiene como destino principal los mercados externos.
Blacutt precisó que las barracas —extensas áreas de recolección que pueden abarcar entre 4.000 y 20.000 hectáreas— son esenciales para sostener la actividad, que depende de árboles milenarios de hasta 1.500 años de antigüedad. Estas unidades productivas han pasado mayoritariamente a manos de comunidades indígenas, aunque persisten intentos de avasallamiento o apropiación irregular en ciertos sectores.
“Nos quitan la producción”
Mauricio Fernández Cuéllar, productor de Riberalta, relató a EL DEBER que grupos organizados ingresan a las barracas en época de zafra para ocupar infraestructuras ajenas, apropiarse de la producción y amedrentar a las familias que trabajan legalmente en el sector.
“Nosotros invertimos en logística, llevamos maquinaria, víveres y hasta internet para que la gente pueda trabajar en el monte. Ellos entran de noche, matan a los animales, agreden a los trabajadores y se llevan la almendra. A mi papá, que tiene más de 60 años, lo golpearon; a mi hermana, de 23, también la agredieron”, denuncia.
De acuerdo con los productores, los avasallamientos afectan aproximadamente un millón de hectáreas, que incluyen barracas privadas, tierras fiscales no disponibles, áreas de reserva natural e incluso territorios indígenas.
“Antes, Riberalta y Pando generaban hasta $us 200 millones anuales por la producción de almendra. Hoy, esa cifra se redujo a casi la mitad. Hay menos producción, menos empleo fabril y miles de familias afectadas”, dijo.
El productor lamentó que muchos de los grupos que avasallan no cuidan el bosque ni cuentan con capacidad logística, por lo que extraen apenas un 20% del potencial productivo y venden parte de la almendra en el Perú, donde los impuestos son más bajos. Esta situación ha reducido el trabajo en las fábricas de la región, que empleaban a entre 50.000 y 60.000 familias.
Los afectados aseguran que las denuncias ante la Policía y la Fiscalía quedan sin respuesta.
“Hay órdenes de aprehensión contra algunos dirigentes avasalladores, pero la Policía dice que no es su jurisdicción y nos mandan de Riberalta a Pando y de Pando al SENA. Así se van lavando las manos, mientras nosotros seguimos siendo víctimas”, señala.
Normas incumplidas
Según la ABT, en Pando existen más de 1,5 millones de hectáreas otorgadas bajo el llamado Decreto Barraquero (DS 29215), con la condición de convertirse en planes de manejo de castaña. Ningún barraquero cumplió este requisito, por lo que el INRA registró esas tierras como “fiscales no disponibles”, bajo control del Estado y sin uso legal autorizado. La institución recalca que su función es proteger el bosque y sancionar cualquier aprovechamiento ilegal, ya provenga de comunidades o de privados, reseña un reporte de la revista Nomadas.
El trasfondo del conflicto, explica la ABT, es que ni barraqueros ni comunidades tienen plena titulación: los primeros solo cuentan con una fracción de tierras reconocidas, y los segundos dependen de solicitudes pendientes en el INRA. Ambos viven en un limbo jurídico que alimenta los avasallamientos y mantiene la incertidumbre sobre quién tiene realmente derecho a la tierra, agrega el reporte de este medio especializado en medioambiente.
En la selva, la castaña ya no solo da frutos. Da miedo, golpes y pérdidas millonarias. Y la justicia, por ahora, sigue ausente.
Fuente: El Deber