Con el subsidio eliminado, el Gobierno abrió una plataforma y puntos de atención en 23 provincias para entregar bonos de hasta USD 1.000 mensuales
Un soldado patrulla una carretera para evitar un bloqueo por parte de manifestantes luego de que el presidente Daniel Noboa eliminara el subsidio al diésel, en Quito, Ecuador, el lunes 15 de septiembre de 2025. (AP Foto/Dolores Ochoa)
Fuente: infobae.com
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Tras la instalación de las mesas de diálogo entre el Ejecutivo y los gremios de transporte, la atención del sector se trasladó a un punto crucial: el registro en la plataforma habilitada por el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) para acceder a los bonos de compensación derivados de la eliminación del subsidio al diésel. El proceso busca contener las tensiones generadas por el Decreto Ejecutivo n.º 126, que retiró el beneficio estatal y elevó el precio del galón de combustible.
El Gobierno estableció un esquema de transferencias que pretende llegar a 23.000 transportistas en todo el país. Los pagos, que oscilan entre USD 450 y USD 1.000 mensuales durante un período de ocho meses, se aplicarán a las distintas modalidades de transporte: urbano, rural, interprovincial, de carga y turístico. Según datos oficiales, hasta mediados de septiembre se habían inscrito más de 6.900 beneficiarios, mientras se reportaban intermitencias en la plataforma digital, lo que obligó a reforzar la atención presencial en 23 provincias.
La urgencia de completar el proceso se explica por las condiciones impuestas. El portal advierte que quienes no registren a tiempo su cuenta bancaria recibirán la transferencia con un mes de retraso. El trámite requiere crear un perfil digital, validar la identidad con cédula o RUC, confirmar un correo electrónico y adjuntar un certificado bancario en formato PDF. El MIT insiste en que estos pasos son obligatorios para garantizar la acreditación de los montos.
Un manifestante lleva un rótulo para reclamar ante un eventual aumento de precio de la gasolina, en Quito, Ecuador, el miércoles 12 de junio de 2024. (AP Foto/Dolores Ochoa)
La presión del sector influyó en la velocidad con la que se aplicaron los primeros desembolsos. El 16 de septiembre, el Ejecutivo informó que había transferido USD 1,1 millones a 1.665 transportistas, principalmente de modalidades rural y urbano combinado. El Ministerio calificó la acción como “compromiso cumplido” y aseguró que el flujo de beneficiarios aumentará a medida que los propietarios de vehículos completen su inscripción.
Sin embargo, las dudas persisten. Dirigentes como Manuel Escobar, de la Unión de Cooperativas de Tungurahua, señalaron que la confianza en el proceso es frágil debido a deudas históricas que superan los 80 millones de dólares, reconocidas incluso por el propio Ejecutivo. “El temor es que el Estado no cumpla con la regularidad de los pagos, como ya ha ocurrido en el pasado”, advirtió en los espacios de diálogo.
La Confederación Nacional de Transporte Terrestre también participó en las reuniones con el ministro Roberto Luque. Su presidente, Napoleón Cabrera, detalló que se incluyeron nuevas modalidades en el esquema de compensación, entre ellas camionetas, transporte escolar y turístico, con un valor inicial de USD 300 mensuales. Estas categorías comenzaron recientemente su registro en la plataforma, lo que amplía el alcance del programa.
FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador ayuda a un motociclista a echar gasolina a su moto en una gasolinera de Quito, Ecuador. 2 de abril de 2012. REUTERS/Guillermo Granja
Mientras tanto, el Gobierno ha mantenido su posición de que la eliminación del subsidio no está en discusión. Los incentivos son presentados como una medida transitoria para evitar un incremento drástico en el costo de los pasajes. No obstante, organizaciones sociales e indígenas han advertido que, si la compensación no se mantiene o se retrasa, el impacto del alza del diésel se trasladará al usuario final. Algunos colectivos incluso han anunciado movilizaciones progresivas en rechazo a la medida.
El Ejecutivo busca ganar tiempo mediante las mesas de diálogo instaladas en varias provincias, con el objetivo de monitorear los efectos de la política y evitar protestas que paralicen la movilidad y el comercio. La estrategia oficial, sin embargo, depende de dos factores: la eficiencia tecnológica del sistema de inscripción y la credibilidad financiera de los desembolsos, según analistas.
Por ahora, los transportistas se encuentran en una carrera contra el tiempo para completar su registro y asegurar las compensaciones que les permitan mantener la operación diaria sin trasladar de inmediato el costo a los usuarios.