Ante la consulta de si solicitará algún resarcimiento tras la anulación del juicio del caso Senkata, el uniformado dijo que no hay forma de reparar los daños causados a su familia que soportó la persecución judicial y policial.
Fuente: ANF
Tras su llegada a Chile en busca de refugio político, la vida del exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Iván Rojas, dio un giro y debió buscar la forma de subsistir en ese país. Trabajó como repartidor de productos en una cadena de supermercados fue expendedor en una estación de servicio, portero y docente a distancia.
Rojas, quien otrora estuvo al frente de la fuerza anticrimen durante el gobierno de transición de Jeanine Añez, contó a la ANF que actualmente trabaja como portero en un edificio en el vecino país y los fines de semana tiene otra actividad similar.
“En la ciudad de Arica estuvimos durante cerca de tres años, realizaba delivery para Uber, entregas para los supermercados Líder y Jumbo y, de forma paralela, trabajaba con una empresa que se dedicaba a la distribución de combustible. Nos trasladamos a Santiago donde trabajo como conserje de lunes a viernes. Los sábados y domingos ingreso a otro trabajo a las diez de la noche y salgo a las seis de la mañana”, señaló.
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Tras el cambio de gobierno en noviembre de 2020, se abrió una investigación en su contra por la supuesta desaparición de la libreta de servicio militar del expresidente Evo Morales y, ante el asedio político y policial, decidió salir del país junto con su familia hacia Chile, donde se encuentra en calidad de refugiado.
Muerte civil
Rojas indicó que, pese a la distancia, daba cursos de investigación de forma virtual en instituciones privadas en Bolivia lo cual le permitió generar recursos adicionales para la manutención de su familia. Sin embargo, esas entidades fueron presionadas a prescindir de sus servicios.
“Yo daba clases en Bolivia de manera virtual, en este momento sigo realizando investigaciones para poder acrecentar mi cultura profesional. Entonces, daba clases de todo aquello en Bolivia. a través de instituciones, pero esas instituciones también han sufrido una serie de represalias lo que generó que me corten esa posibilidad de poder generar algún recurso para poder sobrevivir”, manifestó.
A la vez, reveló que empresas de México y Colombia lo contactaron para que pueda impartir talleres sobre temas de seguridad, pero se truncaron por el proceso que le abrieron en el país. Consideró que le dieron muerte civil porque no puede ejercer su profesión.
Baja
En marzo de 2021 se conoció que el Tribunal Disciplinario de la Policía Boliviana determinó su baja definitiva por supuesta deserción,lo cual derivó en la inhabilitación de todos sus beneficios sociales y desde hace cinco años no percibe un sueldo.
Al respecto, Rojas recordó que presentó un recurso judicial ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) apelando esa determinación. En abril de 2024 fue resuelto y se ordenó su reincorporación de forma inmediata; sin embargo, hasta el momento el Comando General de la Policía no acató esa resolución.
“Me dieron de baja por una supuesta deserción, el Tribunal Constitucional, a través de un amparo constitucional, me dio la tutela y dispuso que el Comando General me reincorpore. Al momento, el Comando General no acató esa decisión y no me da una respuesta como se ha pedido”, puntualizó.
Una familia afectada
Ante la consulta de si solicitará algún resarcimiento tras la anulación del juicio del caso Senkata, el uniformado dijo que no hay forma de reparar los daños causados a su familia que soportó la persecución judicial y policial, que los obligó a dejar su hogar para buscar refugio en otro país.
“Tengo a mi hijo en otra parte del mundo, mi hija está conmigo es una niña que por esta situación no cumplió el deseo de participar de su acto de graduación, estuvo dos años perjudicada porque no pudo ingresar a la universidad. Entonces, ese tipo de situaciones no tienen precio ¿De qué modo lo económico puede reparar las lágrimas vertidas por mi familia y por mi hija?”, manifestó.
Asimismo, dijo que sus hermanos y otros familiares también fueron amedrentados por el Gobierno mientras se desarrollaba el proceso; a causa de esa situación se alejaron de él, al momento solo tiene el apoyo de algunos.
“No se olviden que nosotros somos parte de una familia, tengo hermanos en Bolivia y a raíz de esta situación toda mi familia ampliada se apartó. Los dedos de mis manos sobran para poder contar y decir: estos son mis familiares que siempre han estado pendientes, que han sido víctimas de persecuciones”, añadió.
Finalmente, consideró que no existen las garantías correspondientes para retornar al país porque al momento no conoce cuantos procesos abrieron en su contra, además aún no confía en el actuar de la justicia boliviana.