Evo Morales y su exjefe antidrogas, Felipe Cáceres. / Foto: Archivo de Correo del Sur
Fuente: Visión 360
Por Jorge Manuel Soruco Ruiz
Si bien los dirigentes cercanos a Morales aseguraron que se trata de «un cerco», lo cierto es que Cáceres siempre estuvo rodeado de polémica: desde su fortuna personal, que en 2019 superaba la del entonces presidente Morales, hasta la designación de cuestionados policías al frente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).
Nació hace 63 años en el Chapare, en el Trópico de Cochabamba. Ocupó los cargos de Secretario de Defensa Sindical y de Secretario General de la Federación de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba entre 1988 y 1995. Esto lo convirtió en compañero de Morales.
No solo se dedicó a la lucha sindical, sino que también trabajó en la gestión pública. En 1995 fue elegido alcalde de Villa Tunari, cargo que ejerció durante dos periodos consecutivos, hasta 2005. Paralelamente, se dedicó al turismo y la hotelería en la región, ya que posee un hostal en el municipio, según declaró tanto en 2019 como en 2022.
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El 30 de enero de 2006, ocho días después de la investidura de Evo Morales como presidente de Bolivia, Cáceres fue nombrado viceministro de Defensa Social, un cargo estratégico que mantuvo hasta 2019. Esto no solo lo convirtió en uno de los funcionarios más estables durante las tres gestiones del expresidente, sino que también le permitió amasar una fortuna que llegó a superar, con creces, la de su líder y compañeros.
En 2008, Cáceres reportó un patrimonio de 1,9 millones de bolivianos. Once años después, esa cifra ascendió a 9,2 millones de bolivianos, con una deuda de 2,11 millones, según sus declaraciones juradas. En comparación, en 2019 Morales declaró una fortuna de 2,52 millones, mientras que el vicepresidente Álvaro García Linera y el entonces ministro de Economía, Luis Arce, reportaron patrimonios de 1,8 millones y 4 millones, respectivamente.
El origen de su fortuna fue duramente cuestionado, pero él siempre sostuvo que sus ingresos provenían de actividades legales, como el turismo y la hotelería en Villa Tunari. Sin importar su procedencia, el dinero solo aumentó su influencia.
Durante 13 años, Cáceres fue el responsable de la política antidroga del masismo. Sin embargo, gran parte de sus medidas repercutieron negativamente en el país, especialmente debido a los policías que designó como líderes de la Felcn, varios de los cuales terminaron vinculados con el narcotráfico.
Corrupción en las filas
Entre los policías implicados en narcotráfico se encuentran el exjefe antidroga René Sanabria, capturado en Estados Unidos en 2011; el excomandante y exdirector de la FELCN, Óscar Nina, detenido en 2015; el director de la Felcc de Santa Cruz, Gonzalo Medina, en 2019; así como el exoficial antidroga Omar Rojas Echeverría y el exdirector de la Felcn, Maximiliano Dávila, ambos vinculados al tráfico de drogas hacia Estados Unidos, cuyos casos se revelaron entre 2019 y 2020.
Cada vez que uno de los oficiales era detenido, se reavivaban las críticas contra el Zar Antidrogas, quien aseguraba que esos «eran hechos aislados en la Policía», según declaró a varios medios en el caso de Sanabria. Sobre él afirmó que «era un excelente policía; no cualquiera llega a tener las estrellas doradas dentro del Verde Olivo, pero vemos que ha tenido problemas con el narcotráfico. Ha respondido por esos delitos en Estados Unidos y, la verdad, no tengo ni la menor idea sobre su situación».
Respecto al caso Dávila, Cáceres declaró en 2022 que él gozaba de su confianza porque, desde el momento en que fue designado director nacional de la fuerza antidrogas, “no tenía ninguna denuncia ni antecedente”. Precisó que el Comando Nacional de la Policía designó a Dávila, “quien para entonces era un buen oficial y no tenía ninguna denuncia”. “Ahora que la DEA lo sindica, antes no había ese tipo de denuncias”, insistió, según Correo del Sur.
Este último punto se refiere a la decisión de su gestión de «nacionalizar la lucha contra el narcotráfico». Uno de sus lemas fue reducir la dependencia de la cooperación externa, tanto militar como logística, para que el Estado boliviano tuviera mayor autonomía. Esto incluyó rechazar algunas formas de intervención extranjera y afirmar que el país contaba con la capacidad propia para enfrentar estos desafíos.
Pese a sus aclaraciones y su control sobre las fuerzas del orden, surgieron voces dentro de los exoficiales policiales que se sumaron a los opositores al denunciar un “padrinazgo político” en la designación de autoridades y la existencia de redes de protección dentro de la policía antidroga. Los exfuncionarios aseguraron que en esa entidad operaban roscas, como los llamados “tíos cochalas”, que siempre eran destinados a grupos de inteligencia y a la Felcn, tal como fue el caso de Dávila.
“El padrino de los que fueron directores de la Felcn, y del personal en puestos de control, fue Felipe Cáceres; tenían una cobertura total en el Chapare, no existen planes, mucho menos interdicción”, denunció un excomandante de la Policía a Página Siete, cuando estalló el caso Dávila. Según informaron, los “tíos cochalas” eran un grupo que se consolidó en 2018, la mayoría provenientes de Cochabamba. Tomaron la posta de la estructura de la Felcn y, pese a haber sido denunciados durante la gestión de Cáceres, continuaron en sus cargos porque contarían con protección política
Su estabilidad en el cargo también lo convirtió en blanco fácil de las críticas de la oposición, especialmente por la falta de resultados en la lucha contra el narcotráfico. Asimismo, al igual que ocurre con las actuales autoridades, Cáceres negó la presencia de carteles en el país.
“Aclaremos una situación: una cosa es que haya ciertas denuncias, pero nunca oficiales. Ustedes saben que algunos medios decían que había carteles de droga; evidentemente, como cualquier funcionario público, afirmamos categóricamente que carteles no había”, sostuvo en 2022 en una entrevista con Correo del Sur. Tras la caída de Morales, en noviembre de 2019, el gobierno transitorio de Jeanine Áñez intentó procesarlo. Se le acusó de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes, pero sin éxito.
Durante esa gestión desapareció del ojo público, con varios sectores asegurando que escapó a Nicaragua, como hicieron otros exfuncionarios de Morales. Cuando reapareció, en 2022, aseguró que nunca dejó el país y que continuaba trabajando en sus negocios en Villa Tunari. Volvió a alejarse del ojo público hasta este martes, cuando fue detenido por la Felcn en sus tierras, donde se halló una fábrica de drogas.