El Estudio piloto de los efectos del mercurio en la salud de comunidades indígenas de la cuenca amazónica de Bolivia reveló que, además de los riesgos asociados a la contaminación por este metal, las comunidades evaluadas enfrentan problemas graves de nutrición y anemia. Así lo informó Jesús Olivero, toxicólogo de la Universidad de Cartagena (Colombia), quien participó en la investigación.
Fuente: ANF
El trabajo se desarrolló a principios del año pasado e incluyó a unas 120 personas de las cuencas del río Beni (Rurrenabaque) y del río Madre de Dios (Riberalta). Fue llevado a cabo con la colaboración de la Universidad de Cartagena y el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB).
Uno de los principales hallazgos estuvo relacionado con las concentraciones de mercurio en cabello. Según Olivero, los valores oscilaron entre 0,2 partes por millón (ppm) y un máximo de 22 ppm en un caso individual. El promedio fue de 5 ppm en Rurrenabaque y 3 ppm en Riberalta.
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“Si bien los promedios no son extremadamente altos, el registro de 22 ppm es preocupante. Las agencias internacionales sugieren que un nivel de 1 ppm protege la salud, y a partir de 2 ppm ya hay riesgo cardiovascular. Por encima de 15 o 20 ppm, debe considerarse un caso clínico”, explicó el toxicólogo a ANF.
El estudio también incluyó análisis médicos, bioquímicos, hematológicos y pruebas de audición. En ellos se detectó una anemia generalizada en mujeres, caracterizada por niveles bajos de hemoglobina y glóbulos rojos más pequeños de lo normal. La mayoría de los casos fueron calificados como moderados.
Olivero señaló que esta anemia está directamente vinculada a la falta de hierro y refleja un déficit alimenticio estructural. “No se trata únicamente de un problema de mercurio, sino de un cuadro más complejo de malnutrición que afecta principalmente a las mujeres”, precisó.
En la cuenca del río Beni se identificó además una asociación estadística entre los niveles de mercurio y algunos marcadores hepáticos y sanguíneos, lo que refuerza la hipótesis de que este contaminante influye en el estado general de salud de la población.
No obstante, el investigador aclaró que los resultados no permiten atribuir de manera directa todos los problemas de salud al mercurio. “Lo que sí sabemos es que este metal hace a las personas más susceptibles a diversas enfermedades, debilitando su resistencia”, puntualizó.
En cuanto a problemas auditivos, los hallazgos no mostraron diferencias significativas respecto a la población general. Solo un pequeño porcentaje presentó alteraciones.
El informe también abordó el contexto social de las comunidades afectadas. Olivero advirtió que el mercurio es apenas “la punta del iceberg”, ya que las familias enfrentan carencias múltiples: insuficiencia alimentaria, falta de acceso a vitaminas y cambios en su dieta provocados por la deforestación y la minería en sus territorios.
El estudio subrayó además la ausencia de servicios básicos: las comunidades no cuentan con agua potable y se abastecen directamente de ríos o pozos sin tratamiento, lo que aumenta el riesgo de enfermedades gastrointestinales y parasitarias.
La investigación destacó el rol de las mujeres en la dinámica familiar. Según Olivero, ellas están asumiendo cada vez más actividades agrícolas, tradicionalmente realizadas por hombres, además de sostener el cuidado del hogar y los hijos.
Al comparar los resultados con estudios previos, Olivero indicó que el incremento de mercurio no ha sido desproporcional, posiblemente gracias a las campañas de concientización impulsadas por el CEDIB. Estas habrían motivado a la población a moderar el consumo de peces grandes, principales acumuladores del contaminante.
El toxicólogo también señaló que la prohibición del uso del mercurio en Bolivia pudo haber contribuido a limitar el problema, aunque subrayó que la contaminación persiste en la región amazónica debido a la minería ilegal.
Finalmente, Olivero advirtió que el monitoreo debe continuar de manera permanente, en línea con los compromisos asumidos en la Convención de Minamata. “Detener la vigilancia sería un error. Estas comunidades requieren seguimiento constante para proteger su salud y garantizar su derecho a vivir en un ambiente sano”, concluyó.
/ANF/