“Somos objeto de estudio, no de atención”, denunció Noé Macuapa, presidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), al describir la situación de contaminación por mercurio que afecta a cientos de familias ribereñas. Sus palabras reflejan no solo el impacto de la minería aurífera, sino también la ausencia de acciones estatales efectivas.
Fuente: ANF
Macuapa advirtió que las actividades mineras se mantienen intactas. “No ha cambiado nada en lo absoluto”, afirmó a ANF, al señalar que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y otras entidades estatales han dejado de lado su responsabilidad de fiscalización. Según el dirigente, el problema no nace en los pueblos indígenas, sino en las cooperativas, empresas transnacionales y operadores extranjeros —principalmente chinos y colombianos— que operan en las cabeceras de los ríos.
El mercurio fluye río abajo, arrastrado contaminantes desde zonas mineras como Mayaya, Guanay y Teoponte. Las comunidades que no participan en la minería terminan pagando las consecuencias. “Ni siquiera los que no trabajan con oro están libres de la contaminación”, explica Macuapa, subrayando el carácter expansivo de la amenaza ambiental.
La presión económica también juega un rol determinante. Frente a la crisis de ingresos y el encarecimiento de la canasta familiar, algunas comunidades se han visto obligadas a involucrarse en la minería, aunque en condiciones marginales. “Trabajamos con la cachaza residual”, admitió Macuapa, en alusión al material descartado por las operaciones de mayor escala.
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Pero los efectos más devastadores no se miden en dinero. “El impacto en la salud es bastante alarmante”, asegura el dirigente. Relata que los estudios realizados muestran daños visibles en niños, ancianos y hasta en los animales domésticos. La dependencia alimentaria del pescado, base de la dieta ribereña, multiplica el riesgo de exposición.
“Es fácil decirnos que no comamos pescado, pero ¿qué alternativa nos dan para sobrevivir?”, cuestionó.
La crítica de Macuapa se extiende a la gestión gubernamental. A pesar de más de dos décadas de reclamos, los avances oficiales han sido prácticamente nulos. “No han hecho absolutamente nada”, sentenció, reprochando que el discurso estatal se limite a promesas sin ejecución.
Entre esas promesas incumplidas figuran proyectos alternativos, como la instalación de criaderos de peces, que nunca llegaron a implementarse en las comunidades. Para Macuapa, tales anuncios son apenas “una distracción más del gobierno” mientras la contaminación continúa.
Lo más grave, añade, es el manejo de la información. Hubo estudios realizados con participación de instancias gubernamentales, cuyos resultados fueron clasificados como “secreto de Estado”. “Ellos mismos admitieron que había contaminación, pero no publicaron los datos ni hicieron nada con esa información”, denunció.
La ausencia de respuestas concretas también se refleja en el ámbito sanitario. “Nos han convertido en objeto de estudio”, lamenta Macuapa, al recordar que investigadores llegan, toman muestras y luego desaparecen sin ofrecer tratamiento alguno. “No sirve de nada que nos digan que estamos contaminados si no hacen nada al respecto”, agregó.
El panorama descrito por Macuapa encuentra respaldo en la ciencia. Jesús Olivero, toxicólogo de la Universidad de Cartagena (Colombia), participó en estudios de monitoreo en las cuencas del río Beni y del río Madre de Dios. Sus investigaciones, que incluyen análisis de cabello, exámenes de sangre y evaluaciones médicas, confirman la magnitud del problema.
“Encontramos concentraciones de mercurio en cabello que van desde 0,2 ppm (partes por millón) hasta 22 ppm”, explicó Olivero a ANF. Mientras que los promedios en Rurrenabaque alcanzaron los 5 ppm, en Riberalta llegaron a 3 ppm. Según el experto, valores por encima de 15 ppm deben considerarse un caso clínico, pues incrementan notablemente el riesgo de enfermedades cardiovasculares y neurológicas.
Uno de los hallazgos más preocupantes del equipo de Olivero es la anemia generalizada en mujeres indígenas. “La mayoría presentó una disminución en la cantidad de hemoglobina y en el tamaño de los glóbulos rojos”, detalló. El mercurio, sumado a la deficiencia alimentaria, debilita la salud y aumenta la vulnerabilidad frente a otras enfermedades.
El análisis también reveló asociaciones entre niveles elevados de mercurio y alteraciones en marcadores hepáticos y sanguíneos. En otras palabras, la contaminación ya está teniendo efectos clínicos en la población. “El mercurio hace a las personas más susceptibles a enfermarse”, advirtió Olivero.
Sin embargo, la crisis sanitaria no puede analizarse de manera aislada. Para el toxicólogo, el mercurio es solo “la punta del iceberg” de un contexto marcado por desnutrición, falta de agua potable y presión de la minería sobre los ecosistemas. “Las comunidades beben agua de caños o pozos sin tratamiento”, señaló, lo que agrava el riesgo de infecciones y enfermedades gastrointestinales.
El experto colombiano también recordó que la contaminación por mercurio es un problema global de la Amazonía. Incluso comunidades alejadas sufren sus efectos debido al transporte atmosférico del metal. “No hay pueblos indígenas a salvo en la región”, resumió.
Si bien en Bolivia existe una prohibición sobre el uso del mercurio, Olivero advirtió que esta medida no ha sido eficaz frente al contrabando. A su juicio, la situación exige un monitoreo constante, siguiendo las pautas de la Convención de Minamata. “El monitoreo no puede ser esporádico, debe ser permanente”, enfatizó.
El trasfondo económico de la crisis es evidente. El aumento del precio del oro impulsa la expansión de la minería, y con ella, el uso de mercurio. “Si no se transforma la cadena de valor, se acabará con la Amazonía y con la salud de sus pueblos”, sentenció Olivero.
Mientras tanto, los pueblos indígenas siguen esperando respuestas. Entre la contaminación que arrastra los ríos y la indiferencia del Estado, su realidad se resume en la frase de Macuapa: “Somos objeto de estudio, no de atención”. Una verdad incómoda que refleja el abandono histórico de las comunidades que protegen el corazón amazónico de Bolivia.
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