La lucha contra el contrabando y el narcotráfico requiere voluntad política real, instituciones fortalecidas y un sistema de justicia independiente. Sin esas condiciones, cualquier esfuerzo se convierte en una medida temporal que no resuelve el fondo del problema, dicen dos exautoridades que formaron parte del gobierno de Evo Morales
Fuente: ANF / La Paz
El exministro de Gobierno, Carlos Romero, y la exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, coincidieron en señalar que el contrabando y el narcotráfico no sólo constituyen un problema económico y social en Bolivia, sino que además han perforado las estructuras del Estado y de las fuerzas de seguridad. Ambos advierten que la magnitud de la infiltración compromete la capacidad institucional del país para enfrentar a estas organizaciones criminales.
Romero sostuvo que la penetración del crimen organizado en instituciones públicas, organizaciones sociales y comunidades fronterizas es “una de las formas más peligrosas” en que se enfrenta a un Estado. “Es como un cáncer invisible que ataca por la espalda, distinto al enfrentamiento violento directo”, señaló a ANF.
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El exministro explicó que durante la pandemia de COVID-19 las fuerzas públicas se replegaron a las ciudades, dejando zonas estratégicas a merced de redes criminales internacionales. Ese vacío, agregó, fue aprovechado para instalarse en territorios clave y consolidar nuevas rutas y economías ilícitas.
Romero describió la penetración en dos dimensiones. La primera, en instituciones estatales como la Aduana y la Policía, donde asegura que el soborno, la cooptación y el cohecho son prácticas recurrentes. La segunda, en comunidades fronterizas y sectores de la sociedad civil que han encontrado en el contrabando y el narcotráfico un sustento económico.
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Además, “la justicia está más podrida que nunca”, enfatizó Romero, al denunciar que las sentencias y resoluciones se negocian con dinero. “Para el narcotráfico y el contrabando pagar a funcionarios, jueces o fiscales no es un problema. Son industrias criminales con un enorme poder económico”.
Teresa Morales señaló que la complicidad en las fronteras es un factor determinante que explica la dificultad para desbaratar estas organizaciones. “Es probable que las fuerzas del orden que actúan en las fronteras estén corrompidas. Las Fuerzas Armadas y la Policía están penetradas por la propia mafia del contrabando”, afirmó a ANF.
Morales recordó que, en 2018, desde la UIF, se identificaron redes familiares dedicadas al contrabando y se remitió la información al Ministerio Público. Sin embargo, pese a la evidencia, no se logró desarticular a ninguna de esas estructuras. “Si el propio policía está involucrado, resulta casi imposible encontrar a los delincuentes”, advirtió.
La exdirectora de la UIF y exministra subrayó que la falta de sanciones ejemplarizadoras alimenta el crecimiento del contrabando. Al no haber un solo clan familia en la cárcel por este delito, “genera un incentivo perverso: como no hay castigo, otros también se dedican a lo mismo”, explicó.
De acuerdo al viceministro de Lucha contra el Contrabando, Amilcar Velásquez, se ha dado duros golpes a los clanes familiares del contrabando, sin poderlos desarticular.
Romero, en tanto, insistió en que la infiltración también tiene un componente político. Señaló que es necesario revisar el origen de algunos representantes parlamentarios y autoridades ejecutivas, porque podrían tener nexos con actividades ilícitas. “No es descabellado pensar que ciertos intereses criminales ya están representados en la arena política”, alertó.
El exministro recordó el caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset como ejemplo de la fragilidad estatal. A pesar de contar con información precisa, el Estado no pudo desmantelar su red en Bolivia. Para Romero, ese hecho revela la magnitud de la penetración de las organizaciones criminales en los aparatos de seguridad.
Además, señaló que sectores empresariales se coluden con el crimen organizado, funcionando como lavadores de dinero. “Esto no se queda en las fronteras, llega a las ciudades y se mezcla con la economía formal. Ese es el verdadero peligro: cuando lo ilícito y lo lícito se confunden”, sostuvo.
Romero también mencionó que la infiltración alcanza ámbitos inesperados como el deporte. Recordó el control del club América por el Cártel de Cali en los años 80 y lo vinculó con el reciente escándalo del caso Marset en el fútbol boliviano.
Tanto Romero como Morales coinciden en que la lucha contra el contrabando y el narcotráfico requiere voluntad política real, instituciones fortalecidas y un sistema de justicia independiente. Sin esas condiciones, dicen, cualquier esfuerzo se convierte en una medida temporal que no resuelve el fondo del problema.
